ARTISTAS GOLPEADOS POR LA PANDEMIA
Cuatro años atrás, cuando cumplió los 50, Daniel Romano decidió darle un vuelco a su vida y renunciar a su trabajo en una portería para dedicarse a actuar, una vocación que cada día le pedía una entrega mayor. Sin limitaciones para ensayar ni para llegar en hora a las funciones, dirigió y protagonizó distintas obras. Ganó tres veces el premio Florencio Sánchez, se sumó al elenco del teatro Stella, se convirtió en docente y además creó su propio taller de comedia, que en marzo de 2020 tenía más alumnos que nunca, hasta que el COVID-19 llegó para cambiar el libreto y dejó abierto el final de esta historia: en blanco.
“Semana a semana me planteo qué va a ser de mi vida porque estoy en la incertidumbre total. Suspendimos las clases hasta el 12 de abril —que es la fecha que marcó el gobierno para hacer un nuevo balance— pero veremos si la gente se anima a ir”, dice. ¿Mientras? Filma esporádicamente como extra para las series que las plataformas de streaming trajeron al país, entre otras razones atraídas por el Programa Uruguay Audiovisual, un plan que devuelve parte de las inversiones a los productores, surgido durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y que la administración actual amplió a una inversión de siete millones de dólares y se comprometió a repetir durante cinco años.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reconoce que la cultura es, junto al turismo, de los sectores más golpeados. Por tercera vez en un año sus trabajadores no pueden realizar espectáculos y la actividad de las academias está suspendida de forma presencial, lo que aleja a los interesados. Además, el COVID-19 dejó al descubierto el altísimo nivel de informalidad del sector, que era un secreto a voces cuya solución se posterga desde hace años. Ahora hay miles sin acceso al subsidio de desempleo.
La crisis es profunda salvo en su expresión más industrial, en el audiovisual, que vive una gran zafra y, aunque allí la regulación es mayor, “todavía subsisten situaciones que no son las adecuadas”, reconocen desde Gremio Cine y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), que agrupan a técnicos y actores. En esos sets tiene puestas las esperanzas la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein. “Ahí estamos con pleno empleo y estamos corriendo a contrarreloj para tener a más personas formadas; esperamos que derrame empleos en actores, técnicos y otras áreas artísticas como diseñadores, músicos y fotógrafos”.
Pero el coletazo del COVID-19 es tal que incluso en un rubro al que Wainstein califica como “suertudo” hay quienes perdieron su trabajo y contactan al sindicato Gremio Cine para completar por segunda vez —la primera fue en junio pasado— un formulario en el que declaran que no están percibiendo ingresos y no están vertiendo aportes al Banco de Previsión Social (BPS) para así acceder a una nueva tanda de subsidios que el Ministerio de Trabajo tiene sobre la mesa.
Mieres se excusa de dar detalles porque advierte que “está en pleno diseño”. Pero, según adelantó durante una conversación informal a un grupo de colectivos, esta vez el subsidio abarcaría a 7.000 trabajadores de la cultura y de eventos —el doble que en la edición anterior—, que durante tres meses percibirían unos 6.800 pesos.
Todos los gremios están recepcionando estas peticiones; hay tiempo hasta el día 14. En estas instancias escuchan situaciones tétricas. Sin acceso al subsidio por desempleo y sin shows, los bolsillos están vacíos. Hay músicos que venden sus instrumentos, teatros que rematan muebles, trabajadores que perdieron dos trabajos de tres y por ese único que les queda, por el que sí tienen aportes, son descartados de la ayuda del ministerio —que no contempla la particularidad del multiempleo que se da en el sector—; lo mismo pasa con dueños de escuelas que están vacías pero siguen pagando BPS.
Reunidos en torno a la Intersocial Cultural, los colectivos aprontan otro documento que le harán llegar a las autoridades. “Las medidas que recibimos hasta ahora han sido puntuales y no están acompasadas con la emergencia de la situación”, dice Andrea Degregori, de la Asociación de Danza del Uruguay. Piden una renta de un salario mínimo mientras no puedan trabajar, y una exoneración de los costos de agua y luz para aquellos que tienen locales, y no descuentos parciales como hasta ahora. Los artistas sienten que llegaron al límite.
LAS ACCIONES DEL MEC. Primero, hacían falta números. Wainstein, desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), repasa la cronología desde aquel 13 de marzo de 2020 y dice que comenzó por fortalecer el sistema de información cultural, dotando a la oficina de más manos para que hicieran los relevamientos necesarios para identificar a quien había que ir ayudando a medida que la emergencia sanitaria daba señales de extenderse.
Se contabilizó a los que habían cancelado las funciones y shows entre marzo y abril (2020), y se creó el fondo solidario Ruben Melogno —con fondos públicos, de empresas, organizaciones y donaciones particulares— con cuyos primeros aportes se compraron 11.700 entradas por un valor de 2.340.000 pesos.
