Maduro quiere más poderes para hacer negocios petroleros
El régimen rechaza un pedido de la UE para aplazar las legislativas del 6 de diciembre
Nicolás Maduro busca que la oficialista Asamblea Constituyente le otorgue amplios poderes para negociar de forma confidencial nuevos acuerdos petroleros, en medio de un clima de tensión política por las legislativas del próximo 6 de diciembre, boicoteadas por la oposición venezolana.
El equipo de Maduro redactó un proyecto de ley “antibloqueo”, informó ayer la agencia Reuters. El proyecto, que Maduro entregó el martes a la Asamblea Constituyente, le otorga amplias facultades para cambiar o firmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas u otros gobiernos, sin ninguna revisión. Este tipo de convenios suele evaluarlos el Parlamento, pero Maduro lo desconoce porque está controlado por la oposición.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, dijo que la intención del proyecto es la búsqueda de “inversiones” para el sector petrolero mediante “mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlos en silencio, para impulsar y promover inversiones extranjeras”.
El documento autoriza modificar la propiedad de las empresas mixtas, que la petrolera Pdvsa creó con mayoría de acciones en sociedad con compañías privadas nacionales y extranjeras. Con esto se busca más libertad en el área petrolera para sortear las sanciones de Estados Unidos.
El texto no detalla qué porcentaje de participación mantendría la estatal petrolera en futuras alianzas y si será menos del 50% que tenía hasta ahora.
Una fuente del sector petrolero y otra del sector financiero, señalaron a Reuters que el principal interés del gobierno con el proyecto de ley es ceder manejo en el negocio petrolero. Uno de los artículos permite eliminar las “restricciones en la comercialización” de algunos bienes, lo que podría facilitar a privados el comercio de gasolina.
En la ley “hay una cantidad de enormes facultades para asociarse con empresas privadas extranjeras o gobiernos extranjeros. No hay control legislativo”, dijo el abogado Juan Raffalli, quien agregó que incluso se permitiría la disposición de activos como garantía en posibles acuerdos.
El régimen de Maduro enfrenta serios problemas financieros por la caída de la producción petrolera y los efectos de las sanciones de Estados Unidos en la comercialización del crudo.
La nueva ley “antibloqueo” también permitiría revertir las expropiaciones de empresas que se concretaron bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Esa ola de nacionalizaciones llevó a las compañías afectadas a demandar en cortes internacionales millones de dólares en indemnizaciones.
Para la devolución de las empresas, el gobierno impondría condiciones como el pronto aumento de la producción, de acuerdo con el documento.
Abogados consultados señalaron que con ese esquema el régimen de Maduro estaría evitando que las sanciones impacten en otras empresas estatales.
LEGISLATIVAS. Por otro lado, Maduro ratificó ayer jueves que realizará las elecciones legislativas el 6 de diciembre y cuestionó un “desafortunado” comunicado de la UE que sugirió aplazar los comicios.
La UE dijo el miércoles en un comunicado que una misión suya que estuvo en Venezuela la última semana, discutió con funcionarios del régimen y de la oposición la posibilidad de posponer los comicios, un aplazamiento que buscaría mejorar las condiciones electorales para tener un proceso “libre, justo y democrático”.
Venezuela “lamenta el desafortunado comunicado” de la UE que “refleja una posición sesgada acerca de las condiciones en las que el pueblo venezolano elegirá soberanamente a la nueva Asamblea Nacional el 6 de diciembre”, dijo la cancillería en un comunicado.
Maduro había pedido a Naciones Unidas y a los europeos el envío de misiones de observación electoral, a lo que la UE respondió que necesita un plazo mayor para organizar la comitiva y luego surgió la visita de dos delegados del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a Caracas la semana pasada.
“Es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos (...) en un acto inadmisible”, dijo la cancillería sobre la invitación. Agregó que “no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos de ninguna naturaleza. En consecuencia, Venezuela espera que la Unión Europea (...) se limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación”.
Partidos políticos y el líder de la oposición Juan Guaidó han anunciado que no acudirán a la votación de diciembre argumentando que está amañada a favor del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV ).
El Parlamento, de mayoría opositora pero desconocido por Maduro, aprobó ayer jueves un acuerdo para llamar a una consulta popular con dos preguntas a los venezolanos. La primera es si están de acuerdo con la “presión nacional e internacional”, lo que incluiría sanciones, que lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias para poner “fin al régimen usurpador” de Maduro. La segunda pregunta es si rechazan las elecciones del 6 de diciembre “o cualquier otra fecha” en tanto no haya condiciones para unas elecciones “libres, justas y verificables”.
La fecha de esa consulta aún no ha sido anunciada, pero según el acuerdo podría ser a lo largo de uno o varios días y utilizando diversos medios como correo convencional, correo electrónico y de manera presencial.
El excandidato presidencial Henrique Capriles, que en septiembre había llamado a participar de las elecciones del 6 de diciembre, dijo este miércoles que sin los observadores europeos se abstendría de votar y se sumó al pedido de posponer los comicios. de 16,1 millas náuticas de las costas venezolanas”. “Se trata a todas luces de un acto deliberado de provocación, por demás errático e infantil”, dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza. Estados Unidos no aludió a la queja venezolana. Pero, en su comunicado, el Comando Sur desestimó el planteo. “El régimen ilegítimo de Maduro reclama indebidamente controles excesivos sobre esas aguas internacionales, que se extienden tres millas náuticas más allá del mar territorial de 12 millas náuticas, una afirmación que es incompatible con el derecho internacional”, señaló.