Una ley toqueteada

EDITORIAL

CASALAS

FUNDADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1918

La tendencia hacia la caída de empleo en la construcción hace tiempo que esta dando señales de alerta. La última medición presentada por la Cámara de la Construcción indica que el sector perdió 25 500 puestos de trabajo en cinco años. Se trata de malas noticias porque esta rama de la actividad económica es una de las que no solo vitaliza a la economía del país sino que es gran generadora de empleo. Representa el 9% del PBI. En esta merma inciden distintos factores, pero no se le puede echar siempre la culpa a los de afuera, como suele hacer este gobierno, sino que hay que mirarse el ombligo. Y entonces se ve cómo inciden los factores internos. Los altísimos costos, las elevadas cargas sociales, las irreales y continuas exigencias de los sindicatos; la baja productividad de los obreros instigada por esos mismos dirigentes; los elevados impuestos nacionales y departamentales; las demoras y trabas burocráticas; la obsesión de regular; la ligereza para cambiar normas; la incorporación de trabas al trabajo y a la inversión.

Es justamente ese afán dirigista, supuestamente motivado por inquietudes sociales, el responsable de que un proyecto positivo que estimulaba inversiones, puestos de trabajo y la diversificación geográfica en la construcción de edificios y viviendas para las clases media y media baja, que dio visibles buenos resultados en sus comienzos se esté muriendo a causa de los “genios” que consiguieron meterle mano. Lo desvirtuaron tanto, que si bien ganaron una primera batalla, al final se pierde la guerra.

La ley de Vivienda Social, una propuesta ofrecida por el sector de los promotores inmobiliarios, fue una iniciativa que funcionó muy bien desde su creación en el 2011. Se exoneró de ciertos tributos al constructor (IRPF por 10 años, devolución de IVA y exención al gravamen de transmisión patrimonial en la primera venta, lo mismo que al comprador).

Basta con andar por el centro y otros barrios que estaban completamente estancados desde el punto de vista urbano y social, para notar la diferencia que comenzó a darse en ellos, tras la edificación de nuevas viviendas y construcciones modernas que transformaron el entorno.

Sin embargo, así como la bautizaron con otro nombre —ahora se llama Ley de Vivienda Promovida— gracias a los cambios introducidos desde el Ministerio de Vivienda por medio de dos ampliaciones al decreto reglamentario, el primero en 2014 y el segundo en 2017, se consiguió matar a la gallina de los huevos de oro. Una atracción tan común como fatal de los que siguen abrevando en los manuales del socialismo estilo cubano o soviético, convencidos de que lo acertado y justo se encuentra en la economía planificada. De los que no entienden cómo funciona el mercado y los negocios, que nada tiene que ver con el voluntarismo de los funcionarios tras sus escritorios o los dirigentes políticos o gremiales, reunidos en sus comités de base o en los despachos ministeriales. Buen ejemplo de esto es la antigua y nefasta Ley de Alquileres que paralizó la construcción y la oferta de viviendas durante años.

Resultado hoy: en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) los proyectos promovidos para el 2018 disminuyeron dramáticamente. A diferencia de años anteriores cuando andaban por los 100 o más anuales (593 propuestas y unas 15 610 viviendas) al mes de abril ingresaron 28 proyectos nuevos y promovidos son 4.

Vista la caída de la inversión, de puestos de trabajo y de la construcción, llegó la hora de rever la situación y derogar esos decretos que no provocaron buenos resultados. Y sería un estímulo para los compradores un instrumento financiero más abarcador del que hoy existe.

La ley votada en su momento por todos los partidos quedó afectada, primero al establecerle un tope de precio al 25% del edificio. A una de cada cuatro viviendas, el Ministerio le fijaba el monto, vaya a saber según qué criterio “social”. Y los constructores tuvieron que atenerse a él. En el 2017 se bajó ese tope al 10% pero supuso tener que entregar al Ministerio (Dinavi) dichos departamentos para su comercialización. Todo un disturbio para la ecuación económica de los inversionistas, que no los pueden entonces vender en el pozo como suele hacerse, sino luego de terminada la edificación. También se metió el Estado con el precio de los alquileres. Si el inquilino paga el precio topeado o menos, el propietario puede exonerar el 100% del impuesto a la renta. Si lo alquiló más caro, solo le exoneran el impuesto de un 40% del alquiler.

Vista la caída de la inversión, de los puestos de trabajo y de la construcción, ha llegado la hora de que se revea la situación y se vuelva a foja cero, derogando esos decretos que no provocaron buenos resultados. Además sería un estímulo para los compradores, contar con un instrumento financiero más abarcador del que hoy existe .