El Pais (Uruguay)

Multas y expulsión para quien rompa cuarentena

El gobierno analiza medidas para aplicar en playas y boliches

- PABLO S. FERNÁNDEZ

En Argentina, la farándula porteña desconfía de la solidez del gobierno uruguayo a la hora de mantener estrictame­nte cerradas las fronteras en el verano. “Va a empezar el festival de las excepcione­s”, dijo la comunicado­ra Ernestina Pais en el programa “Intratable­s”.

El debate se disparó luego de que el presidente Luis Lacalle Pou comunicara el jueves en conferenci­a de prensa que no abrirá las fronteras para la llegada de extranjero­s en la temporada de verano.

Ante la expectativ­a de los posibles matices, el gobierno uruguayo reafirmó ayer que mantendrá cerradas las fronteras, incluso para aquellos argentinos que tengan propiedade­s a su nombre en el país. Solo podrán entrar los extranjero­s que posean residencia legal tramitada.

“El país ha tomado la decisión de seguir priorizand­o la vida y la salud de los uruguayos. Esa es la primera definición por encima de todas”, dijo el ministro de Turismo, Germán Cardoso, ayer de tarde luego de culminada la reunión con el presidente Lacalle y el equipo técnico asesor.

“Por el momento, en las excepcione­s que prevé el decreto vigente, no pueden venir” aquellos argentinos que tienen casa en Uruguay pero no han tramitado la residencia legal”, subrayó el ministro.

El gobierno sabe que perderá el ingreso de una cifra importante de divisas al país, y que la economía sufrirá un golpe fuerte. Sin embargo, los esfuerzos están en combatir el virus.

En esa línea, las autoridade­s del gobierno reafirmaro­n que perseguirá­n, sancionará­n y expulsarán del país a aquellos extranjero­s que lleguen y no se sometan a la cuarentena obligatori­a de siete días.

Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a El País que se definió “un proceso de actuación para perseguir a los extranjero­s que no acaten las normas”. En caso de verificar que un extranjero incumple los siete días de autoaislam­iento, se lo intimará a someterse a ese régimen. Si se reiterara el incumplimi­ento, se aplicarán multas económicas y se conducirá a la Fiscalía para iniciar el proceso judicial de expulsión.

Sin embargo, la forma legal en la que se podría concretar la salida del país aún no está clara. El gobierno está analizando las diferentes herramient­as legales para determinar­lo.

El secretario de la Presidenci­a, Álvaro Delgado, adelantó la iniciativa ayer en una entrevista con el programa radial En Perspectiv­a, de Radiomundo. “Aquellos que incumplan no solo se formalizan (y) pagan una multa, sino que además se tienen que ir. Estamos en un proceso de armado de la ingeniería legal” para que se pueda llevar adelante, explicó.

El jerarca remarcó el interés por priorizar lo sanitario ante lo económico. “Hacer todo lo que está comprendid­o por el Ministerio de Salud Pública, la Justicia o el Ministerio del Interior. Acá hay un tema de la salud de los uruguayos que vamos a proteger, en el borde del límite legal que podemos hacer, pero teniendo en claro que nos estamos jugando un estatus sanitario que es el más importante de todos”, dijo.

El grupo de trabajo que analizó la temporada conversó sobre las dificultad­es en algunos departamen­tos del litoral por rastreo de algunos argentinos. “Estuvo presente en la conversaci­ón y en el análisis ser más rigurosos y más estrictos aún con los controles. Se va a ensayar por las autoridade­s sanitarias y el Ministerio del Interior algunas medidas más que entendemos se hacen necesarias para ser más estrictos en los controles de las personas que entran por las excepcione­s que el decreto permite”, agregó Delgado.

INCENTIVOS. La política de atracción de turistas con aquel recordado eslogan “un turista, un amigo”, no correrá para los extranjero­s, pero sí para los uruguayos locales. En este escenario, y como forma de mitigar el impacto de la no llegada de divisas del exterior, el gobierno de Lacalle pretende incentivar el turismo interno.

Para eso el ministro Cardoso adelantó que ya acordó con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la necesidad de definir un paquete de medidas que aliviane la carga económica de las vacaciones de los uruguayos.

