Problemas que ponen “en riesgo” al sector de pesca
el 2012 al 2018 hemos sufrido un agravamiento (de los problemas) del sector que pone en riesgo su continuidad”, dijo en el Parlamento Guzmán Acosta y Lara, vocero de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay y la Cámara de Industrias Pesqueras. Ambas gremiales acudieron para “exponer la grave situación que está viviendo el sector pesquero”.
Según explicó, esto comenzó en 2012 y desde ese momento son 26 las empresas que han cerrado. En ese período disminuyó la flota pesquera nacional de 107 barcos a 45 y los puestos de trabajo cayeron desde 4.116 que había en 2008 a 1.738 en la actualidad (son 2.378 menos). Acosta y Lara detalló que esto se debe básicamente a “dos problemas importantes, uno de origen interno y otro externo”.
En la Comisión de Industria del Senado, el vocero de las gremiales indicó que el factor exterior es la caída de las preferencias arancelarias en Europa y China, que dejaron al sector pesquero uruguayo “en desventaja con nuestro principal competidor que es Argentina, que tiene una devolución impositiva mayor a la nuestra, en un promedio de 10% contra 3%, por ende tiene una ventaja competitiva importante”.
A esto se suma que “la competencia internacional cada vez es más agresiva por distintos factores lo que lleva a que los volúmenes de exportación hayan caído notoriamente así como los precios”, agregó.
En el plano interno, Acosta y Lara señaló que hay “elementos
Ya cerraron 26 empresas
normativos que hacen que los costos de la producción sean importantes y generen una inequidad en relación a otros sectores del país”. En concreto, se refirió a dos decretos de 2009 y 2010 que establecieron “un aporte patronal diferencial y especial” (se bonifican tres años por cada dos de trabajo) para el personal de cubierta, de maquinas, marineros y patrones.
“Esto significa que el sector pesquero es el único del país que tiene el 100% de su personal con un régimen de jubilación especial y bonificada, que genera un costo importante que es muy difícil de afrontar”, dijo el representante empresarial. Incluso en 2017 se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para “un aumento gradual del aporte patronal hasta abril de 2020”, bajo el compromiso de “buscar una solución definitiva a estos costos laborales” luego de esa fecha.
Acosta y Lara también se refirió a un artículo de la última Rendición de Cuentas que obliga a pagar un mínimo de 13 jornales al mes a los trabajadores portuarios —entraba en vigencia en enero y el Parlamento lo postergó a la espera de una negociación entre las partes—. Esto “va a aumentar sustancialmente el costo de la operativa de descarga y aliste de los barcos pesqueros y, por ende, los costos laborales, haciendo menos competitiva y rentable esta industria”, aseguró el vocero.
Otro tema en que hizo foco es la “desestabilización del ecosistema marino” que provocaron “las prospecciones de petróleo por sísmica —explosiones con cañones de aire en el lecho marino— que generan una onda expansiva de un radio de 180 kilómetros”, que provoca una merma de aproximadamente 40% en la pesca costera.
Algo similar ocurre con las tomas de enfriamiento de la planta de ciclo combinado en Punta del Tigre de UTE (aún en construcción), que tendrá “un gran impacto ecológico y económico que va a afectar en un futuro muy cercano a todas las actividades vinculadas a la pesca”, ya que afecta “especies importantes como la corvina”.