¿Cuánta desigualdad debe ser tolerable?
Para Verónica Amarante, directora de Cepal en Montevideo, Uruguay se debe un debate sobre qué nivel de desigualdad estamos dispuestos a tolerar y qué políticas redistributivas aplicar. Ese debate debe ser informado, considerando los ingresos de la población más vulnerable y los niveles de redistribución que estamos alcanzando ahora. En cuanto a la cuantía de las transferencias que se implementaron en la crisis sanitaria en relación con el PIB, que muestra a Uruguay a la cola de la región, entiende que cualquier comparación debe tomar en cuenta aspectos como el punto de partida, donde Uruguay tiene una ventaja relativa sobre la mayoría de los países latinoamericanos. Estima que las medidas de apoyo a los vulnerables —a su juicio adecuadas pero insuficientes en el monto— deberían mantenerse al menos por lo que resta del año. A continuación, un resumen de la entrevista.
—La pandemia evidenció que muchos uruguayos estaban en condiciones precarias y muy poco por encima del nivel en que se define como pobreza por ingreso…
—Un núcleo de hogares que aunque estuvieran por encima de la línea de pobreza en cuanto a sus ingresos, eran muy vulnerables. Generalmente trabajadores que no tienen sus ingresos asegurados, hogares que dependen del trabajo por cuenta propia concentrados en la parte baja del ingreso, o directamente los asalariados informales privados. Básicamente, el grupo de trabajadores que pierden sus ingresos y no acceden al seguro de desempleo. Dependiendo de la composición del hogar o del nivel de ingresos, pueden acceder a la ampliación de las transferencias monetarias, pero que no sustituyen ni cercanamente los ingresos perdidos.
—Una vulnerabilidad que no se pudo superar pese al fuerte incremento en el gasto social…
—La pobreza tuvo una baja muy importante en los últimos años. Pero un shock de esta magnitud tiene consecuencias fuertes. Y más allá de los ingresos, hay otros aspectos que en el mediano plazo pueden llegar a ser muy desigualitarios, como lo relacionado con el capital humano y la educación. En este momento de crisis sanitaria y emergencia económica, la política de sostener a los hogares de menores ingresos no se puede eludir. Es lo que hay que hacer y Uruguay lo hizo. La duplicación transitoria de la Tarjeta Uruguay Social y las Asignaciones Familiares están bien encaminadas, se pudieron montar sobre los registros que ya tenían estos programas y posibilitaron una respuesta rápida. Otra cosa es el monto. Y cuando uno observa los cálculos que hay y los niveles de caída en el ingreso y la posible compensación a través de estas políticas, resultan insuficiente para la magnitud del shock. La única manera que tiene el Estado de llegar a los hogares sin seguridad social son los mecanismos de transferencias, que no necesariamente los cubren a todos. Se hizo evidente, en el país y la región, la necesidad de tener redes de protección social para trabajadores informales, que no necesariamente son pobres pero sí vulnerables y a los cuales el Estado no puede llegar.
— El esfuerzo fiscal en Uruguay, según Cepal, es el menor de la región…
—El último informe COVID de Cepal presenta una comparación de esfuerzo fiscal para enfrentar la pandemia, que incluye medidas de diversa naturaleza, y Uruguay aparece como el menor nivel en la región, sí, en términos de PIB. Es difícil brindar un panorama ilustrativo y comparativo sobre una situación tan compleja, porque las medidas adoptadas y los esfuerzos asociados dependen también de los puntos de partida de cada país, como se aclara en ese informe. Además, la variedad de medidas consideradas en ese informe es muy amplia. Si nos circunscribimos a las transferencias monetarias, las estimaciones que ha realizado Cepal ubican también a Uruguay dentro de los países que han destinado menos recursos en relación al PIB. Algunos cálculos realizados en la oficina de Cepal en Montevideo nos indican que la expansión de las transferencias representa, en el mejor de los casos, alrededor de 4% del ingreso per cápita anterior de los hogares, o sea son montos muy reducidos para hacer frente a la situación de crisis económica de estos hogares. Pero me gustaría reforzar esta idea de que cuando se hacen las comparaciones entre todos los países de la región, hay que tener en cuenta también que en países que tenían sistemas de transferencias con escasa cobertura o con montos muy exiguos de prestaciones, los refuerzos tuvieron que ser mucho más importantes y la inversión realizada seguramente fue mayor. También cuando miramos solamente las transferencias, tenemos que tener en cuenta que pasa con los seguros de desempleo. El programa de seguro de desempleo de Uruguay está cumpliendo un rol fundamental en esta pandemia, en muchos países de la región con niveles altos de informalidad, no sucede esto; es una fortaleza del sistema de protección social uruguayo. Son elementos importantes al hacer este tipo de comparaciones.
