Vivienda: aumentan reclamos a la Justicia
Según la ministra, hay 11 nuevas acciones de amparo
Después de tres sentencias que obligaron al Ejecutivo a entregar viviendas a familias del asentamiento Nuevo Comienzo, la ministra Irene Moreira confirmó en el Parlamento que ingresaron 11 nuevos recursos contra el Estado.
La falta de un presupuesto asignado para cumplir con los fallos judiciales preocupa al gobierno. La ministra afirmó que no tiene un stock de viviendas disponibles para entregar. En tanto, el subsecretario Tabaré Hackenbruch opinó que es “malo” para los poderes del Estado que la Justicia sea la que dictamine quiénes serán los beneficiarios de una vivienda.
LHizo lugar a tres acciones de amparo presentadas por familias del asentamiento Nuevo Comienzo contra el Estado. a Justicia determinó en tres oportunidades que el Poder Ejecutivo debía otorgar —en plazo de horas— viviendas a familias que iban a ser desalojadas de sus casas. Según el gobierno, ahora ingresaron 11 nuevos recursos de amparo y existe preocupación por los fallos, ya que no hay un monto presupuestal asignado para este fin.
En los primeros días de abril, la Justicia hizo lugar al recurso que presentó una familia que había ocupado un terreno privado en el asentamiento Nuevo Comienzo y obligó al ministerio a otorgar una vivienda en 24 horas. Otro fallo del mismo mes le dio 72 horas al gobierno para brindar “una solución habitacional” a una pareja con dos hijos. La otra sentencia similar data del 26 de marzo.
Este tipo de resoluciones judiciales inquieta a las autoridades, según admitió la ministra Irene Moreira en su comparecencia a la Comisión de Vivienda, el 5 de mayo. Moreira fue citada por el diputado colorado Walter Cervini por el aumento de los asentamientos.
“Acá lo que realmente nos preocupa desde el lado del ministerio es el tema de los antecedentes que dejamos. Quiero que quede claro que no es problema de no querer dar esa vivienda. ¡Ojalá pudiéramos solucionar no solo a estas familias con estos niños, sino a las 200.000 personas que se encuentran hoy en esta situación!”, señaló
Moreira, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.
En ese marco, explicó como respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereyra que para adquirir una vivienda por las vías correspondientes hay que seguir todo un trámite, que implica un estudio y seguimiento de las familias, que con este tipo de fallos se saltea.
“El antecedente que estamos dejando para el futuro es muy difícil”, planteó la ministra en relación a que no existe un stock de viviendas sobre el que se pueda echar mano para cumplir las sentencias.
En ese sentido, prosiguió: “¿Cuál es el presupuesto designado? Bueno,
realmente no sabemos, porque no sabemos cuántas acciones de amparo de este tipo vamos a tener. Hoy fueron tres, pero tenemos entendido que hay 11 que están entrando”. Además, planteó que las personas que “están cumpliendo y esperando en forma normal y obediente” por su casa se pueden ver desestimuladas por estos fallos.
“Pueden decir, aunque sea una forma mala, me voy por este otro camino si es que voy a tener una
Juan Ceretta. solución de vivienda más pronto”, aseguró la ministra. A su vez, reconoció que se está “en una nube”, ya que es muy difícil poder calcular un presupuesto.
“El ministerio no tiene un stock de viviendas; no tengo una bolsa donde yo puedo el día de mañana repartir como quien reparte barajas. Además, estaría muy mal de parte nuestra que habiendo 60.000 o 70.000 de déficit habitacional y el número de asentamientos que hay, tuviéramos una bolsa de stock de vivienda y no las estuviéramos dando”, subrayó Moreira.
Algo similar opinó el subsecretario Tabaré Hackenbruch, quien planteó sus reparos a que la forma de acceso a una vivienda sea la judicial. “La razón que se esgrime en esa acción de amparo son los derechos de los niños frente a un desalojo. En un futuro todos los desalojos que tengan niños podrán realizar lo mismo. Por eso es muy difícil predecir una norma presupuestal para eso. Es muy difícil”, insistió.
Pero fue más allá, al considerar que es “malo” hasta para el funcionamiento de los poderes del Estado que la Justicia sea la que dictamine quiénes tendrán derecho a una vivienda. En sintonía con su esposo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que la semana pasada se refirió al tema en la media hora previa, Moreira dijo: “Creemos que no es la metodología correcta una acción judicial, para acceder a la vivienda, fundamentalmente utilizando convenios internacionales”.
Irene Moreira: “No tengo una bolsa de viviendas para repartir como barajas”.