En 2020, 12 casos fueron a la justicia

Además de los 694 ROS recibidos en 2020, la UIAF del Banco Central dispuso 11 investigaciones de oficio (en 2019 habían sido 2).

De los 705 reportes de sospecha de lavados y actuaciones de oficio, “se puso en conocimiento de la justicia penal competente la información relacionada con 12 casos a efectos de continuar las investigaciones en dicho ámbito al haberse detectado la existencia de indicios de posibles vínculos con actividades delictivas”, explicó el informe.

Esos 12 casos contenían “la información proporcionada en 43 reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados y en 2 investigaciones de oficio iniciadas por la UIAF”, agregó.

Además, “al amparo del artículo 24º de la ley 19.574 (de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo), durante el año 2020 la UIAF adoptó una resolución para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes al lavado de activos y la prohibición de acceso a un cofre fort”, indicó el informe. La justicia luego confirmó la medida de la UIAF y resolvió “mantener inmovilizado el activo y la prohibición de acceso al cofre fort”, añadió.

Según la unidad especializada del BCU, si se considera el último quinquenio (2016-2020), “los casos cuya información fue puesta en conocimiento de la justicia penal fueron 41, habiéndose dispuesto en 16 de ellos la inmovilización previa de los fondos involucrados por un total de US$ 5.709.867”.

En el período 2016-2020, el 54,5% de los ROS ha sido presentado por los bancos, seguido de empresas de transferencias de fondos con 9,3%, casinos con 7,2%, empresas de servicios financieros/casas de cambio con 4,7% y escribanos con 4,6%.