De ese análisis surgió que uno de los principales daños lo sufrían quienes, además de no estar en una sala, habían tenido que dejar de dar clases. Se realizó un llamado (al que se presentaron 694 artistas docentes) para comprar a 100 de ellos un total de cinco clases por 10.000 pesos, que fueron subidas a la inaugurada plataforma Culturaencasa.uy. Esas 500 clases en línea insumieron un millón de pesos.
Con el foco en diseñadores y vestuaristas, se hizo un concurso para elaborar 3.000 tapabocas con motivos gráficos de reconocidos artistas nacionales; ganaron seis propuestas y se gastó 300.000 pesos.
Un nuevo relevamiento detectó a los artistas que tuvieron pérdidas del 50% de sus ingresos y más. A 189 se les dio un subsidio, que valió 2.952.000 pesos. Recientemente se pagaron tres millones de pesos por el programa Butaca solidaria, un apoyo a salas de espectáculos de aforo inferior a 300 localidades y a los artistas que trabajaron en ellas entre agosto y diciembre de 2020.
Según cifras oficiales, 9.592.000 pesos fueron otorgados por el MEC específicamente para lidiar con el impacto de la pandemia. Sumándole a esa cifra la continuidad de otros fondos preexistentes y el incremento
No es oficial, pero Mieres planteó a gremios subsidio de 6.800 pesos por tres meses para 7.000 artistas.
de presupuesto para algunos institutos, se llega a la difundida cantidad de 100 millones de pesos gastados en 2020.
EL APORTE DE LAS INTENDENCIAS. Desde la Intendencia de Montevideo (IMM), la directora de Cultura María Inés Obaldía hace cálculos. La primera decisión fue cancelar el desfile de Llamadas. “Ahí empezamos a pensar en distintas medidas de mitigación, porque por un lado se inhabilitaba lo artístico pero a su vez la IMM prioriza las situaciones que generan trabajo, entonces tuvimos que buscar un equilibrio para achicar el daño”, dice.
Se redireccionó un capital previsto para el concurso de Carnaval en la creación del fondo “Cachila” Silva, que acaba de liberar
el pago de 15 millones de pesos para 1.570 artistas y técnicos registrados en la prueba de admisión de 2021 y los clasificados de la Liguilla de 2020. Para los concursantes de las Llamadas se prevé la donación a modo de comodato de una vivienda que les sirva como sede y la construcción de un memorial donde llegaron los primeros esclavos.
De los 600 postulantes al concurso La cultura va por barrios, 200 fueron seleccionados. Recibirán 10.000 pesos quienes hagan dos intervenciones escénicas y 15.000 los que monten instalaciones. A esas cifras se les suman los aportes; en total se destinarán cinco millones de pesos. Como el incremento de los contagios no permite prever una fecha de ejecución, se decidió liberar el pago del 50% bajo compromiso de cumplimiento de los beneficiarios.
También se adelantará el 50% de un monto total de 2.800.000 pesos a los ganadores del programa (preexistente) de Fortalecimiento de las Artes, ya que no han podido concretar sus actuaciones.
A estos apoyos se les agregan las exoneraciones que anunció la intendenta Carolina Cosse, como la del impuesto a los espectáculos públicos (que regirá hasta el 30 de junio) siempre que no superen los 800 espectadores, y la de la tasa general y el adicional mercantil de enero a junio de 2021 a los cines. Por números rojos de contagios entre los municipales, y siguiendo las indicaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), las salas municipales se mantendrán cerradas.
En el interior del país, los apoyos de los gobiernos departamentales son variados. César García, secretario del Congreso de Intendentes, confirma que “no ha habido una discusión grupal sobre cómo reaccionar frente al debilitamiento de la cultura”. Reconoce el estancamiento que generó la suspensión de los tradicionales festivales de música.
Desde la Asociación de Teatros del Interior, Mercedes Rusch dice que dependiendo de la localidad los teatros tienen una relación más o menos cercana con las intendencias y las alcaldías. Les han llegado los apoyos del gobierno, al igual que donaciones que envían colectivos como SUA. Pero, ¿es suficiente? “No. Hay mucha gente que está padeciendo este parate”.
APAGADO Y ENCENDIDO. Se huele el miedo en la gente, dice el músico Germán Arteaga. Con el dúo Dos guitarras pasó de hacer unos 430 shows por año a... ya no saca las cuentas. Entre medio de los tres cierres que sufrió el sector, logró trabajar y le fue bien. Pero ahora no sabe cómo mirar hacia adelante sin la posibilidad de tocar en vivo y al no disponer del cobro de derechos de autor en Agadu. “Sinceramente no le veo escape, no hay de dónde rascar”, dice. Está pensando en un plan b.
