De sentido común
Se puso de moda hablar del “pase verde” y su viabilidad. La propuesta fue presentada por el senador blanco Jorge Gandini y su implementación permitiría concurrir a los ya vacunados a actividades sociales, culturales, turísticas y recreativas. Se aplicaría por ley y a partir de agosto.
Si bien atractiva, la idea tiene sus bemoles. Tanto el senador Guido Manini Ríos como el ministro de Trabajo Pablo Mieres hicieron reflexiones, indicando que hay que manejarse con cuidado al respecto.
Gandini entiende que un pase de esas características ayudaría a reactivar la economía. En lugar de tener todo cerrado, algunas actividades empezarían a funcionar con los que ya fueron vacunados.
Manini, si bien comparte la preocupación por estimular la vacunación y aunque no tiene una decisión respecto al pase, advirtió “sobre el riesgo de transformar en obligatorio lo que hasta el cansancio se dijo que no iba a ser obligatorio”.
A su vez, en el programa Desayunos Informales, Mieres dijo no estar de acuerdo “con que haya una discriminación entre los trabajadores en el empleo según si la persona se haya vacunado o no”. Reconoció que la propuesta de Gandini puede ser un motor para la reactivación y para generar empleo, pero también se preguntó si un empleador puede exigirle a un trabajador el certificado de vacunación para seguir trabajando o para contratarlo.
Mieres entiende que no, entre otras razones porque por el momento, la vacuna no es accesible para todos y al quedar todavía gente que no fue agendada, nadie puede exigirle que presente un pase. De todos modos, Mieres cree que si la vacuna no es obligatoria “no se le puede exigir a una persona para que pueda acceder a un puesto de trabajo”.
Si se aprueba una ley de “Pase verde”, la vacunación se transformaría en obligatoria de modo parcial e indirecto.
Sea como sea, no debería haber ningún impedimento para que un hotel, por ejemplo, solo acepte pasajeros vacunados. De ese modo puede seguir funcionando y ofrecer cierta seguridad a sus clientes. La decisión la toma quien administra el hotel y no parece necesaria una ley de “Pase Verde” que se lo permita.
Aun cuando el Estado diga que no es obligatorio vacunarse, es razonable que empresas e instituciones lo requieran de clientes, espectadores, viajeros y también a quienes trabajan en áreas que podrían considerarse sensibles.
Tiene razón Pablo Mieres cuando dice que todavía queda mucha gente por vacunar y por lo tanto sería discriminatorio imponer una medida así. De hecho la propuesta de Gandini sería para aplicar recién en agosto, cuando se supone que el proceso de vacunación se completó.
Aun así, como la vacunación empezó primero por sectores (antes que por edades), es lógico que quienes usen determinados servicios quieran saber si el personal a cargo está vacunado.
El ejemplo clásico es el de la educación. Se fijó una fecha especial, apenas llegaron las dosis, para que quienes trabajaban en la enseñanza fueran (con los de la salud) los primeros en vacunarse. La decisión tenía sentido: el personal de centros educativos está expuesto, puede contagiarse y además afectar a compañeros y estudiantes.
Esa fase ya culminó y por lo tanto es lógico que los padres de escolares y liceales pretendan que en los centros donde estudian sus hijos estén todos vacunados. Eso llevaría a que estos centros le exijan a su personal que presente la correspondiente constancia. No lo hace el gobierno ni una ley (ni tiene por qué hacerlo) sino una escuela, un liceo que quiere actuar con responsabilidad ante quienes concurren allí.
Por eso llamó la atención la postura del sindicato de los trabajadores de la salud de no recomendar a sus asociados vacunarse. El argumento era que si el gobierno no lo hacía obligatorio, ellos no tenían por qué pedirle a sus afiliados que lo hicieran. Sin embargo, su función como sindicato es proteger a su gente y lo único que tenía que hacer era aconsejarle que se inoculara.
Si bien se dio prioridad a personal de salud y de educación, un porcentaje importante no se vacunó. Eso no impide que quien está del otro lado, el paciente, con toda lógica exija ser atendido por personal vacunado. En consecuencia su “prestador de salud” a su vez deberá exigir a su personal que lo esté. Ese personal tuvo acceso a la vacuna antes que el resto del país y era su deber usar la oportunidad.
Muchas empresas piden requerimientos a sus empleados que no son imposiciones legales dispuestas por el Estado. Algunos obligan a usar uniforme. Otros exigen que se cuente con determinado nivel de conocimientos. Otros requieren pruebas de aptitud antes de tomarlos. Esto ocurre desde siempre. Lo mismo puede decirse en este caso; más allá de si es o no obligatorio, nada impide que para determinados servicios se le pida al personal constancia de vacunación y en casos muy específicos, también al cliente o al paciente.
Es de sentido común y no se necesita que desde arriba alguien dé luz verde.
Aun cuando el Estado diga que no es obligatorio vacunarse, es razonable que empresas e instituciones lo requieran.