Derecho vaciado
La Fiscalía General de la Nación firmó un acuerdo que el Poder Judicial homologó, por el cual la pareja Balcedo-fliege —tenedora de una fortuna injustificable para un sindicalista— entregó millones en dinero, media docena de autos y un inmueble valioso. A cambio, él fue condenado a 4 años y 8 meses de penitenciaría y ella a 3 años, pero cumpliendo su pena desde ahora en régimen de libertad vigilada intensiva.
Hoy todo se traga sin digerir. Hay olvido exprés. Por tanto, el tema ya no es noticia. Pero no lo dejemos resbalar por el tobogán del olvido, ya que este final muestra cómo vienen corroyéndose los cimientos de la República, cómo la ley penal ha dejado de ser imperativa y cómo sus penas en vez de imponerse se regatean hasta el escándalo. Véase.
El 18 de noviembre de 2018, la misma Fiscalía General de la Nación presentó su acusación contra la pareja. Pidió que a Balcedo, como “autor penalmente responsable de un delito continuado de lavado de activos previsto en el art. 54 del Decreto-ley Nº 14.254… en la modalidad de ‘conversión’; un delito de lavado de activos previsto en el art. 55 del Decretoley 14.294… en la modalidad de ‘tener en su poder’; un delito continuado de lavado de activos previsto en el art. 56 del Decreto-ley 14254 en la modalidad de “impedir la determinación real de la naturaleza, el origen, el destino, el movimiento o la propiedad real de tales bienes”; reiterados delitos de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, se lo condenase a la pena de “once años de penitenciaría”. Y a Fliege por los mismos delitos salvo tráfico de armas, le pidió “diez años de penitenciaría”.
Simultáneamente la Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes inmuebles embargados y de los bienes y efectos incautados y pidió ponerlos a la orden de la Junta Nacional de Drogas, en el Fondo de Bienes Decomisados.
¿Cómo a cambio de la confesión y la entrega de una parte sustancial de bienes mal habidos, la Fiscalía aceptó rebajar a menos de la mitad la pena que pretendía, basándose en la ley? ¿Cómo el Estado humilla a su Derecho aceptando que le paguen con los fondos por los que fueron enjuiciados?
El mensaje no puede ser peor. Parece armado para debilitar más aún los sentimientos normativos de nuestro pueblo y robustecer sospechas tales como que el Derecho es un chicle, para los vivos no hay ley y con plata todo se arregla.
Si el Derecho Penal es la última
El mensaje no puede ser peor. Parece armado para debilitar los sentimientos normativos del pueblo.
razón y la fuerza más alta, ¿puede aceptarse que se lo diluya hasta tornarlo irreconocible por los vericuetos de un Código de Procedimiento Penal que se compró como panacea pero suma absurdos en ristra? ¿No es hora de que por honestidad intelectual se reconozca que fracasó?
No es un problema para abogados sino para el país, cuya cultura debe reflejar y moldear el Derecho, enriqueciendo la agudeza pública y el sentido común.
Si la ley se presume conocida y su ignorancia no sirve de excusa, el Derecho Penal debe ser técnico como lo enseñaron los grandes Maestros pero preciso y nítido como para que lo entienda Sancho Panza.
Si la Justicia lanza paradojas y contradicciones y el Derecho pierde su imperativo y se estira como un chicle, deja de educar e inspirar.
Enfrentado el Uruguay a la corrupción de los jurados, los suprimió.
Enfrentado hoy a estos disparates, ¿nadie hará nada?