DINARA ACEPTA DIALOGAR
GGG cuencias de estos artículos en el futuro de la investigación; el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología opinó que “los requisitos propuestos implican un control sobre la actividad de investigación”, y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación manifestó su preocupación por el camino escogido.
EL VALOR DEL DATO. Marcelo Loureiro investiga junto a alumnos de tesis cómo la especie invasora de peces carpa afecta a la fauna nativa del río Santa Lucía. Al formar parte de un área protegida, necesita un permiso de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a su vez le exigió el permiso de la Dinara. Tras una demora de cinco meses, la Dinara le respondió que para obtener el permiso debía comprometerse a no publicitar la información sin su autorización, pero este investigador plantea que al ser un trabajo de tesis, en caso de no dejarlo publicar, el alumno no se podrá recibir. ¿Y cómo podría costear a los investigadores de la Dinara si no tiene fondos? ¿Y qué consecuencias habría si se llegara a publicar sin autorización?
A su vez, como el tipo de muestra que necesita es el contenido estomacal del pez, es decir, que podría pedirle las vísceras a un pescador deportivo, Loureiro no tiene claro si este proyecto forma parte o no de lo que el decreto interpreta como recurso pesquero. Hizo la consulta y sigue esperando la respuesta.
Hay otras dudas que también se acumulan. Alvar Carranza, profesor adjunto en el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, pregunta qué sucede si a partir de muestras capturadas en 2010 publica la información hoy: ¿forma o no parte de la nueva reglamentación? Y el abogado Mauricio Fioroni, experto en derecho ambiental y ordenamiento territorial, que está habituado a recurrir a evaluaciones de técnicos para presentar pruebas de contaminación ante un juez, plantea: ¿deberá un particular pedir permiso para tomar estas muestras?
Él asegura que no es una práctica habitual en derecho comparado retener el conocimiento. “Todo lo que se produce tiene que volcarlo al dominio público. Incluso en las empresas privadas que investigan, la tendencia es la apertura de la información”. Cree que esta medida se toma en un contexto en que hay un problema grave de contaminación a nivel del agua. “Supongo que lo que se quiere hacer es que se investigue menos y que antes de que salga el resultado de una investigación que genere alerta pública, el Estado tenga tiempo de prepararse”.
Cuando a Domingo se le pregunta con qué criterio se permitirá o no la divulgación de los datos, responde: “No ha existido a la fecha ningún caso en que nosotros hayamos objetado de forma directa una publicación. Te diría que lo que queremos es un margen de por lo menos tener la posibilidad de discutir o plantear la posibilidad de que haya un enfoque erróneo o una mala interpretación que pueda afectarnos como país”.
Lejos de ocultar información, el jerarca afirma que la medida pretende asegurarse un acceso temprano a los hallazgos y no esperar hasta su publicación para enterarse y actuar. En este punto, deja entrever un posible conflicto de intereses. “Un investigador se valora por su formación y el número de publicaciones que realiza. Los medios donde publican tienen un criterio comercial y suelen priorizar las investigaciones que tienen más impacto pero, ¿qué tiene más impacto? Lo que está en estado crítico, y esto muchas veces nos golpea. Al estar guardado el dato hasta su publicación, podría afectar por ejemplo la salud”.
También argumenta que la publicación de algunos datos que presentan una situación similar a la que tienen otros territorios, pero sus gobiernos no informan, pue- de afectarnos comercialmente. “Estamos comprometidos con la conservación, pero la óptica con la que uno presenta la información hace a la sensibilidad de la sociedad en su conjunto y debemos ser muy cuidadosos con eso”, concluye. Entonces:
—¿Cómo influye la ciencia en la toma de decisiones?
—Los científicos son 100% atendidos. Pero el manejo de la información es crucial para el comercio. “Pensar que no habría competencia en este ambiente en desconocer la naturaleza humana. Es el mundo, es la naturaleza, es la política”.