Todo cambió. “Una de las enormes pérdidas que nos dejará esta situación es que hay muchas personas que vivían profesionalmente de la música que empiezan a buscar otros horizontes porque no les da la actividad”, admite Leandro Quiroga, del colectivo Uruguay es Música, que reúne a managers, dueños de salas, productores y técnicos de una actividad que genera unos 15.000 empleados directos.
Seis de los socios ya cerraron las puertas. “Las medidas pensadas para las empresas, para nosotros han sido prácticamente nulas porque estaban condicionadas a tener un local o se basan en una facturación que está siendo inexistente para el sector”, opina. Reclama que el cierre de la actividad es una medida “drástica” que no se condice con el resultado de la aplicación de protocolos, “porque no se generó ni un solo foco mientras pudimos trabajar”. Tal como él lo ve, “no es justificado el cierre”. “No funcionamos apagándonos y prendiéndonos, porque para vender tickets necesitamos tiempo para comunicar el show, promocionarlo y generar las ventas”. Cree que se debe dar una señal de apoyo contundente como la que se aplicó al transporte cuando se subvencionó el 50% del aforo limitado para viajes interdepartamentales.
En la misma línea opina María José Santacreu, de Cinemateca, la única sala de cine junto a Grupo Cine Punta Carretas que estaba activa. “Si me cierran y tienen abierto al resto, ¿qué efecto tendrá en la salud?. Lo peor que te puede pasar es que no le veas congruencia a lo que te están pidiendo que hagas porque las 30 personas que podían estar en la sala las veo en el bar”. El impacto se mide así: “A los socios que habíamos logrado en el último tiempo los perdimos. Estamos como en los viejos malos tiempos”. Pensando en la reapertura, colectivos como el de las escuelas de danza y gimnasios piden al gobierno que contemple una ayuda gradual, “considerando lo que significa soportar costos fijos con un 30% del alumnado”, dice Paola Garabedian. Ya cerraron 10 escuelas y 50 gimnasios. No están pudiendo cerrar la ecuación.
BLANQUEAR EL TRABAJO. Mieres cuenta una anécdota que le transmitió un músico. Estaba en un boliche tocando y cae una inspección; el funcionario entrevistó a todos los trabajadores menos a él, que era el protagonista del show.
“Hay una cosa instalada de que el arte está como en otro andarivel y eso hay que cambiarlo. Es un tema de cómo se conciben los propios artistas, pero también hay un problema de normas”, reconoce el ministro. Las reuniones con los distintos colectivos son permanentes y Mieres asegura que la regularización del sector y “la búsqueda de una solución para sostener los riesgos que suponen la pérdida del empleo y la jubilación” están en la agenda de la Dirección Nacional de Empleo.
Poner a la cultura “en blanco” es una misión también en el MEC. “Se está revisando toda la legislación existente —incluso la que falta reglamentar y presupuestar, como la de promoción y desarrollo del teatro independiente— con una premisa que es armar una ley paraguas para tomar en cuenta a todos los sectores y armonizar las normas entre sí”, dice Wainstein, la directora nacional de Cultura.
Pero, si el Estatuto del Artista es ley desde 2009, ¿por qué le ha costado imponerse en las relaciones laborales? Alicia Dogliotti, presidenta de SUA, reconoce que hay parte de responsabilidad de los artistas y parte de quienes los emplean. “Ni siquiera se le ha dado difusión dentro del Estado. Es común que los propios funcionarios del BPS no la conozcan ni la entiendan”, dice.
En el Carnaval “nadie cobra aportes”, dice Myriam Bertolini del Sindicato Único del Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay. En otros ámbitos, la mayoría de los artistas, cuando les exigen una factura, optan por solicitar a las cooperativas de trabajo una que deja en sus manos la responsabilidad de hacer el pago en el BPS, el que evitan para ahorrarse un costo cercano al 30% que difícilmente puedan trasladarle al contratante.
José Luis Azaretto, presidente de la Federación Uruguaya de Músicos y de Agremyarte, el sindicato de músicos y anexo, explica que normalmente “ni el Estado ni los privados exigen los aportes ni los pagan”. Dentro de lo malo de la pandemia, “lo bueno es que nos obliga a encarar la regularización de una vez por todas”. Dogliotti, de SUA, plantea que hay que inspeccionar más, y en todas las ramas culturales, para hacer valer la norma.
Mientas tanto, hay muchos artistas que sí han pagado sus aportes siguiendo la flexibilidad en la frecuencia de estos que incorporó el Estatuto del Artista, pero no pueden cobrar su seguro de desempleo. ¿Por qué? Sergio Navatta, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Músicos, explica que una semana después de promulgarse el estatuto se modificó la norma que pone las condiciones para acceder al seguro de paro sin tener en cuenta las salvedades en los aportes que se acababan de aprobar para los artistas. Quedaron afuera. Para corregirlo, en noviembre pasado presentaron un proyecto de ley. Todavía no han tenido respuesta.
El MEC destinó 9,5 millones de pesos en subsidios y concursos para mitigar el impacto del COVID-19.