SUELO EN DISPUTA EL VECINO INDESEADO
Enfrentados. Camino a Florida, sobre la ruta 5, la arremetida de un grupo de vecinos contra un empresario por el uso indebido del suelo tiene ocupados a la intendencia y los ministerios de Ambiente y Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿Qué argumenta cada bando?
Pam-pam-pam escucha “todito el día”, es el ruido de chapas golpeándose. Además oye un pitido permanente. “Lo busqué en Google y es lo que se llama un sonido de baja frecuencia. Yo estoy acostado y él está ahí, es como si tuviera a un dentista taladrándome la muela”, describe desde el anonimato uno de los vecinos radicados en el kilómetro 94 de la ruta 5 —cerca de la entrada de Florida— que por estos días protagonizan un conflicto feroz contra el propietario de una fábrica cementera que tiene ocupados a la Intendencia de Florida y a los ministerios de Ambiente y de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Ahora la situación es caótica, pero al principio la convivencia entre estos vecinos era buena. ¿Qué desató el enfrentamiento? El asunto es así: los 10 vecinos que lideran esta pequeña pero tenaz batalla se habían instalado en distintas épocas en esta zona categorizada como rural; los más veteranos llegaron entre 50 y 30 años atrás, los más jóvenes edificaron sus casas hace más de 10. También hace una década, en uno de los padrones contiguos abrió una empresa que inicialmente se dedicaba a producir baldosas y caños de hormigón. Era un negocio discreto y nadie se quejó, incluso sospechando que no debía ser una actividad apropiada para el uso de suelo rural. Sin embargo, tras la llegada de UPM, la empresa ganó una licitación como proveedora de hormigón a algunas de las firmas contratadas para la construcción de la vía férrea.
Con más clientes, la fábrica duplicó la producción. Se expandió y los dueños abrieron una segunda empresa, alquilaron más camiones. Y con el crecimiento empezaron los problemas de convivencia vecinal, que destaparon una caja de Pandora que lejos de ser un caso puntual señala que hay otros temas de fondo que se replican en todo el país.
Pero volvamos al momento del crecimiento repentino. El mismo vecino que no puede dormir por el pitido constante posee un pequeño emprendimiento ganadero y advirtió, ya por 2019, que el cauce de un arroyo —que atraviesa el predio de la cementera— “no corría de la misma manera que antes”. Luego sus animales habrían empezado a rechazar el agua. Después, el agua habría comenzado a mermar en el pozo suyo y en los del resto.
“El consumo de agua subterránea es imponente. Esos camiones los tiene que lavar porque si no se corroen y para eso hizo una perforaciones y usa agua con mucha fuerza”, dice Patricia Urruzmendi, algo así como la vocera de este grupo, que está determinada a encontrar una solución de fondo al problema, y no parches.
Solo un padrón —propiedad de su hermano— separa su casa de la cementera: apenas 200 metros. En una mano Urruzmendi lleva un plano con el fraccionamiento del área y en la otra el celular, al que recurre para buscar los distintos videos que demuestran lo que para ella son claras pruebas de la contaminación que genera el negocio de su indeseado vecino.
Elige uno y pone play. Se ve cómo de la chimenea del silo sale un polvillo de portland que se va acumulando en forma de nube y cada vez se expande más. “Emitiendo en vivo. Esta es la fábrica de la que sale polvo abundante y ya está llegando a mi casa. Cuando hay viento nuestras casas se llenan de polvo. Vivo con sinusitis por causa de esto. Esto es parte de lo que denunciamos”, se la escucha relatar sobre las imágenes.
Otro video: ahora se ve arena que quedó acumulada en su terreno. “Esa arena es un desecho de la fábrica que arrastró la corriente”, explica. En uno distinto muestra cómo los desperdicios del padrón contiguo son arrastrados por un arroyo “que va a parar directo al río Santa Lucía”. Además, asegura que queman las bolsas de portland en lugar de gestionar adecuadamente este residuo. Y que a los ruidos constantes de la mezcladora y de los vehículos cargadores se le suma el de una chicharra. La fábrica produce desde las seis de la mañana hasta las once de la noche. “La solución es que se vaya porque una industria como esta no puede estar en este suelo”, dice la vecina. Y con esa meta contactó a todos los legisladores representantes de Florida, consultó a abogados y a químicos para que le aconsejaran qué pasos seguir para evitar que esta denuncia termine olvidada en un cajón.
“ESTOY ATRAPADO EN UN VACÍO”. Los senadores Amanda Della Ventura (Frente Amplio) y Pablo Lanz (Partido Colorado), y los diputados Carlos Rodríguez (Frente Amplio) y Álvaro Rodríguez (Partido Nacional) respondieron el correo electrónico de la vecina Urruzmendi pidiendo ayuda. Lanz hizo el nexo con el ministro de Ambiente Adrián Peña, quien la visitó.
“Me dijeron que una buena estrategia era presentar la denuncia en todos los entes y eso hice”, cuenta: intendencia, la Junta, Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), Ministerio de Ambiente, Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, medios de comunicación locales. Y entonces llegó la sorpresa.