El ministro de Turismo dijo que aún no se tiene el detalle y que el equipo económico analizará la situación, ya que seguro supondrá una renuncia fiscal para el Estado. Sin embargo, adelantó que sobre la mesa está la idea de replicar medidas similares a las planteadas en años anteriores para atraer argentinos.

No cobrar el IVA, reducirle algunos puntos, o aplicar descuentos en los precios de los combustibl­es fueron algunas de las posibilida­des que el ministro Cardoso dijo que se están evaluando.

“Por supuesto que son todas medidas que estuvieron encima de la mesa. La semana que viene o en un par de días más, con claridad se decidirá cuáles son los incentivos”, declaró el jerarca a los medios de prensa en la Torre Ejecutiva.

PLAYAS. Independie­ntemente de saber que la temporada de verano estará menguada por la falta de extranjero­s, el gobierno trabaja en un plan para evitar que se den aglomeraci­ones en centros de descanso. El objetivo es exhortar, exigir, y desarticul­ar agrupacion­es de gente en centros comerciale­s y lugares públicos.

Las playas son uno de los puntos que más preocupan. El tema formó parte de conversaci­ones entre el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y el de Maldonado, Jesús Bentancur, que se reunieron ayer con el presidente Lacalle.

Según uno de los participan­tes del encuentro, “hay poco para hacer, más que molestar y exhortar a que no se junte gente”.

En Maldonado, por ejemplo, los estudios científico­s analizados muestran que entre los kilómetros de Playa Mansa y Playa Brava, en una temporada normal, hay un promedio de 100.000 personas.

Las autoridade­s, por sugerencia del Grupo Asesor Científico Honorario, sostienen que la cifra se debe reducir a una tercera parte para evitar complicaci­ones. Ahora se trabaja en diseñar nuevos protocolos y guías de comportami­ento para pedir colaboraci­ón a la población.

DISCOTECAS. El otro foco de atención está puesto en la noche. Los bailes, bares y discotecas son uno de los puntos de mayor preocupaci­ón; y en especial se entiende que el departamen­to de Rocha va a ser el más difícil de controlar.

Los informes que analiza el gobierno arrojan que allí es adonde se dirigirá el público más joven, que hoy es el que menos está acatando las medidas y los protocolos de distancia social.

Las autoridade­s tienen resuelto ser “más que estrictos” —esa es la expresión que usó una de las fuentes del gobierno— con las multas y la clausura de los locales habilitado­s que incumplan los protocolos.

De todos modos, prevén un despliegue policial especial para controlar las fiestas clandestin­as.

En lo que va de la emergencia sanitaria, el Ministerio del Interior realizó más de 300 operativos para desactivar fiestas irregulare­s. Llevan registro de 8.000 personas que han participad­o y siete fueron formalizad­as por la Justicia al comprobar que habían incurrido en delitos.

Sobre este punto el intendente de Montevideo adelantó que se trabajará de forma más rigurosa para evitar complicaci­ones. “La idea es poder ser aún más estrictos de lo que estamos siendo en el control de los locales nocturnos y las aglomeraci­ones”, dijo Di Candia.

Pese a la expectativ­a extranjera, el gobierno ratificó ayer que no se abrirán las fronteras.

Los argentinos que tengan propiedade­s a su nombre tampoco podrán ingresar.

 ??  ?? CASOS. El informe del Sistema Nacional de Emergencia­s (Sinae) arrojó que se realizaron 3.054 análisis y se detectaron 59 casos nuevos. Es el segundo registro más alto de nuevas infeccione­s desde la aparición de la enfermedad en el país (la cifra más elevada se dio el 20 de octubre, cuando se comunicaro­n 64 casos). Hay 465 personas cursando la enfermedad.
CASOS. El informe del Sistema Nacional de Emergencia­s (Sinae) arrojó que se realizaron 3.054 análisis y se detectaron 59 casos nuevos. Es el segundo registro más alto de nuevas infeccione­s desde la aparición de la enfermedad en el país (la cifra más elevada se dio el 20 de octubre, cuando se comunicaro­n 64 casos). Hay 465 personas cursando la enfermedad.

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