Acusan a director de la Granja
El FA dice que controla fondos de los que son beneficiarios sus familiares
FA amplía denuncia. Dice que controla fondos que benefician a familiares.
La bancada de senadores del Frente Amplio presentó una denuncia penal el 15 de setiembre contra Nicolás Chiesa, director general de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por supuesta conjunción del interés público y el privado. Uno de los senadores de la oposición informó a El País que en las próximas semanas la bancada presentará una ampliación de la denuncia penal que apunta a que Chiesa tiene vínculos familiares con empresarios del sector que han recibido beneficios de fondos públicos manejados por él.
El borrador de la ampliación de la denuncia, al que accedió El País, sostiene que el director de la Granja “dirige, ejecuta y controla algunos fondos de los que son beneficiarios sus familiares”. En particular, la denuncia refiere a la dirección del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja.
“Él está beneficiando a un tercero por razón de su cargo y acá hay una vinculación directa con su familia, en la que hay destacados empresarios del sector granjero”, explicó el senador que participó de la redacción de la denuncia.
Si bien el denunciante no quiso dar más detalles sobre quiénes son los familiares de Chiesa que supuestamente han recibido estos beneficios, una fuente vinculada al sector granjero informó a El País que los padres y la esposa del jerarca tienen padrones productivos a su nombre, aunque no precisó si han recibido partidas u otros beneficios del Fondo de la Granja. Su padre es Eduardo Chiesa, también ingeniero agrónomo como su hijo. Durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, Eduardo dirigió la Junta Nacional de la Granja (Junagra), un organismo asesor de la Dirección General de la Granja (Digegra, que hoy conduce su hijo). Además, Eduardo fue candidato a intendente de Canelones por la lista 15 en el año 2000.
Esta ampliación va en la misma dirección que la denuncia que presentó la bancada opositora hace poco más de un mes por una supuesta conjunción del interés público y el privado. Aquella denuncia ponía en conocimiento de Fiscalía que Chiesa había firmado un contrato con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) representando a la firma Mi Granja S.A. para comercializar sus productos en el Mercado Modelo, cuando ya ocupaba su cargo en el ministerio.
Tras conocerse el vínculo de Chiesa con Mi Granja S.A., a partir de un artículo del diario El Observador, los legisladores del Frente Amplio pidieron su renuncia. Ese mismo día, el presidente Luis Lacalle Pou expresó que el jerarca no podía estar “de los dos lados del mostrador”.
Chiesa no ofrecido su renuncia al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, sino que prefirió desligarse solo de la representación de Mi Granja S.A. y seguir al frente de la Digegra. El senador frenteamplista que redactó la ampliación de la denuncia dijo al respecto que “el presidente de la República estuvo muy mal porque en vez de haber solicitado un informe a la Jutep (la Junta de Transparencia y Ética Pública), que es el organismo adecuado para definir cómo actuaba, le dio a elegir (a Chiesa”. E insistió: “No puede darle a elegir; le tendría que haber solicitado la renuncia”, agregó el senador frenteamplista.
El artículo 161 del Código Penal establece cuándo se configura el delito de conjunción del interés público y el privado que denuncia el Frente Amplio. En concreto, expresa que “el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (10 unidades reajustables) a 10.000 UR (10 mil unidades reajustables)”. Además, agrega que “constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero”.
FONDO. En 2019 el MGAP detectó “irregularidades” en el manejo del Fondo de la Granja y se suspendió a las personas que tenían firma autorizada para realizar movimientos de dinero. Desde entonces, este fondo ha estado en el centro de la polémica, primero por la denuncia presentada
FA denunció a Chiesa por conjunción del interés público y el privado en setiembre.
contra su director y luego por el desfalco de $ 30 millones realizado por un funcionario. Chiesa dijo este martes en el programa Hora de Campo, de La voz de Melo, que el mal uso del dinero responde a “las faltas de controles” por parte de las autoridades ministeriales del anterior gobierno y explicó que si bien “todo se llevaba con una planilla Excel”, no se realizó “una auditoría, ni siquiera interna”.
“Ni un kiosco funciona como estaba funcionando el Fondo de la Granja, donde se manejaban $ 350 millones por año (casi US$ 10 millones) y no había control ninguno”, dijo y agregó: “Esto era tierra de nadie”.
Tras un proceso administrativa, el contador que concretó el desfalco fue destituido el martes por el Senado en sesión secreta.