Un informe del 15 de junio pasado realizado por el área Control y Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente, al que accedió El País, concluye que tras realizar una inspección se constató que ninguna de las dos empresas tenía las autorizaciones ambientales necesarias para comenzar a estar operativas. Se sugiere una multa de 200 Unidades Reajustables (267.400 pesos). Tras observar manchas de lubricantes en el suelo y tanques conteniendo lubricantes en área adyacente al curso de agua, se indicó que las empresas deberán gestionar sus efluentes y residuos de acuerdo a lo que indica la norma.
Respecto a los ruidos y la nube de polvo, cuando se realizó la inspección la fábrica no estaba produciendo pero los técnicos dicen que cuenta con un filtro y sistema de autolimpieza para la emisiones al aire, y que “se pudieron mantener conversaciones a dos metros de distancia a pesar de los sonidos”. Acerca del agua, los estudios quedaron a cargo de Dinagua.
La vecina Urruzmendi escucha esto y opina que deberían haber puesto a funcionar las máquinas para poder juzgar adecuadamente. De todas formas, lo que le quedó resonando fue que la empresa además de no estar en un suelo adecuado para su actividad no tuviera las habilitaciones y así y todo sea, desde hace tiempo, por ejemplo proveedora de la intendencia. Marina Barreiro, la cuñada de Urruzmendi, que observa desde la ventana de su cuarto la nube de polvo que luego cae sobre los vegetales que tiene plantados, lo pone así: “Yo no estoy en contra de la empresa, pero donde terminan sus derechos empiezan los míos y viceversa”.
¿Y el dueño de la empresa? Se llama Alejandro Alonso. Según dicen los vecinos, a pesar de que llevan una década compartiendo la misma vereda lo conocieron por primera vez dos semanas atrás, cuando el intendente los reunió en un intento de conciliación que no terminó bien. Al parecer, cuando iban hasta la fábrica Alonso “no estaba nunca” y solo los atendía por teléfono.
Cuando El País visita la oficina, Alonso no está pero llega enseguida. Se lo ve cabizbajo, extenuado por la situación. Suspira profundamente. Y dice que los vecinos lo tienen asediado, que cuando no lo están filmando lo invaden con un dron.
Alonso relativiza las acusaciones: “Con respecto al polvo contamos con un filtro de última generación aunque es cierto que tuvimos un par de contingencias porque se reventó una manguera, pero ese polvo vuela pocos metros”; “la chicharra del silo sonó una vez a modo de alerta”; la arena llegó al terreno de la vecina tras “una lluvia intensa”. El arroyo no sería tal, “es una especie de cañada que se llena cuando llueve”, “es imposible que estemos consumiendo más agua de la debida”. Son inconvenientes puntuales, dice.
Entonces invita a recorrer la fábrica. “No tenemos disposición a curso de ningún desecho. El agua se reutiliza al 100% —dice señalando dos piletas—. ¿Materiales químicos? Lo único químico son los aditivos que van en el hormigón y que no generan desecho. Cuando viene el camión se lava en la pileta de decantación. El desecho de hormigón, piedra, arena y agua produce un residuo sólido que lo donamos para relleno de terrenos: tenemos los remitos de a dónde va. ¿Las bolsas de portland que supuestamente quemamos? Van al vertedero municipal, también tenemos todos los remitos”.
Alonso termina su alegato, guarda silencio algunos segundos y dice: “Hasta que crecí yo no molesté y ahora estoy atrapado. Para que se hagan una idea, lo que producía en un mes es equivalente a lo que hace en un día y medio cualquier cementera de Montevideo. El asunto es que ahora estoy viviendo una zafra que durará dos años y listo, se termina. El otro día los vecinos me dijeron que quieren que me vaya, ¿pero a dónde me voy? Si me voy al medio del campo sigue siendo un suelo rural. ¿Me voy a la ciudad? Tengo 50.000 vecinos ahí que se van a enojar. A donde me vaya siempre voy a tener a un vecino al lado. Quedé en una especie de vacío, porque cruzando la ruta sí podría estar porque el suelo podría ser compatible, pero yo ya invertí mucho acá”.
La planificación de Florida previó que del otro lado de este tramo de la ruta 5 los suelos rurales son potencialmente transformables para otras actividades distintas a las que habilita la categorización original. La ruta 5: la que pronto tendrá una doble vía; la columna vertebral del país a la que el empuje industrial está alterando el uso de los suelos, ¿pero quién pierde a costas del progreso?
EN NOMBRE DEL PROGRESO. El progreso golpea la puerta, es cierto. Pero, ¿qué tanto se controla que las empresas que se benefician del impulso industrial cumplan con las habilitaciones ambientales requeridas para no dañar su entorno? Según el empresario, inicialmente se había amparado en la ley que indica que si el desarrollo fabril es inferior a una hectárea está exonerada de estos permisos, pero reconoce que al crecer no los tramitó; tampoco se las habrían exigido sus clientes, entre otros la intendencia.
