Tributo mundial, efecto local
La propuesta que llevó Estados Unidos a otros 136 países del mundo
La propuesta que llevó Estados Unidos a otros 136 países del mundo.
El lunes la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que trabajan con los países del G-20 para acordar una tasa de impuesto a empresas mínima global para poner fin a una “carrera de 30 años a la baja en las tasas impositivas corporativas”. Yellen aseguró que era importante “poner fin a las presiones de la competencia fiscal” y asegurarse de que los gobiernos “tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes en bienes públicos esenciales y respondan a las crisis”. El miércoles el Financial Times dio a conocer detalles de la iniciativa estadounidense (ver aparte).
¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede impactar esto en Uruguay? El País consultó a abogados tributaristas al respecto.
El director del posgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza-keel señaló que “con realismo” ve “muy bajas” posibilidades de aplicación práctica “en el corto plazo”.
“Ya existen procesos con el mismo propósito a nivel internacional desde hace décadas, el más emblemático en la Unión Europea, y no han logrado hasta ahora cristalizar, pese a que tuvieron resultados nada despreciables. Ejemplos como las sanciones a regímenes especiales para propiedad intelectual como el que tenía Irlanda, con una tasa impositiva baja en el contexto corporativo europeo, dan cuenta de ello. Pero en Europa se vio desde el comienzo que no era tarea sencilla evitar la competencia fiscal que pueda considerarse ‘desleal’ entre países bajando las tasas impositivas”, explicó.
“Además, esa carrera es más sofisticada de lo que parece, y muchas veces supone una reducción las ‘tasas impositivas efectivas’, que no son los ‘tipos nominales’, pues se logran con normas que pasan desapercibidas en la forma de determinar las bases imponibles de los impuestos corporativos. Por eso en Europa se trabaja desde hace muchos años en una ‘base imponible única’”, agregó.
El fundador de la firma FBM
Advisory, Fabián Birnbaum es “a priori escéptico sobre el tema”. Porque “históricamente los países han competido tributariamente y mayoritariamente antepusieron sus intereses nacionales y recaudatorios ante cualquier interés global”, afirmó.
“Es justo decir que si bien por un lado ha habido un avance enorme en materia de intercambio de información y cooperación fiscal en los últimos años, pero también es real que no ha habido consensos en materia de como gravar ciertas actividades económicas como la economía digital en la cual mientras la OCDE continua discutiendo el mejor criterio técnico a aplicar, gran parte de los países han adoptado medidas unilaterales sobre cómo debe ser la tributación de dicho sector”, agregó. Uruguay es uno de ellos.
“En esta línea de razonamiento, supongamos que una multinacional accede a pagar X monto de impuestos a nivel mundial y que los países debieran de definir cómo atribuir ese pago global entre ellos y no hagan que cada contribuyente se tenga que enfrentar con cientos de autoridades fiscales simultáneamente. ¿No sería más sencillo y justo esto? ¿Sería viable de aplicar? Este supuesto nos sirve para ilustrar que el problema tributario es un tema estructural del mundo y que los países compiten por recaudar impuestos. El hecho de que se pretendan derribar todas las barreras tributarias no soluciona el problema verdadero sumado a que la corriente nacionalista y proteccionista va a contrapelo de dichas intenciones”, afirmó Birnbaum.
Para el profesor de Fiscalidad Internacional del posgrado de Especialización Tributaria de la Universidad Católica y socio del estudio Brum/costa, Leonardo Costa, “la viabilidad” de esta idea “va de la mano de modificaciones en reglas de precios de transferencia y un consenso de otorgar créditos fiscales para evitar una superposición impositiva o doble tributación. El riesgo que tiene es que genere una guerra tributaria entre los países de la residencia si es que la OCDE no establece un estándar común. Por ende, creo que la propuesta propende a un mensaje político y a la elevación de los tipos impositivos”.
EFECTOS EN URUGUAY. Para Costa, “todos estos mecanismos por los que se busca proteger la base tributaria de los países de la residencia implican un desafío para los países como Uruguay que deben proteger su base tributaria con mecanismos como reglas candado o normas antiabuso. La mejor política que tiene Uruguay para ello es ampliar aún más su red de convenios para evitar la doble imposición y de esa forma proteger la base tributaria y exigir respeto a esos convenios a los firmantes”.
Según Loaiza-keel “desde el punto de sus niveles de tasas de imposición corporativa, Uruguay está perfectamente alineado a los tipos de la OCDE, lo mismo que en presión fiscal, así que no debería afectarle en lo inmediato”.
De todas maneras, advirtió que “hay que tener presente algo muy relevante: luego de años con una relación difícil entre Estados Unidos y la OCDE en la era (de Donald) Trump, (el nuevo presidente estadounidense Joe) Biden ha mostrado decididamente lo que muchos presumíamos: que volverá a apoyarse en la institución y a aprovechar sus ámbitos multilaterales para ejercer presión en favor de sus intereses, algo que ya sucedió de 2008 en adelante, y Uruguay lo debería recordar”.
“Ahora ya hemos convergido a los estándares internacionales tributarios y no debemos temer represalias internacionales en lo inmediato, pero debemos sí quitarnos de la cabeza que la OCDE ha perdido protagonismo y cesará la presión sobre regímenes promocionales como zonas francas, Promoción de Inversiones o exenciones para rentas en el exterior. La diplomacia en el mundo tributario internacional será clave”, concluyó Loaiza-keel.
Para Birnbaum “es difícil aventurar cuáles serían efectivamente los cambios, pero lo que Uruguay debería hacer es intentar que dichos cambios no afecten la radicación de empresas ni capitales en el país”.