Solución integral
La disposición final de los residuos es un problema serio para todos los departamentos del país, porque hasta ahora no se han aggiornado a las mejores soluciones disponibles desde el punto de vista ambiental y tecnológico.
Como se sabe, el primer gran obstáculo es el económico, pero el segundo —y ciertamente el más complicado— es la localización del “basurero”. Nadie quiere que se instale una planta de desperdicios en el vecindario, pero en algún sitio debe hacerse.
El departamento canario lo viene intentando desde hace unos años. Proyecta construir lo que popularmente se ha denominado “megabasurero” para recibir allí los residuos de todo el departamento. Lo intentó en las proximidades del arroyo Solís Chico, a pesar de ser una localización muy inconveniente desde el punto de vista ambiental y social. Hubo una gran resistencia de los vecinos respaldada por argumentos de peso que no fueron escuchados por el Gobierno canario, y finalmente la Dinama no lo aprobó.
El intendente Yamandú Orsi y su equipo relocalizaron la planta escogiendo un lugar no demasiado alejado del primero (zona de influencia del mencionado arroyo). Es en cerro Mosquitos, cercano al actual vertedero municipal
Cañada Grande. La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar.
En primer lugar, se mantuvieron los cambios “a la baja” que ya se habían introducido a la propuesta original del proyecto —presentado como “del primer mundo”—, con el fin de abaratar considerablemente sus costes. El que se impulsa exhibe menor calidad técnica y de inversión en equipamiento.
Pero también llamó mucho la atención que la exministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, unos días antes de cesar su mandato debido al cambio de gobierno, le dio el visto bueno al proyecto y le concedió la Autorización Ambiental Previa para que se pudiera comenzar su construcción.
En ese momento a las organizaciones civiles se les presentó una singular situación coyuntural. El cambio de gobierno nacional y su iniciativa de aprobar la Ley de Urgente Consideración, incluyó la creación del Ministerio de Ambiente, otorgándole al tema la mayor importancia institucional que haya tenido. Pero la aprobación de la ley llevó varios meses.
Las organizaciones civiles presentaron un recurso de revocación y jerárquico contra la autorización del Poder Ejecutivo, y un día antes de su vencimiento legal el flamante ministro de la cartera, Adrián Peña, anunció que con el Presidente de la República se decidió la suspensión por tiempo indefinido de la habilitación del sitio de disposición final de los residuos canarios. “Creemos que podemos trabajar con más herramientas tecnológicas, para encontrar una solución quizás más integral, y una visión más regional, no solo para el departamento de Canelones”.
Se trata de un gran proyecto que deberá mejorarse en varios sentidos, para resolver favorablemente y a largo plazo la gestión de los residuos de ese y quizás de otros departamentos vecinos. Y desde luego demandará una gran inversión. En ese contexto el apuro es un mal consejero.
La solución planteada para Canelones deberá servir al mismo tiempo para pensar, discutir y diseñar una estrategia nacional en la materia.
Nadie quiere una planta de desperdicios en el vecindario, pero en algún sitio debe hacerse.