Peña, el ministro de Ambiente, expresa que toparse con empresas de este tipo sin ningún tipo de habilitación es algo “poco común”, “pero sí hay muchísimos casos de empresas con los trámites a medio hacer o que lo que hacen no se ajusta con la autorización que tienen tramitada”. Las empresas sin habilitación logran mantenerse fuera del radar justamente al no estar registradas y por lo tanto al no ser controladas, “por eso estamos diseñando un mecanismo de alerta que nos permita identificar a las empresas que operan sin autorizaciones ambientales”, anuncia.
Alonso no podrá evitar pagar sanciones por un lado al Ministerio de Ambiente y por el otro a la Intendencia de Florida — que analiza “antecedentes” para evaluar la gravedad del incumplimiento y determinar el tenor de sanción—, ¿pero podrá quedarse en el padrón manteniendo esa actividad? Según indica el empresario, ya está tramitando todas las habilitaciones y para eso se están realizando evaluaciones ambientales. A su vez, el ministro Peña plantea que uno de los requisitos que se le pedirán es que se constituya en un terreno categorizado para ese tipo de emprendimiento, industrial. “El punto es que esa parte tiene que ver con las intendencias y las directrices de su plan de ordenamiento territorial”, indica el ministro.
La pelota está en la cancha de la comuna. El intendente Guillermo López conoce este conflicto de atrás para adelante. Sabe que los vecinos son pequeños productores rurales que eligieron esa zona por la paz campestre, pero también sabe que Alonso es un empresario local —“también es un vecino”— con un negocio en expansión que hoy tiene 30 empleados — “30 familias”—. Y sabe que todo esto sucede sobre la ruta 5, una zona que ahora que estará el ferrocarril y ahora que se realizará una doble vía abre oportunidades de emprendimientos asociados que “obligan a repensar el uso de ese suelo”.
“La decisión que hemos tomado es mantener el uso actual y otorgarle el atributo de potencialmente transformable en otra categoría que permita esta actividad. Para que se concrete la modificación del uso del suelo tendrá que presentar un programa de actuación integrada, que implica audiencias públicas, talleres con vecinos y las fuerzas vivas de la localidad, deberá demostrar que es pertinente el cambio que propone, que no se contradice con ningún otro uso y aplicar las sugerencias que se le hagan, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Intendencia tienen que aprobarlo”.
¿Y si incluso así los vecinos se oponen fervientemente? “Los que tenemos responsabilidad en el tema recogeremos la información, se discutirá en la Junta Departamental y si hay una contraposición también ahí, el gobierno se debe hacer cargo y decidir”, concluye López.
Urruzmendi, la vecina tenaz, ya conoce estos planes y dice que al final de cuenta aparentemente “lo que se busca es que la fábrica siga funcionando”. Y entonces agrega: “Me dijeron que si cambia la categoría y deja de ser rural, mi terreno va a valer mucho más pero eso a mí no me importa. Yo elegí vivir en el campo por la tranquilidad que hay acá y esta es la única casa que voy a tener, ¿por qué tiene que perjudicarse el vecino en vez de la empresa?”. No quiere rendirse y contrató a una abogada para ir hasta el final.
En Florida este conflicto entre vecinos tampoco es un caso aislado. El intendente López reconoce que, debido al impulso industrial que traerá el ferrocarril, en los últimos meses recibió algunas consultas para instalar determinados emprendimientos en determinadas zonas.
“Hemos desalentado algunas iniciativas por no ser compatibles con el medio rural”, pero “tenemos cuatro o cinco relacionadas al panorama que abre la presencia del ferrocarril y la cercanía con el puerto de Montevideo que nos obligan a repensar la ruta 5 en la zona rural”.
Es que estas son buenas noticias, si se las mira como motores generadores de empleo en medio de una crisis económica aunque ojo, tampoco deben descuidarse las responsabilidades ambientales ni la convivencia, porque se sabe: la pérdida de armonía entre los vecinos puede generar una catástrofe.
Territorial de Colonia, Martín Avelino, comenta que en la Ley de Presupuesto se aprobó que los suelos rurales admitan fraccionamientos de una hectárea, “cosa que a nuestro entender es peligroso porque va a generar chacritas rurales con fines residenciales pegadas a otras que realizan explotación, ampliando la potencialidad de conflictos de convivencia de este tipo”. Si el suelo urbano y suburbano crece, todo el mundo querrá hacer el cambio ya que se permite fraccionar y vender, multiplicando así el valor del terreno con respecto a uno rural que solo admitía fraccionamientos de mayor tamaño. “Esto complicará al productor y pierden las ciudades constituidas y la comuna, porque tenemos que extender los servicios y eso es caro. Por ejemplo tengo que ir más lejos a buscar la basura”, plantea el director de Planificación de la Intendencia de Colonia.
“Es una zafra que durará dos años”, se lamenta el empresario. Dice que por costos, no puede reubicarse.