La economía y el COVID ante FMI
Un repaso de lo que dijo el gobierno ante 189 países en el organismo.
Las reuniones conjuntas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) —que se celebran dos veces al año— volvieron a ser virtuales por el COVID-19. Al igual que los otros países miembros, al gobierno de Luis Lacalle Pou le tocó hacer una presentación ante los restantes 189 países del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI.
El encargado de hacer la presentación ante el comité fue el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, ya que ese país tiene la titularidad de la “silla” en el comité (compartida con Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay). La declaración fue preparada por la delegación uruguaya —es algo habitual en reuniones del FMI y el BM anteriores— y se dio el pasado 8 de este mes, aunque recién fue divulgado el discurso por el organismo.
Cuando Guzmán leyó la declaración de Uruguay, en los primeros siete días de abril habían muerto en el país 257 personas —más que en todo 2020— y ya se ubicaba entre los países del mundo con más fallecidos diarios por coronavirus por millón de habitantes. En ese contexto, el gobierno de Lacalle Pou señaló ante los 189 países miembros que “desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 el 13 de marzo de 2020 en el país, el gobierno ha centrado todos los esfuerzos en proteger vidas, contener la propagación del virus y mitigar su impacto social y económico”.
“Después de haber contenido efectivamente el virus COVID-19 durante la mayor parte de 2020, Uruguay enfrentó su primera ola de casos en noviembre de 2020”, indicó la declaración, sin otras menciones a la ola de contagios y muertes que ya se enfrentaba desde marzo.
Guzmán leyó la declaración uruguaya que explicó ante los países que “la respuesta al shock COVID-19 ha privilegiado la libertad individual con responsabilidad social y una coordinación efectiva entre el sector público, privado y la comunidad científica”. Además destacó que “las vacunaciones no obligatorias comenzaron el 1º de marzo, con el objetivo de inocular aproximadamente al 80% de la población”.
El gobierno de Lacalle Pou expresó que “la respuesta de salud pública a la pandemia estuvo acompañada de medidas fiscales y monetarias para salvaguardar el empleo, los ingresos y el sector productivo”.
“La respuesta al COVID-19 ha privilegiado la libertad individual”.
El ministro argentino leyó por Uruguay que “las medidas fiscales incluyeron proteger los ingresos de los hogares y el capital humano a través de transferencias directas de ingresos, expandir el seguro de desempleo y salud y proporcionar desgravaciones fiscales, entre otras” y que “en general, en 2020, los recursos para mitigar el impacto de la pandemia ascendieron a US$ 1.217 millones o el 2,3% del PIB”.
Esta cifra es discutida porque más de la mitad de la misma (US$ 690 millones, según señaló la propia declaración) fueron en garantías para crédito a través del Sistema de Garantías (Siga) Emergencia. Eso no es dinero que el Estado deba asumir, sino que en todo caso debería gastar si en el futuro ninguno de los créditos son pagados (algo extremadamente improbable).
Sobre la situación económica, el gobierno de Lacalle Pou dijo ante los otros 189 países miembros del FMI que “si bien se está produciendo una incipiente recuperación, el brote de COVID-19 afectó negativamente el crecimiento económico de Uruguay en 2020”.
“A medida que la economía se recupere, se espera que mejoren las condiciones del mercado laboral”, añadió.
La declaración leída por Guzmán insistió en que “la recuperación del mercado laboral es de suma importancia para apoyar los ingresos de los hogares y el bienestar de la población”.
A su vez, el gobierno de Lacalle Pou aprovechó para criticar implícitamente a la administración anterior del Frente Amplio. “Una gestión más eficiente y mejor de los recursos fue fundamental para hacer frente a la pandemia, y dirigió el apoyo a los sectores más vulnerables. A pesar de una pérdida de US$ 2.000 millones en ingresos públicos derivada de la pandemia COVID-19, las proyecciones fiscales para 2020 establecidas en el Presupuesto se cumplieron (el déficit fue 5,9% del Producto Interno Bruto, frente a una meta de 6,5% del PIB) sin aumentar los impuestos”.
Mientras Argentina tiene problemas para obtener financiamiento, su ministro de Economía debió leer que Uruguay utilizó en 2020 líneas de crédito contingentes con organismos
internacionales, reabrió un bono en dólares y emitió otro en Unidades Indexadas a la inflación a 20 años de plazo.
A su vez, la declaración de Uruguay ante sus pares remarcó los cambios normativos incluidos en la ley de urgente consideración y en la ley de Presupuesto. “Una agenda ambiciosa para abordar la desaceleración de la economía prepandémica, el deterioro fiscal y el aumento de la carga de la deuda”, afirmó la declaración que leyó Guzmán.
“Aunque las perspectivas para la economía mundial han mejorado, sigue habiendo una mayor incertidumbre en medio de la persistente presencia de la pandemia. El escenario económico en Uruguay sigue estando muy determinado por la evolución de la pandemia. En febrero de 2021, el gobierno anunció nuevos recursos adicionales, que se administrarán a través del Fondo de Coronavirus, una cantidad que evolucionará según sea necesario. Mientras tanto, se mantendrá el estímulo monetario. El gobierno mantiene su compromiso de continuar apoyando plenamente a los sectores más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas, y a sentar las bases para un crecimiento económico sostenible”, concluyó.