MEA CULPA. Unos días atrás, durante una de las Jornadas Ambientales de la Red Temática de Medio Ambiente, el biólogo Lercari demostró que la investigación en ciencias del mar tiene buena salud. En los últimos 27 años se produjeron más de 1.000 investigaciones que fueron publicadas en 409 medios internacionales, alcanzando una tasa de crecimiento del 12,3% anual. Se investigó más, concluyó, porque aumentó el presupuesto de la Udelar.
Entre las unidades ejecutoras, la Dinara es de las pocas que tiene entre su competencia la investigación. Posee el único barco de investigación del país, que según distintos científicos se rompe el 90% de las veces que navega. Su director sabe que dirige una oficina que no tiene buen lobby y expone lo que considera un logro: “En la última década se han publicado más de 40 trabajos científicos por año y Vecinos del río Santa Lucía denunciaron que abundan los peces muertos. Los del poblado Aguas Corrientes recurrieron a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que resolvió que la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización produce impactos adversos sobre los derechos humanos, dada por la inadecuada gestión de residuos por parte de OSE. muchos en conjunto con investigadores de la Universidad”.
Según el análisis de Lercari, mientas que la Dinara patrocinó 62 de las 1.000 publicaciones internacionales, la Universidad es responsable de 590. Es esta institución la que concentra 80% del conocimiento científico, volumen que para Cristina, el decano de Ciencias, debería repartirse idealmente entre otras instituciones públicas y privadas, que habría que estimular a que surjan.
Tras el conflicto generado por las imposiciones del decreto, se acumularon los testimonios de investigadores que revelan que la relación entre la academia y la Dinara es tensa. Al estudiante de doctorado Luis Orlando nunca le dieron el permiso para analizar las áreas de cría del gatuzo, un tiburón que se pesca artesanalmente en las costas de Rocha y Maldonado. Luego de tres años de reunirse con investigadores y directores de la Dinara, que se habían mostrado entusiasmados con el proyecto, el expediente está extraviado y la respuesta sigue sin llegar.
La historia de Camila de Mello, bióloga con una maestría en geociencias, fue publicada en el portal 180. Pidió información de la captura incidental de merluza (todo lo que sale con la pesca), para estudiar el cambio climático y cómo las corrientes afectan la pesca. Tras dos años de espera hizo una solicitud de acceso a la información, pero le fue negada. “El argumento era que se trata de información que se comparte con Argentina para regular las actividades de pesca y que podía afectar las negociaciones entre ambos países y ser útil para competidores, porque revelaba estrategias de captura”. Presentó una denuncia en la Unidad de Acceso a la Información Pública pero la Dinara se negó otra vez, así que esta unidad volvió a solicitar los datos incluyendo la firma de Tabaré Vázquez. Aun así, los datos nunca le fueron entregados y el expediente está extraviado. “Yo trabajé en la Dinara y sé que hay reglas pero no siempre se cumplen. Siempre hubo líos dependiendo de con quién trabajes, porque hay mucho problema personal”.
Dicen los investigadores que estas situaciones son corrientes y los terminan desmotivando. Orlando se pasó a la ecología urbana y De Mello estudia los océanos a través de información satelital. Ya no tienen que pedir permisos a nadie.
El director de la Dinara reconoce que en la última década se redujo en un 28% su plantilla de trabajadores “para achicar el costo”. Como el decreto amplía las atribuciones de esta dirección, los investigadores esperan un futuro de más demoras y respuestas sin llegar.
¿Cuál es entonces el rol del científico hoy? Carranza, investigador del CURE, está desarrollando un proyecto en el que analiza la interacción entre la academia y la toma de decisiones en los últimos años. “Creo que sí somos considerados, pero veo que la Udelar no ha logrado un canal directo de apoyo a las políticas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo. Hay mucha investigación, pero está fragmentada dentro de la Udelar. Nos falta nuclearnos y tener nuestra propia política estratégica acerca de qué queremos saber de la ciencia del mar para fortalecernos”.
El decreto parece ser más benevolente con la pesca que con la investigación, según científica del CURE.