Puerto: el gobierno acusa a firma Montecon de actuar “ilegal”

Según prosecretario de Presidencia, puede entenderse que hay un “monopolio natural”

Desde que un decreto del Poder Ejecutivo a fines de abril estableció un cuasi monopolio para la carga y descarga de contenedores en el puerto —para evitar un juicio (ver aparte)—, hay un lío planteado entre Katoen Natie, propietario del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores), Montecon que opera en los muelles públicos y el gobierno.

El planteo de Montecon es que la ley que creó TCP (luego se subastaron sus acciones) y su decreto reglamentarios establece que “la terminal prestará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del puerto”. El planteo de Katoen es que la ley de Puertos del año 1992 y algunos de sus decretos establecen que hay una sola terminal para operar contenedores y los muelles públicos son de uso excepcional para manejo de ese tipo de buques.

El gobierno se afilia a esta segunda tesis y compareció en la comisión de Transporte del Senado el miércoles para explicarla.

Según la versión taquigráfica de la reunión, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, señaló que en la operación de contenedores en el puerto “podría entenderse que existe un monopolio natural o económico —no de derecho, pero sí natural o económico— en el sentido de que cuando se quiso introducir un proceso competitivo para adjudicar otra terminal especializada no hubo oferentes”. Esto es cuestionado por la oposición (ver aparte).

Ferrés dijo que el gobierno se basa en el artículo 72 del decreto 183 del año 1994 que dice: “Las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin. La operación de contenedores en los muelles de carga general” —es decir, en los muelles públicos— “será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas”.

En base a ello, el prosecretario de Presidencia indicó que “en principio, las operaciones de contenedores se efectúan únicamente en esas terminales” especializadas y que “mientras exista capacidad, solamente en ellas deben de operar las actividades de los contenedores. Si las terminales especializadas colman su capacidad operativa, entonces sí, se puede operar con contenedores en los muelles públicos”.

“Por la importancia que tiene la terminal de contenedores es que se ha producido una delicada tensión entre la libre competencia y la eficacia requerida para que la actividad portuaria sea acorde al desarrollo del país”, apuntó Ferrés.

Como Katoen Natie “consideró que estaba siendo lesionada en sus derechos por existir otras empresas que desarrollaban la misma actividad sin título habilitante de concesión y sin cumplir con determinadas condiciones de igualdad con la otra empresa, en 2019 se notifica al Estado uruguayo del inicio de la demanda internacional por daños y perjuicios” (ver

aparte), explicó. Entonces, ¿qué pasa con Montecon que operaba carga y descarga de contenedores en los muelles públicos? La empresa opera desde el año 2000 (es decir durante la administración de Jorge Batlle que subastó TCP y durante las tres administraciones del Frente Amplio que intentaron licitar una segunda terminal de contenedores y cuya licitación quedó desierta) y es propiedad de Neltume Ports, cuyos accionistas son la chilena Ultramar y la canadiense ATCO.

Pero, según el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, en esos 20 años había en el puerto de Montevideo “una situación irregular, por calificarlo suavemente”.

“La actuación en los muelles públicos llevada a cabo por otra empresa (N. de R.: alude a Montecon sin nombrarla) era ilegal”, afirmó Heber.

El ministro argumentó que el “artículo 11 de la ley de Puertos” establece que “otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, a los fines de que realicen servicios portuarios necesariamente debe tener la aprobación del Poder Ejecutivo” y “esto no fue lo que sucedió con una empresa que actuaba en los muelles públicos, ya que los permisos eran otorgados por la Administración Nacional de Puertos (ANP)”.

Según Heber, “se ha cuestionado jurídicamente algo a lo que me gustaría hacer mención”, que es que “implícitamente, había generado una suerte de derogación del artículo 72 y esto tampoco es así por dos consultas realizadas”. El ministro hace referencia a lo que el abogado de Montecon, Gonzalo Lorenzo, dijo en entrevista con El País: la ley que creó TCP estableció como condición que “se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten”, y dice enseguida: “no se comprometerán restricciones para operar en otros sectores del puerto”. Según Lorenzo el artículo 72 del decreto de 1994 “no dice” que la carga deba ir a una terminal especializada “pero si lo dijera fue derogado por las normas posteriores”.

Heber planteó que ante una consulta de Katoen Natie el presidente de la ANP durante los dos últimos gobiernos frenteamplistas, Alberto Díaz, respondió que “‘esta administración en lo atinente a la operación de contenedores en el puerto de Montevideo y en todos los casos ha dispuesto concentrar la misma en áreas específicas destinadas a ese fin’. Lo que, de alguna manera, estaba

“Debe haber una terminal especializada de contenedores, otra de granos, etc.”

corroborando que el decreto 183/94 estaba vigente por parte de la ANP”.

Heber aseguró que si bien “hablamos de irregularidades, pero creemos que la empresa a la que estamos haciendo mención debe continuar actuando en el puerto en un régimen de concesión y no de permisos provisorios. Por eso, estamos interesados en que progrese una iniciativa de carácter privado que estamos estudiando para que deje de ser permisario y actúe en régimen de concesión, en un puerto que visualizamos como una terminal multipropósito (...), pero siempre bajo la ley y los decretos que la reglamentan y no por fuera de ellos”.

“Debe haber una terminal especializada de contenedores, una de granos, una de pesca, una de celulosa y otra multipropósito como la que estamos planteando. Esta es nuestra visión”, concluyó el ministro.