Mides no dio curso a 250 reclamos
Alertaron a Fiscalía; son quejas de personal sancionado o trasladado desde 2009
Nicolás Martinelli, exdirector de Secretaría del Mides y actual asesor del presidente, Luis Lacalle Pou, y el abogado penalista Gustavo Bordes ampliarán la próxima semana la denuncia penal en Fiscalía realizada contra la anterior administración frenteamplista de la cartera.
Martinelli y Bordes entregaron al fiscal especializado en Delitos Económicos Enrique Rodríguez un documento donde constan datos sobre eventuales irregularidades administrativas en el ministerio. El informe fue anexado a la denuncia penal. Relata que, por ejemplo, las actuales autoridades del Mides encontraron un placard con 250 expedientes de recursos administrativos presentados por funcionarios que no habían sido tramitados. Algunos de esos expedientes datan de 2009 y otros llevaban en el placard más de un año, lo cual vulneró derechos de los reclamantes.
En la próxima semana, el exdirector de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, y el abogado penalista, Gustavo Bordes, presentarán en la Fiscalía una ampliación de la denuncia por supuestas irregularidades ocurridas en la pasada administración de dicha cartera.
La denuncia, que es investigada por el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, refiere a varios ítems: alquileres de ONG pagos por el Mides y que no fueron volcados a los propietarios de los inmuebles arrendados; el abandono de un contenedor en el Puerto de Montevideo con insumos médicos donados; y el sobrestock de alimentos y materiales encontrados en los depósitos del ministerio.
Además de la denuncia penal, Martinelli y Bordes entregaron al fiscal un documento que contiene supuestas irregularidades funcionales, administrativas y presupuestales detectadas en el Mides por una auditoría interna iniciada tras la asunción del actual gobierno.
A poco de ingresar en el ministerio, los nuevos jerarcas encontraron un placard lleno de expedientes del INAU y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) —u organizaciones que le precedieron con otro nombre, pero con la misma función—. Muchos de esos expedientes llevaban 10 años allí sin haber sido resueltos, según dice el informe en poder del fiscal Rodríguez.
Esos documentos refieren a recursos administrativos presentados por funcionarios del Mides por traslados supuestamente indebidos de una sección a otra, sanciones disciplinarias o sumarios presuntamente ilegítimos. Ello, según una fuente del caso, es una muestra del “desorden” que imperaba en el Mides en la pasada administración.
El informe sobre esos recursos administrativos, al que tuvo acceso El País, señala que, al asumir las nuevas autoridades, en el área Jurídica “no existían plazos preestablecidos” para informar sobre expedientes administrativos, lo que llevó a “una acumulación” de los mismos, los cuales tenían en algunos casos más de un año de atraso.
“Se detectaron más de 250 expedientes con recursos administrativos pendientes desde el año 2009, correspondientes a INAU e Inisa”, dice el documento y alude que los derechos de los funcionarios reclamantes se vieron vulnerados por dicha demora.
Además, agrega que la División de Servicios jurídicos del Mides era “escasamente consultada” por las autoridades de la cartera; no participaba en la elaboración de los pliegos y no se le informaba de las licencias sin goce de sueldo.
Ante estas situaciones, el exdirector Nacional de Secretaria del Mides dictó dos resoluciones: una de ellas fija plazos que obligan a Jurídica a expedirse con celeridad sobre los expedientes —entre ellos los recursos administrativos— y la otra establece que todos los abogados del ministerio pasan a depender de esa repartición.
Para organizar la toma de decisiones administrativas, el actual gobierno creó y rediseñó rutas de los expedientes electrónicos. Por ejemplo, las licitaciones deberán pasar por Jurídica, algo que sostienen no sucedía en la anterior administración.
CERTIFICACIONES MÉDICAS. El informe dice que se constató, una “amplia demanda” de consultas psicológicas referidas a diferentes motivos, las que no se respondían por la “inexistencia” de un protocolo de intervención y la “falta de una política clara” en materia de asistencia para los funcionarios teniendo en cuenta las particularidades de la cartera y la alta exposición a situaciones de estrés.
“Tampoco se realizaban análisis multidisciplinarios sobre los motivos de licencias médicas, y se encontró una importante acumulación de unos 600 certificados médicos sin archivar”, advierte el informe. Y agrega que “es imposible” establecer cuáles son las principales causas de enfermedad, pero se estima que, desde el año 2018 hasta agosto de 2020, el costo por certificaciones asciende a $ 82 millones que representan aproximadamente 43.611 días de licencia médica.
En dos años, el costo de certificaciones médicas en Mides fue de $ 82 millones.