Gobierno denuncia desidia del FA en el uso de fondos
Presentan auditorías y Lacalle pide a sus ministros el pase a la Justicia antes de fin de año si amerita
▃▃ Hubo “desidia” en el uso de los fondos públicos, sostuvo ayer la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Lo hizo en una conferencia convocada por el gobierno pocas horas después que la Auditoría Interna de la Nación diera a conocer 12 informes sobre irregularidades en distintas oficinas del Estado.
“Con estas primeras auditorías damos el inicio a un proceso de investigación. El Poder Ejecutivo a partir de hoy avanza con investigaciones administrativas en cada una de esas actuaciones y luego de acuerdo a los elementos que surjan se enviará a la Justicia lo que corresponda”, agregó la jerarca.
Un rato antes, el presidente Luis Lacalle Pou presentó los informes en el Consejo de Ministros. Allí, según supo El País, dijo que “se trata del comienzo” de un proceso de auditorías en varias dependencias del Estado. El mandatario les pidió a los ministros que los casos que ameriten sean llevados a la Justicia antes de fin de año. Los titulares de Trabajo, Ganadería y Educación dijeron a El País que ya están preparando sus propios informes.
Los organismos auditados fueron, entre otros, la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA), la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), la Dirección General de la Granja, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior.
Este es el comienzo”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou ayer cuando le presentó a su gabinete un grupo de informes realizados por la Auditoría Interna de la Nación que dan cuenta de irregularidades en 12 organismos del Estado.
Unos minutos después, en conferencia de prensa, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que hubo “desidia” en el uso de los fondos públicos durante los gobiernos del Frente Amplio.
“Con estas primeras auditorías damos el inicio a un proceso de investigación. El Poder Ejecutivo a partir de hoy avanza con investigaciones administrativas en cada una de esas actuaciones y luego, de acuerdo a los elementos que surjan, se enviará a la Justicia lo que corresponda”, agregó la jerarca.
“Hemos encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos; reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa con su plata. Hemos encontrado que muchas de estas actuaciones se apartaban de la normativa, estaban en contra de la normativa vigente o directamente no había una normativa que habilitara esas actuaciones. Hemos encontrado en muchos casos sistemas de control débiles y que no permiten un uso responsable, eficiente, prolijo de los recursos”, enfatizó Arbeleche.
Con respecto al monto que pudieron implicar para las arcas públicas esas presuntas irregularidades, señaló que es difícil de “cuantificar” y puso el ejemplo de un resonador en el Hospital Maciel “que está listo pero no se puede utilizar”. Y explicó: “Es difícil ponerle un precio a eso pero es algo por lo que se gastó US$ 1.000.000 y no se está pudiendo realizar el diagnóstico correspondiente”.
Luego de la presentación de Arbeleche, varios ministros informaron que hay más auditorías en curso. Luis Alberto Heber, de Transporte; Carlos María Uriarte, de Ganadería; y Pablo Da Silveira, de Educación y Cultura, comentaron que esperan informes con “irregularidades notorias”. Algunos organismos contrataron auditorías privadas que están en curso.
Durante la campaña electoral Lacalle Pou había anunciado que de ganar el gobierno ordenaría la realización de auditorías, con el fin de informarle a la ciudadanía sobre el estado de situación tras 15 años de gobiernos frenteamplistas.
El mandatario ya pidió a cada uno de los organismos acelerar los tiempos para tener todas ellas prontas antes de fin de año, y que en cada caso que lo amerite esto se envíe a la Justicia.
Sobre los datos que se dieron a conocer ayer, aquí se destacan algunas de las irregularidades que fueron constatadas.
En cuanto al Fondo Nacional de Recursos (FNR) lo que se evaluó fue la gestión y la ejecución del gasto para los procesos de otorgamiento de las prestaciones que tiene a su cargo el organismo, durante los ejercicios económicos 2018 y 2019. La conclusión a la que se llegó es que el FNR enfrenta “una situación de desfinanciamiento que compromete su liquidez al mediano plazo”. La razón: la “estabilidad de los ingresos y el incremento de los egresos, como consecuencia del aumento de los gastos por acto médico y de gestión”.
La auditoría advierte que para solucionar esta situación hay dos opciones: un aumento de la cuota de aportación —que el FNR recibe de los aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa)—, o la reducción de los gastos.
Otro hallazgo dentro del FNR tiene que ver con un posible “conflicto de intereses”. Por ejemplo, hay quienes forman parte de un Ateneo Médico y a la vez trabajan en una empresa evaluadora o IMAE. El País informó en enero pasado, por ejemplo, sobre una denuncia contra médicos del Hospital Pereira Rossell que derivaban a pacientes a sus propias clínicas privadas para tratamientos de fertilización que eran financiados por el FNR.
