Áreas Protegidas como oportunidad

lado la demagogia y politiquería barata que con ella no llegamos a nada. @|

No cabe duda que ha primado la sensatez política en el hecho de que las modificaciones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) hayan quedado finalmente descartadas en el camino de la polémica Ley de Urgente Consideración.

Siempre mirando el vaso lleno, el tema de las Áreas Protegidas (APS) salió a la luz pública como nunca antes se ha visto en la historia reciente de nuestro país y quedó ya instalado en la agenda pública. Esto configura la tormenta perfecta para que podamos construir, de manera colectiva, a través del diálogo multisectorial y los consensos mínimos, aquellas propuestas de acción necesarias para fortalecer el SNAP y que esto se traduzca en mejor gestión y muchas más hectáreas bajo protección.

Para eso, necesitamos partir por replantearnos cuál es el valor de las APS para el desarrollo de nuestro país y responder a preguntas estructurales como por ejemplo: ¿cuáles son los incentivos y compensaciones necesarias para avanzar en protección oficial sobre terrenos privados?

Otro de los temas críticos tiene que ver con lograr afianzar una buena gobernanza para el SNAP, con foco en la mejora continua de aquellos procesos y relaciones que determinan cómo se lleva a cabo el manejo sobre una determinada área; cómo se toman las decisiones; cuáles son las relaciones y articulaciones entre los actores e interesados directos; cómo se rinden cuentas, y a quién. La oportunidad de transformación es única. El desafío que tenemos por delante es integrar a las Áreas Protegidas en la ecuación de desarrollo del Uruguay, como uno de los ejes de reactivación sostenible. ejecución presupuestal del 2018, el último publicado, el total de gastos es del orden de los 700 millones de dólares anuales, compuesto por 44.3% para sueldos, 33.7% para gastos, 2.5% para la Junta Departamental y 19.5% para inversiones.

Las estadísticas sobre los empleados públicos indican que por diversas razones, el retiro anual es del orden del 8.5% anual. La propuesta incluye no bajar los proventos y tasas que se cobran hoy.

Si la próxima Administración aplicara una política de no provisión de vacantes y además se fijara como meta una baja de gastos del mismo orden, ese porcentaje sobre la suma de sueldos y gastos de funcionamiento (78%) daría una cifra del orden de los 46 millones de dólares anuales.

En el 2018 la inversión total de la IMM fue de 136 millones de dólares, cifra que parece ser una base mínima para mantener a la ciudad. La obra mayor de la actual administración es el puente sobre Avenida Italia con un costo presupuestado de 18 millones de dólares.

Por lo tanto, la aplicación adicional de 46 millones de dólares anuales a nuevas inversiones permitiría un enorme salto cualitativo en la ciudad, en sus calles, sus plazas, la recolección de basura, el ordenamiento del tránsito y el mejoramiento de las zonas más carenciadas.

Además, las obras darían empleo a miles de trabajadores, desde técnicos a peones. Esto rompería el mito de que si el Estado no toma empleados, aumenta la desocupación.

Se trata de una idea de orden general, que puede tener ajustes de distinto orden, pero en lo sustancial, pienso que puede ser un insumo de interés para ser tenido en cuenta en la campaña electoral.