La coartada ideológica
Primero, los gobiernos que encabezaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández le dieron la espalda a las denuncias que organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hicieron sobre la represión a la disidencia en Venezuela.
Después, la dirigencia kirchnerista guardó silencio ante el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que describía torturas, asesinatos, persecuciones y cárceles abarrotadas de presos políticos. Esos dirigentes argentinos prefieren creer lo que dice Diosdado Cabello y no lo que investiga y firma Michelle Bachelet.
En rigor, el kirchnerismo simula creerle más a la casta militar que impera en Venezuela que a la intachable expresidenta chilena. La credibilidad de la médica socialista cuyo padre murió en las mazmorras de Pinochet y que sufrió en carne propia las torturas de la atroz dictadura trasandina, no puede ni siquiera compararse con la calaña de quienes encabezan el régimen residual chavista. Pero Cristina Fernández de Kirchner impone a sus obispos, sacerdotes y feligresía un silencio cómplice.
Hubo un segundo informe del cuerpo de la ONU que preside Bachelet, ratificando sus anteriores denuncias y acusando al poder que encabeza Nicolás Maduro de no haber implementado las medidas a las que se había comprometido. El silencio cómplice del kirchnerismo se volvió a “escuchar”, como una vergüenza muda.
Entonces llegó el informe de un cuerpo de expertos independientes a los que Naciones Unidas encomendó investigar la situación en Venezuela. Y ese informe describe una realidad aún más grave que la descripta por el Alto Comisionado para los DD.HH. El régimen presidido por Maduro aplica de manera sistemática y en gran escala la tortura, la desaparición de personas, los asesinatos y los encarcelamientos políticos.
La contundencia de las pruebas y la cantidad y credibilidad de los testimonios son abrumadoras. Los venezolanos están atrapados en una pesadilla. Sometidos a un régimen criminal. Por eso cuando el silencio cómplice termina convirtiéndose en palabra, esa palabra es tan oscura y viscosa como el silencio que la precedió.
Así fue el pronunciamiento del gobierno argentino, a través de su embajador en la OEA, Carlos Raimundi. En lugar de cuestionar a la casta militar que impera por la represión, la tortura y el asesinato en gran escala, cuestiona a las entidades de DD.HH. que denuncian esos crímenes. El silencio cómplice del kirchnerismo se volvió palabra oscura y viscosa a través del gobierno que controla.
Alberto Fernández no piensa igual. Lo hace saber. Dice, para que trascienda a través de otros, que discrepa con Raimundi y que ese embajador no representa su política exterior. Pero no sirve hacer decir. Si no es el propio presidente quien desautoriza públicamente al diplomático que se pronunció de manera deplorable, mejor callarse del todo. Es más digno eso que la tercerización del estupor.
¿Pero, puede la ideología cometer semejante estropicio en el kirchnerismo? ¿Puede la lente ideológica distorsionar tanto una realidad tan evidente?
Probablemente no es la ideología lo que está pervirtiendo la actitud de ciertas dirigencias ante la tragedia venezolana. Quizá al silencio cómplice y su patética verbalización lo expliquen mecanismos clandestinos de financiación ilegal de apoyos y lealtades en toda la región.
De arcas atiborradas de dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando de petróleo y la explotación ilegal del arco minero en la Cuenca del Orinoco, salen los dólares que explican muchas actitudes disfrazadas de lealtad ideológica.