Otra de las irregularidades halladas en este organismo es que, mientras el artículo 21 de la ley 17.556 establece que no puede haber retribuciones salariales mayores al 60% de lo que percibe el presidente de la República, se encontraron casos que violan esta normativa. En algunos figuran “Premios por Metas” que no se computaron como parte de los sueldos. En dinero, esto se traduce en $ 299.354 para el año 2018 y $ 323.182 para 2019.
La auditoría realizada en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), detectó que al 22 de mayo de este año no se había instalado en el Hospital Maciel un resonador que valió $ 33.885.361 y que fue adquirido en 2019. Los auditores advirtieron la “falta de planificación y análisis” en cuanto a la “oportunidad” y “conveniencia de la inversión”.
También que el resonador
“tendrá costos de mantenimiento asociados al período de inactividad”.
En un segundo caso, los auditores hallaron que el Consejo Honorario de Administración y Coordinación Académica (Chaca), que dirige al Cudim, aprobó un convenio por retiro incentivado que prevé que aquellos funcionarios que tengan una antigüedad ininterrumpida de 10 años, hayan cumplido 65 años y configurado causal jubilatoria, puedan cobrar
una partida equivalente a una mensualidad nominal al momento de su retiro, por cada año de antigüedad. En este caso se advirtió sobre la “ineficiencia en el uso de recursos”.
En lo que respecta al Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), se halló que se efectuaron varios pagos sin una documentación que los respalde. De $ 8.477.000 ejecutados desde mediados de 2019 hasta fin de año en el marco de un convenio con la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), el 76% fue rendido sin comprobantes.
En el organismo que se encarga del control de la regulación del cannabis se hallaron varias irregularidades. Entre ellas, que no se hace un debido seguimiento de los excedentes de droga que quedan en las plantaciones. Aunque la ley advierte que estos quedan a disposición del Ircca, de visitas realizadas a las dos empresas licitatorias “se constató en ambas un volumen significativo de desechos y productos psicoactivos”.
En la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) se vio que no existe una coordinación con los “organismos usuarios” —ASSE, MSP, INAU, Udelar, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, entre otros—, en cuanto a cuáles son los mecanismos de control que permiten disponer de información “relativa a las cantidades entregadas por los proveedores”. Es decir, no se tiene certeza de si lo que se compra tiene concordancia con lo que se entrega.
El informe presenta dos ejemplos: por un lado, la entrega de un proveedor de cantidades superiores a las adjudicadas. Si bien se le compraron 8.000 unidades de “placas mamográficas”, el proveedor entregó 50.800, y claro que cobró por todas ellas. Por otro lado, ya durante la pandemia de COVID19, el documento advierte que “algunos proveedores desistieron de la entrega de insumos médicos —que supuestamente ya habían sido comprados—, aduciendo que las cantidades adjudicadas en la última licitación ya habían sido entregadas en tiempo y forma” a los distintos organismos.
La auditoría realizada en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) arrojó siete “hallazgos”, cuatro de ellos con un nivel de criticidad calificado como “alto”.
Uno de ellos refiere, al igual que en el FNR, a las remuneraciones percibidas por algunos empleados de la agencia. Los auditores recuerdan también la ley 17.556, que marca que nadie puede ganar más que el 60% de lo que percibe el presidente.
Pese a esto, la auditoría encontró que en la ANII la remuneración promedio mensual del secretario ejecutivo superó este límite, en un 22% en 2018 y 16% el año pasado. “De no implementar las acciones pertinentes para las remuneraciones fijadas para el ejercicio 2020, las mismas superarían los topes”, sostiene el informe.
Para evitar infringir esta ley se sugiere “instrumentar las acciones que se entiendan pertinentes a efectos de que las remuneraciones se ajusten a la normativa vigente”.
FNR. Encontramos mal manejo de fondos; reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa”. Habrá investigaciones administrativas; luego, de acuerdo a lo que surja, se enviará a la Justicia”.
Azucena Arbeleche
CUDIM.
INACOOP.
IRCCA.
UCA.
ANII.
GRANJA.
En la Dirección General de Granja se constató la existencia de importantes fondos pendientes de ejecución: se trata de $ 300 millones. El problema con esto es la “pérdida de valor de los activos”. También se halló que los registros de la ejecución financiera del Fondo de la Granja son llevados en una planilla Excel, denominada “Planilla Banco”, donde se copian los movimientos bancarios de los estados de cuenta. Por tanto, no existe una contabilidad que brinde información sobre los saldos.
INTERIOR.
Otra de las auditorías analiza lo referido a la Dirección Nacional de Migración, y lo que sucede con sus tareas en los distintos puntos del país. En cuanto a Artigas, por ejemplo, se advierte que “no es posible realizar un control migratorio íntegro y eficiente”. Advierte que dadas las características de la frontera tan solo se realizan controles a aquellas personas que se presentan para efectuarlos. Además, el horario de atención es limitado, solo de 7 a 19 horas. Se señala, también, que “la lista de impedidos de Brasil no está disponible para su consulta”, por tanto es factible que entren al país personas que tengan impedimentos legales.