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Congreso de Intendentes dice tener competencia para reglamentar la ley
El decreto reglamentario sobre la Ley de Tránsito —que el gobierno emitió el 24 de setiembre y ahora anunció dejará sin efecto— y la oposición planteada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a la creación de un registro de conductores, serían “inconstitucionales”, según fuentes del Congreso de Intendentes. Esto se debe a que si el Poder Ejecutivo quisiera dejar sin efecto el registro debería cambiar una ley que fue aprobada el año pasado por todas las bancadas en el Parlamento. Y a que la reglamentación de la norma, en este caso específico, sería competencia de los gobiernos departamentales.
“Por un lado está el decreto que reglamenta algunos aspectos de la ley. Y por otro, regulaciones que van a ser directas del Congreso de Intendentes. Y esta es una de ellas”, declaró a El País el integrante de la Comisión de Seguimiento del Sucive, César García Costa.
Según el asesor del Congreso de Intendentes, el polémico decreto presidencial “viola la Constitución”. Y para dejar sin efecto el registro de conductores “hay que modificar una ley”.
García Costa (Partido Colorado) dijo además que “la libreta de conductores la va a regular el Congreso” y que el anuncio de Delgado “no cambia nada”.
El decreto firmado el 24 de setiembre por el presidente Luis Lacalle Pou establece que los automóviles deberán ser conducidos por sus propietarios o por un determinado número de personas que deberán tener una autorización del titular. Sin embargo, el secretario de la Presidencia dijo el domingo en el programa Séptimo Día (Canal 12) que “no habrá registro de conductores por vehículo” y que el gobierno “se equivocó” con esta resolución reglamentaria de la Ley de Tránsito. Asimismo, indicó que el presidente ordenó hacer un nuevo decreto y que “el error ya fue subsanado”.
García Costa destacó que la ley tiene “cosas muy interesantes para la gente”, como por ejemplo que las multas prescriben a los cinco años. “También está el tema de la notificación de las infracciones (en el interior pasa que las intendencias no notifican), se arregla el tema del registro de poseedores (cuando una persona tiene el auto y no posee el título) y se flexibilizan muchísimo los trámites automotores”, destacó.
“La reglamentación es tema municipal, no nacional”, señaló jerarca de Canelones.
“SE APURÓ”. El director de Tránsito de la Intendencia de Canelones y representante del Frente Amplio en el Congreso de Intendentes, Marcelo Metediera, dijo ayer a El País que la ley fue discutida y aprobada por unanimidad por los gobiernos departamentales, la Unasev, los ministerios involucrados y el Parlamento. Señaló que no hubo, antes del anuncio de Delgado, una instancia de diálogo con el Congreso y que, además de sorprender, el secretario de la Presidencia se apuró con sus manifestaciones.
“Me sorprendió que esto haya salido el domingo porque nosotros estuvimos reunidos el jueves y nos íbamos a reunir esta semana, el mismo día, para trabajar de lleno este tema. Tenemos 180 días para reglamentar este decreto; es algo que recién se puso arriba de la mesa. Capaz que habría que haber levantado un teléfono para decir: ‘Muchachos, no nos convence esto’. Y capaz que hubiésemos llegado a un mismo destino”, consideró.
“La reglamentación es un tema municipal, no nacional. El tema del tránsito a nivel del país corresponde a las intendencias. Unasev tiene competencia en algunas cosas, no en todas, aunque más allá de discutir sobre quién tiene la materia, tenemos que trabajar juntos. La reglamentación de la ley es una cosa, pero esto específicamente, entendemos que es materia departamental. Así lo establece la Constitución”, agregó.
EN CONTRA. El intendente electo de Colonia, Carlos Moreira, dijo ayer en rueda de prensa que no está de acuerdo con el registro de conductores.
“Me parece que habría que analizarlo mucho más en profundidad, porque eso podría causar muchísimas molestias. Muchas veces se compra un automóvil y no se hace la transferencia del título de propiedad. Yo creo que el próximo Congreso de Intendentes tendría que analizarlo muy bien. Hay que tratar de evitar la morosidad y todas esas cosas que son perjudiciales, o los problemas jurídicos que a veces se dan cuando hay un accidente y hay que ver quién es el responsable. Hay que analizarlo en profundidad y no apurarse; es un tema delicado. No hay duda que debe haber miles y miles de personas en esa situación”, señaló.
EL FIN BUSCADO. El decreto del 24 de setiembre recuerda que el artículo 39 de la ley limita el derecho de circulación de los automotores. Y establece la obligación de obtener ante cada intendencia una habilitación técnica para circular, “otorgable a quienes acrediten poseer derechos admisibles sobre los mismos, siendo conveniente que comprenda a aquél que se encuentre registrado como titular de derechos sobre el vehículo ante el respectivo gobierno departamental, y aquéllos a quien éste designe expresamente”.
García Costa explicó que, entre otras cosas, la iniciativa pretende combatir los casos de personas a las que les llegan embargos por multas de vehículos que “vendieron hace años”. El secretario del Congreso de Intendentes dijo que la ley fue votada por todo el Parlamento y prevé algunas cosas en las que “era posible que hubiera reparos”, por ejemplo en el tema de libertades. “Fue votada por todas las bancadas, por los colorados, los blancos y el Frente”, recordó.
“Sobre el tema de la funcionalidad, sobre cuántas personas están autorizadas a conducir el auto, que pueden ser cuatro, cinco, 15 o 20; es por el interés del contribuyente. Si no, mañana le van a seguir cayendo multas o deudas de Patente que se las van a seguir cobrando a ellos”, indicó.
A su vez, el director de Tránsito de Canelones señaló que “hay gente que circula solamente con un papel de compraventa”, que se compra en un comercio y no tiene validez jurídica, situación que genera “que los conductores no sean responsables en la vía pública”.