Los militares en la frontera
Suman 300 días. Hubo detenidos sin papeles, con droga o de paseo.
El 31 de diciembre se cumplieron 300 días de vigilancia militar en las fronteras. La ley que lo ordena es del gobierno pasado, pero la reglamentación la elaboró la administración actual y la entrada en vigencia fue el 16 de marzo.
Las Fuerzas Armadas empezaron a prepararse para esta nueva función en febrero. No es nueva en la historia, pero se había dejado de hacer en la década de 1970. “El control de la soberanía es un tema mundial y fue una misión del Ejército a lo largo de los siglos. Las generaciones de nuestros mayores lo saben, está en los libros”, dice el general Luis González, jefe de la División del Ejército IV que abarca la zona este del país: Maldonado, Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo.
Para evitar que la frontera seca siguiera pareciendo “un colador”, para controlar el contrabando y también para colaborar con la Policía en su combate a la inseguridad, se habían preparado. No para frenar el avance de un virus. Sin embargo, buena parte de estos 300 días tuvieron al COVID-19 como objetivo de guerra.
González tiene a su cargo 8.190 kilómetros de zona fronteriza entre Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha. Lleva contadas más de un millón de horas de dedicación de su personal a la tarea, que ronda los 140 oficiales, suboficiales y soldados por día. En su división hay pasos de frontera en Chuy, Noblía y Río Branco, pero los puntos críticos en lo que concierne a la ilegalidad, lógicamente, son otros. Allí se instalan puestos de control que se van moviendo, a la vez que patrullas móviles alternan entre puestos y recorridas, día y noche. Todo no se puede vigilar, así que el objetivo es disuadir.
El general José Martínez es el responsable de la franja más caliente: la del norte. Se trata de 22.500 kilómetros entre Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro (también tiene a su cargo Tacuarembó). Para ello cuenta con unos 170 efectivos a diario. Dice Martínez
que el límite con Brasil implica “un trabajo particular” por sus múltiples caminos y accesos; en Artigas y en Rivera tienen siete puestos fijos desde los cuales salen patrullas.
En cambio, en el litoral el desafío es menor porque los puentes han estado cerrados. En Salto, Paysandú y Río Negro hay puestos aleatorios y se coordina con Prefectura para vigilar, sobre todo las partes bajas del río Uruguay.
APRENDIZAJE. “En marzo, cuando empezamos, los veíamos contracturados, no sabían cómo pararse. Les faltaba práctica. Ahora abordan y detienen con solvencia”, cuenta Martínez. Los efectivos ahora saben que para cumplir su tarea basta con el arma colgada. Como llevan casco y tapabocas, saben que pueden asustar, con lo cual han perfeccionado su acercamiento a la población.
“Ha sido un aprendizaje permanente”, dice Martínez. “Resaltaría la capacidad del Estado de coordinar con las demás instituciones”.
González también destaca la coordinación que se ha dado con otros organismos. Y en su opinión —basada en “varias fuentes y publicaciones” locales—, su presencia disuasoria ha generado mejoras. Por ejemplo, en mayores ventas de los supermercados (causada por una supuesta baja del contrabando) y en menor carga del delito de abigeato en las zonas custodiadas por ellos. “Lo hemos constatado. La presencia militar es eficaz para disuadir todo el ingreso irregular”, apunta. Pero claro: “lo que se evita no es noticia”.
En el puesto aduanero de Noblía, por ejemplo, era muy inseguro que hubiera un funcionario en la noche, así que nadie se quedaba. Desde marzo volvió el control.
Ambos jefes hacen un balance positivo de su nueva misión, tanto por las cifras de controles e incidentes (ver recuadro), como del “buen relacionamiento” con otros organismos. González percibe que ha mejorado la imagen militar en la zona. Y, a pesar de estar expuestos, no han tenido casi casos de COVID-19. Concluye Martínez: “Al virus no lo vamos a parar, pero sí vamos a bajar la circulación”.
Unos 140 militares vigilan la frontera este y otros 170 controlan el norte a diario.