La contribución de UTE y Ancap Empresas estatales y sus precios

Con la información disponible a noviembre, el déficit fiscal (ajustado por un par de factores extraordinarios, el FEE y el stock de Ancap) se ubicó en los últimos 12 meses en 5,7% del PIB. Esta cifra está un punto por arriba de la de 2019, también ajustada por factores extraordinarios. Dado que el impacto de la pandemia, tanto por el lado de los (menores) ingresos como por el de los (mayores) egresos, fue mayor que ese deterioro, se puede afirmar que “en términos estructurales” habrá habido una leve mejoría fiscal en el año que terminó, del orden de algunas décimas de punto del PIB.

Además —y es justo reconocerlo— 2020 habrá terminado con un déficit muy parecido al que el MEF estimó en la Ley de Presupuesto (6,5% del “viejo” PIB y 6% del “nuevo”) y claramente por debajo de lo que los economistas que no estamos en el gobierno esperábamos, tras el advenimiento de la pandemia en marzo. Por lo tanto, hay indicios de control y ajuste del gasto más allá de lo referido a la crisis del virus, que de todos modos lucen a ritmo insuficiente como para alcanzar la meta fiscal de final de período (-2,5% del “viejo” PIB).

Dicho sea de paso, el análisis de las cifras fiscales estructurales es siempre el más pertinente para analizar la gestión fiscal de los gobiernos y lo es ahora más que siempre, por la caída del PIB (y por lo tanto de la recaudación de impuestos) y el aumento del gasto, ambos asociados a la pandemia. El hándicap de este enfoque consiste en que no se dispone de cifras mensuales ni precisas, como lo son los indicadores fiscales habituales.

Dentro de ese panorama viene al caso detenernos en el área de las empresas estatales, cuyos precios fueron ajustados con vigencia 1° de enero. En ese ámbito se destaca una mayor contribución a las finanzas públicas con relación a 2019, definiendo dicha contribución como la suma del resultado primario y corriente menos los intereses y las inversiones y más los dividendos vertidos al MEF. Esa contribución pasó de 0,1% del PIB en 2019 (la más baja en varios años) a 0,6% del PIB en los 12 meses a noviembre.

La mayor parte de esa mejoría se ubicó en las dos grandes empresas del sector energía, Ancap y UTE. Veamos lo sucedido en cada caso, utilizando la definición de contribución ya referida.

En Ancap, se pasó de una contribución fiscal negativa en US$ 20 millones en 2019 a una positiva de 82 millones en los 12 meses a noviembre. En este caso la contribución es ajustada por la variación del stock de la empresa, uno de los factores extraordinarios referido al inicio de este artículo. Ancap tuvo un resultado de 148 millones, vertió dividendos por 21 millones y redujo su stock en 87 millones, llegando a la contribución fiscal mencionada de 82 millones. Ésta representa apenas el 4% de los ingresos de la empresa en el mismo período.

En UTE, también se pasó de una contribución fiscal negativa a una positiva: de -30 a +46 millones de dólares. En este caso, se la ajustó por el ingreso de 61 millones desde el FEE en junio, el otro de los factores extraordinarios con incidencia fiscal que fuera referido al comienzo de este artículo. UTE tuvo un resultado de -23 millones, pero vertió dividendos por 130 millones. Al deducir los ingresos desde el FEE se llega a los US$ 46 millones referidos como contribución fiscal de la empresa, que en este caso representa sólo el 3% de sus ingresos en el período.

Queda claro que en ambos casos se mejoró en 2020 en comparación con un mal 2019. También es claro que esas mejorías no resultan suficientes como para que empresas del porte de las referidas compensen a la sociedad por el capital que ésta tiene invertido en ellas.

En este contexto se dio el reciente ajuste de los precios que estas empresas cobran a sus clientes, el que se ubicó en torno al 5% en promedio en ambos casos. Un ajuste alineado con la inflación transcurrida desde la oportunidad del ajuste anterior (en abril pasado, cuando no se ajustaron los precios en Ancap, que venían sin cambios desde mediados de 2018) y claramente por debajo de los ajustes que se plantearon desde las empresas. En este sentido, y viendo el lado fiscal, los ajustes referidos resultan escasos.

¿Por qué se definieron ajustes de sólo 5% en promedio en UTE y en Ancap, cuando la contribución fiscal de éstas es notoriamente inferior a la deseable? Se me ocurren dos posibilidades.

Primero, en la campaña electoral el actual presidente prometió “no subir las tarifas públicas”. Nunca se aclaró si tal promesa se refería a términos nominales o reales si bien es obvio que, en un país con la inflación del nuestro, debía ser pertinente lo segundo. En cualquier caso, ahora es “rehén” de aquella promesa.

Segundo, el Poder Ejecutivo puede tener el legítimo propósito de “forzar” a estas empresas a ajustar sus presupuestos y para ello no resulta un incentivo adecuado darles toda la tarifa que pidan. Nada más conveniente para un monopolista que le den el precio deseado. En este sentido, el Ejecutivo puede “ayudar” a estas empresas a ser más eficientes, lo que resulta evidente en el caso de Ancap, donde con los combustibles se deben subsidiar actividades perdidosas como las del cemento y el biodiesel. Para ello debería alentar que Ancap dejara ambas actividades o que su subsidio, si se debe a razones políticas trascendentes, fuera de cargo del Presupuesto, con recursos votados por las mayorías parlamentarias requeridas para ello.

“Hay indicios de control y ajuste del gasto más allá de lo referido a la pandemia, que de todos modos son insuficientes para alcanzar la meta fiscal del período