Diputados oyeron quejas por proyecto Buquebus
Grupo opositor fue al Parlamento e hizo una mesa redonda
El grupo de personas que se opone al proyecto de Buquebus para la zona del dique Mauá concurrió a la Comisión de Transporte de Diputados y realizó una mesa redonda en el bar Girasoles sobre “la gestión progresista del territorio”, para “ayudar a entender al pobre López Mena”. Esa fue la consigna de la convocatoria.
El colectivo autodenominado “Por la Rambla Sur”, que está integrado entre otros por el exdirector de Planificación Urbana de la Intendencia de Montevideo, Juan Pedro Urruzola, emitió también un comunicado en el que ratifica su oposición a este proyecto “que preocupa hondamente por su naturaleza y sus condiciones: se trata de permitir, en beneficio de un emprendimiento privado, la venta de bienes públicos de uso ciudadano, con calificación patrimonial y alto valor estratégico y simbólico. Acción que afecta derechos sociales y culturales y genera exclusión en el disfrute del espacio público de la ciudad”.
“Reiteramos nuestro descontento frente al hecho de que no ha mediado ninguna consulta a la población acerca del interés público de esta iniciativa, ni han sido facilitados estudios especializados en torno de las múltiples consecuencias de localizar allí tal emprendimiento. Insistimos sobre la preocupación acerca de las posibles consecuencias que un programa de estas características podría acarrear: impacto social y aceleración de procesos de gentrificación y fragmentación social; deslegitimación e invisibilización de la calidad de Patrimonio Cultural Inmaterial del candombe; pérdida de patrimonio público y de dominio territorial; impacto sobre la circulación, la disponibilidad vial y los servicios ofrecidos en la zona; consecuencias medioambientales y afectación de las playas linderas”, agrega el comunicado,
“ILEGAL”. El grupo “Por la Rambla Sur” también considera que la iniciativa es “ilegal”, en tanto “vulnera lo previsto por la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, artículos 50 y 51, y por el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, en la medida en que dicha normativa vigente no ha sido tenida en cuenta”.
“Advertimos que la venta de la costa podrá constituirse en un antecedente a replicar, dado que induce y promueve similares operaciones de privatización, fundadas en argumentos como los que en este caso se esgrimen, consolidando una práctica intencional de abandono de espacios valiosos de la ciudad, para refrendar la posterior venta”, agregan.
Por otra parte, el grupo considera que “las últimas declaraciones realizadas por las diversas autoridades revisten pobreza conceptual y desacreditan un debate que debe ser profundo, en el entendido de que se está tejiendo un modelo de desarrollo del país que nos atraviesa a todos. En este sentido, cuestionamos la visión que pregona que el único desarrollo posible es el que surge de la inversión privada (con venta a capitales extranjeros), en detrimento de proyectos públicos, democráticos, con vocación integradora”.
ADHESIONES. Otro de los integrantes del grupo “Por la Rambla Sur”, Ramiro Rodríguez, dijo ante el Parlamento que se juntaron 4.000 firmas en contra de la iniciativa y que “en convocatorias paralelas a través de internet superamos las 12.000”.
“Además, comenzamos una ronda de reuniones bastante prolongada con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo y con ustedes, diputados y diputadas de todos los partidos. También estamos en contacto con organizaciones sociales y con el rector de la Universidad”, indicó Rodríguez.
También ante la Comisión, Urruzola dijo que “los procedimientos asociados con esta iniciativa seguidos hasta ahora como producto de una voluntad colectiva han sido absolutamente inadecuados para la construcción de un territorio urbano, integrado, democrático, diverso”.
“Los autores de esta iniciativa en un sentido amplio han intentado evitar el debate. Como colectivo social tenemos que agradecer a los vecinos de Barrio Sur el haber tomado esta iniciativa infrecuente de participación”, agregó el exdirector de la Intendencia durante la gestión de Ana Olivera. La actual administración de Daniel Martínez se ha pronunciado a favor de la iniciativa.
Uno de los voceros del grupo es Juan Urruzola, exdirector de la Intendencia.
El colectivo entiende que el proyecto privado perjudicará a las playas vecinas.