Contradicción sobre número de camas
En el día de ayer hubo un nuevo récord de pacientes en CTI, 174. Según los números de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), que advierte que son 796 las camas disponibles en el país, hay 524 plazas ocupadas. Esto equivale al 65,8% de total, y 21,9% corresponden a personas que están cursando el COVID-19.
Si uno suma las camas que dice tener disponibles la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y las que sostienen tener los prestadores privados, la cuenta da 886 (más que las 796 que advierte el sindicato). Esta diferencia se viene dando desde hace semanas, y los intensivistas lo que advierten, entre otras cosas, es que no hay capacidad para operar tanta cantidad de camas como el gobierno y los prestadores han informado.
El MSP, en tanto, viene hablando desde hace un año de que se puede llegar a 900 camas, y el paquete de medidas acordado la semana pasada (ver nota principal) busca que este número, incluso, pueda ser mayor.
La normativa indica que para abrir una cama de CTI se necesita un licenciado y un auxiliar de enfermería, y que el primero no puede tener a su cargo más de cuatro pacientes y el segundo hasta dos. Cada intensivista, en tanto, puede atender hasta cinco pacientes de cuidados intensivos y tres de intermedio.
Son unos 400 los intensivistas que hay en Uruguay, pero si la situación se desborda se apelará a residentes en medicina intensiva y personas que estén cursando el posgrado, luego de ellos serán médicos cardiólogos los que primero tomen ese rol (muchos de los cuales en este momento se encuentran haciendo un curso por si esto llega a ser necesario).
RECLAMO. Por otro lado, la Federación Médica del Interior (FEMI) —gremio de los trabajadores de la salud, no de los prestadores que están en Fepremi—, emitió ayer un comunicado en el que sostiene que el gobierno “desoyó” las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y que anunció “medidas restrictivas insuficientes”. El GACH había previsto nueve medidas para lo que Uruguay vive hoy en cuanto a la pandemia, que el gobierno de Luis Lacalle Pou decidió, por ahora, no tomar. Estas van desde limitar el tiempo en bares de 60 a 90 minutos, el cierre de los gimnasios —se cerraron todos los vestuarios— y el teletrabajo en privados y públicos no esenciales.
“Los equipos de salud ya muestran características de capacidad de respuesta moderada a limitada y el escenario que ubicaría al país en el nivel más alto de transmisión es inminente”, dijeron los médicos tras un plenario convocado de forma “grave y urgente” ayer.