—La discusión, sobre “qué es necesario darle y qué no a los pobres”, a veces resulta estigmatizante...
—Es difícil especular sobre opinión pública, pero si miramos trabajos como el Latinobarómetro, es claro sí que hay una tendencia a la menor aprobación de la población de la región, incluido Uruguay, de las políticas redistributivas y dirigidas a enfrentar la pobreza. Aquí hubo en las últimas décadas un cambio muy importante en materia de protección social. Y en términos generales, las políticas sociales redistributivas parecen haber perdido al menos una parte del apoyo popular. Es uno de los temas que Uruguay debería debatir mejor; qué niveles de desigualdad quiere tener y entonces, tener conciencia que en una sociedad de un país en desarrollo como el nuestro, es necesario hacer inversión social para lograr sus metas. Y que para lograr hacer esa inversión social, hay que apoyarse en herramientas tributarias redistributivas.
—¿Cuánto perderá Uruguay de los logros sociales obtenidos en la última década y media?
—Vamos a tener un aumento de la pobreza este año y el que viene. Puede llegar a haber un impacto importante en términos de indicadores de educación y lo que esos indicadores implican para un desarrollo de mediano y largo plazo. Este es un aspecto fundamental y cuando se salga de esta situación de emergencia, las políticas para el sector educativo tendrán que ser muy fuertes para revertir procesos como el de deserción, que nos pueden mostrar números aún más complejos que los que ya teníamos.
—En Cepal, se habla de un ingreso básico de emergencia. ¿Debería instrumentarse algo más estructural en ese sentido?
—El ingreso básico de emergencia que se discute en Cepal podría ser complementario del mantenimiento de la duplicación de las transferencias actuales por un tiempo mayor. Con alcance temporal, tienen una alta importancia estas medidas. A veces en la discusión puede confundirse la idea de esta atención puntual con otra que hace tiempo que se discute en la región que es la de la renta básica o ingreso básico universal, como mecanismo permanente. La propuesta actual de Cepal es, en el marco de esta crisis sanitaria, un ingreso transitorio de emergencia. El otro debate, de renta básica, es de más largo alcance y que no hay que confundir con las medidas de emergencia.
—¿Es posible un mecanismo permanente?
—Para mí, habría que discutirlo en forma conjunta con el sistema impositivo para ver cómo se llegaría a financiar, en forma progresiva. De no ser así, podría no tener sentido. Además, hay que discutir en profundidad cómo se relaciona con las prestaciones que tenemos en nuestro actual s sistema de protección social, que son producto de un desarrollo y maduración que lleva muchas décadas.. Hay propuestas circulando en la discusión internacional que en realidad lo que buscan es un sistema más sencillo de gestionar para la administración pública, con menos prestaciones, por eso hay que ver como se combina con el sistema actual. Un ingreso básico para todos podría parecer una propuesta muy simpática, pero hay que ver el detalle y mirar el sistema de protección en su conjunto y sobre todo, la acción redistributiva del Estado en conjunto, incluyendo las fuentes de financiamiento. Me parece que solamente en ese caso puede tener sentido esa discusión.
—Otros economistas dicen que los impuestos no deben ser el motor de la redistribución, sino que eso debe ser vía gasto. ¿Qué piensa?
——Los impuestos son una herramienta muy importante y útil para la redistribución. Renunciar a esa herramienta no parece adecuado.
—¿Cómo debe organizarse una ayuda de este tipo para tener una redistribución efectiva?
—Las herramientas de transferencias monetarias a los hogares de menores ingresos, combinadas con impuestos progresivos a la renta, y a la riqueza, son las herramientas de redistribución directa para lograr mayores niveles de igualdad en un cierto momento. El resto de la inversión social del Estado, y especialmente la inversión en educación pública, son las medidas que permiten lograr mayores niveles de igualdad de ingresos en el futuro, son el mecanismo principal de movilidad social, y por eso son fundamentales.
La entrevista completa en www.elpais.com.uy
Las políticas en la educación deberán ser muy fuertes para revertir procesos como la deserción, que pueden empeorar