El Pais (Uruguay)

Homicidios, ejecucione­s e impunidad en Venezuela

Amnistía Internacio­nal denuncia “violencia armada endémica” en el país

- AFP, EFE, EL PAÍS / BUENOS AIRES

Amnistía Internacio­nal (AI), una de las organizaci­ones no gubernamen­tales referentes en el mundo en materia de derechos humanos, presentó ayer jueves en Buenos Aires uno de los informes más duros hasta el momento contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El Estado venezolano usa la fuerza intenciona­lmente letal contra la población más vulnerable y excluida socialment­e, vulnerando sus derechos y tratándole­s como criminales por vivir en esta situación”, afirma AI al comienzo de su informe.

“El gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacio­nal para las Américas.

Esto coloca a Venezuela en una de las peores situacione­s de violencia para un país sin guerra. “El número de homicidios en Venezuela es superior al de muchos países en guerra”, resaltó Esteban Beltrán, director de AI España, al presentar el informe Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela.

“Los que mueren son jóvenes en zonas deprimidas y pobres” que son vistos como “enemigos a erradicar”, dijo Beltrán. A su juicio, así se ha generado en Venezuela “una violencia armada endémica”.

Según AI, desde 2002 la cantidad de homicidios en Venezuela ha aumentado de manera constante y a partir de 2010 se convirtió en crítica. A 2017, AI calcula un índice de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, por encima de El Salvador y tres veces más que Brasil. En Uruguay, según cifras del Ministerio del Interior de abril, la tasa de homicidios es de 8,1 cada 100.000 habitantes.

AI destaca que en Venezuela la impunidad alcanza 92% en los casos de delitos comunes y 98% para los de violacione­s a los derechos humanos.

El perfil de las víctimas es de hombres de entre 16 y 29 años de edad, padres de niños pequeños, responsabl­es del sustento del hogar en las zonas de mayor índice de pobreza.

En Venezuela, país de 30,6 millones de habitantes, había en 2017 cerca de 5,9 millones de armas cortas, según el informe de AI.

Amnistía Internacio­nal destaca su preocupaci­ón por las presuntas ejecucione­s que realizan agentes del Estado durante operativos en contra de la delincuenc­ia, en particular los que se llamaron “operación de liberación del pueblo”, generalmen­te en los barrios marginales de las ciudades.

“Funcionari­os del Estado, guiados por una racionalid­ad militar, han empleado la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularida­d y, en algunos casos, de manera letal e intenciona­da en el marco de los operativos de seguridad”, señala.

Amnistía recoge relatos de padres que narran cómo sus hi- HOMICIDIOS. 70,1 cada 100.000 habitantes en 2016, equivalent­e a 21.752 homicidios. Segundo país del mundo con mayor tasa de homicidios en 2017 (primero Siria). 8.292 presuntas ejecucione­s extrajudic­iales entre 2015 y junio de 2017.

PERFIL DE LAS VÍCTIMAS. Jóvenes entre 16 y 29 años, padres con hijos pequeños, responsabl­es del sustento del hogar, residentes en zonas con alto índice de pobreza, mayoría con educación secundaria completa y asesinados en presencia de sus familias.

IMPUNIDAD. POBREZA Y SALUD. El 87% de los venezolano­s estaba en situación de pobreza y el 61,2% en pobreza extrema en 2017; 65% aumentó la mortalidad materna y 30% la mortalidad infantil entre 2015 y 2016, según últimos datos oficiales disponible­s. jos resultaron muertos durante ese tipo de operativos, al interior de sus propias viviendas de las que fueron robados objetos de valor como electrodom­ésticos, dinero en efectivo y prendas de vestir. En esos casos, las muertes ocurren en presencia de los familiares de la víctima.

“En los casos documentad­os por AI, todas las víctimas estaban desarmadas. Las autopsias muestran disparos en el cuello, tórax o cabeza, y la muerte se produce cuando se encuentran arrodillad­os o acostados. Las autoridade­s alegan enfrentami­ento, pero no figura ni un solo policía herido”, resaltó Beltrán.

Según AI, las presuntas ejecucione­s han ido en aumento: de 384 registrada­s en 2012 a 669 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y 2.379 en 2016.

Además, critica la falta de informació­n oficial sobre homicidios “especialme­nte en los casos en los que se encuentran involucrad­os oficiales de seguridad del Estado”.

Para Mariana Fontoura Marques, de AI Argentina, la insegurida­d incide de manera importante en el acelerado fenómeno migratorio de los venezolano­s. “La insegurida­d ha sido una de las principale­s causas que argumentan los venezolano­s como motivo para dejar el país”, dijo Fontoura.

Según cifras de la ONU, 2,3 millones de personas, equivalent­e al 7,5% de su población, han salido de Venezuela. De estas, 1,6 millones han migrado desde 2015.

Ese flujo es considerad­o “enorme” por Amnistía, que como dato comparativ­o señala que de Siria, en ocho años de guerra, han salido entre 4,5 y 5 millones de personas.

“Hay un enorme y rápido deterioro. La masiva salida de la población en los dos últimos años muestra un desastre en derechos humanos en directo”, consideró Beltrán.

“Maduro debería garantizar la vida, en vez de quitársela a la juventud”.

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98% de los casos de violacione­s de derechos humanos y 92% de los delitos comunes quedan impunes (no hay condena). Desde 2005 no se publican cifras oficiales sobre homicidios; 11 de los 19 ministros de la seguridad desde 1996 han sido militares.
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MANIFESTAN­TE. Un opositor corre con una bandera venezolana por una avenida de Caracas en la que se numeraron los muertos en las protestas contra Maduro en 2017.

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