Negociación salarial inicia con tensiones
Las negociaciones en esta nueva ronda de Consejos de Salarios empezaron la semana pasada tras un año “puente” debido a la crisis sanitaria, y tanto sindicatos como empleadores llegan a las discusiones disconformes con las pautas que planteó el Ministerio de Trabajo. Al Pit-cnt le preocupa la caída del salario real de los 670.000 trabajadores comprendidos en esta instancia, que tras el período “puente” perdieron un 4,3% del salario. En los lineamientos, el gobierno propone una recuperación en torno al 1,6% al finalizar el convenio de dos años para las empresas “menos afectadas” por la pandemia, mientras que las “más afectadas” se acogerán en un nuevo “puente” con un solo ajuste en enero de 2022. Para los gremios, las pautas tienen “gusto a poco”. El empresariado no ve viable los ajustes propuestos para muchos de los sectores, y advierten que si se “obliga” a las empresas a hacer ajustes salariales, podría haber pérdida de puestos de trabajo e incluso cierre de empresas.
Por eso, proponen “flexibilizar” los descuelgues del convenio, un tema que está en la órbita del ministerio desde hace un año y que ahora cobra más relevancia. En este contexto y con una relación entre el Pit-cnt y el gobierno que ya venía tensionada, expertos auguran más conflictividad. Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se muestra optimista y ve una “señal de equilibrio” en el descontento de los actores.
Empresarios y sindicatos disconformes con pauta oficial
Las primeras mesas de negociación de esta novena ronda de los Consejos de Salarios se instalaron el pasado lunes, tras un año “puente” en el que se extendieron los convenios salariales debido a la pandemia. En esta instancia se definirán los ajustes en el salario de unos 640.000 trabajadores, que regirán durante dos años para los sectores “menos afectados” por la crisis sanitaria y por un año para las ramas “más afectadas”, según las pautas que comunicó el gobierno a las entidades empleadoras y al Pit-cnt el 7 de julio.
En un contexto económico golpeado por el COVID-19, ¿cómo llegan a las mesas de negociación las empresas y los trabajadores? ¿Qué tanto se puede reclamar y qué tanto ceder en un contexto laboral signado por una crisis económica?
Empecemos por los lineamientos que planteó gobierno para esta ronda. Para elaborar la pauta, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) mantuvo reuniones con cámaras empresariales y sindicatos, en las que recogió algunos de sus reclamos y preocupaciones. Así, se plantearon cuatro desafíos para elaborar los lineamientos. El primero, señala el ministro de la cartera, Pablo Mieres, fue que la pauta tuviera en cuenta “la heterogeneidad de las situaciones dentro de los sectores de actividad”; el segundo, “que no afectara la situación de empleo, que está muy afectada ya”, dice el ministro; el tercero, que hubiera “algún camino de recuperación gradual del poder adquisitivo”; el cuarto, que la pauta “no afectara el objetivo de bajar la inflación”. Según Mieres, los lineamientos logran “articular” esos cuatro desafíos que estaban sobre la mesa en el MTSS.
En suma, el eje por el que se rige la pauta del gobierno es la distinción de los sectores “más afectados” por la pandemia —turismo, deporte, cultura, eventos, transporte, servicios vinculados a la educación— y los “menos afectados”, que son el resto de los sectores.
Para los “más afectados”, la propuesta es que se vuelva a otro puente con un aumento nominal del salario del 3% en enero de 2022, bajo el supuesto de que “las cosas van a estar reactivadas”, dice Mieres. Pasado un año, se pautará nuevamente para estos sectores. Para las “menos afectadas”, habrá aumentos semestrales por inflación esperada más un componente de recuperación con respecto a la pérdida salarial “del final del puente”, que arroja una cifra de 4,3% de pérdida de salario real.
A su vez, dentro de estos sectores hay una subdivisión según el tamaño de las empresas: las microempresas por un lado (las que cuentan con menos de cinco trabajadores) y las pequeñas, medianas y grandes por otro.
En cifras concretas, el planteo del gobierno para las “menos afectadas” es el siguiente: para las pequeñas, medianas y grandes se propone un ajuste salarial de 2,5% a partir del 1° de julio; 3,5% a partir de enero de 2022; 3,1% en julio de 2022 y 3% en enero de 2023. Para las microempresas hay una pequeña diferencia decimal en los montos de aumento: se propone un ajuste del 2,5% en julio de este año; 3,2% en enero de 2022; 2,8% en julio de 2022 y 3% en enero 2023.
La ronda termina en julio de 2023, con un correctivo que equivale a la diferencia que se verifique entre la inflación esperada y la efectivamente ocurrida desde el 1° de julio de 2021 al 30 de junio de 2023. Según el gobierno, al finalizar el convenio (en 2023) la recuperación salarial será de 1,6% en las pequeñas, medianas y grandes empresas, mientras que en las microempresas la recuperación del salario real será de 1%.
Todo esto se basa en las proyecciones de inflación esperada en cada semestre (ver recuadro). “Hay que chequear la inflación esperada y la que efectivamente ocurra”, explica el ministro de Trabajo. “Uno tiene la esperanza de que se cumpla el pronóstico o que incluso estemos mejor, pero de todos modos está el correctivo final para dar garantías”, dice.
En suma, si los pronósticos son los esperados, los trabajadores de estos sectores tendrán una recuperación salarial en torno al 1% al finalizar el convenio en 2023. ¿Pero qué pasa con la recuperación de los sectores menos afectados, que nuevamente tendrán un período puente de un año? “Para esos trabajadores se va a acentuar la pérdida de poder adquisitivo, porque un ajuste de 3% en un año implica nuevamente aumentos por debajo de la inflación esperada”, admite Mieres. Pero hoy en día “pedirle a una agencia de viajes que dé aumento de salarios es estar totalmente fuera de la realidad”, sostiene.
Los trabajadores comprendidos en esta categorización son unos 40.000, un 6% del total. Según datos del MTSS, esos sectores redujeron los puestos de trabajo en un tercio. Uno de cada tres puestos de trabajo que había en 2019 “desapareció”, dice Mieres. En términos globales, la cifra de desempleo correspondiente a junio fue de 9,4% según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística.
DOBLE DESCONTENTO. Las pautas no fueron bien recibidas en ningún lado del mostrador. Tanto el Pit como la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara de Industrias expresaron disconformidades y auguran una negociación complicada.
Milton Castellanos, presidente del Instituto Cuesta Duarte del Pit-cnt, expresa preocupación en tanto las pautas “no garantizan el mantenimiento del salario”, uno de los principales reclamos de los trabajadores. “No garantiza que no continuemos en una pérdida y no garantiza la recuperación de lo perdido el año pasado y parte de este año”, sostiene.
El dirigente de la central, que cuenta con vasta experiencia en los Consejos de Salarios —coordinó negociaciones desde el primer consejo tras la salida de la dictadura hasta el impasse que hubo durante el gobierno del expresidente Luis Alberto Lacalle, y volvió a las mesas cuando Tabaré Vázquez restableció la negociación colectiva—, se muestra preocupado por la incertidumbre de “los escenarios hipotéticos” expresados en la pauta de gobierno. “Son lineamientos que, en el mejor escenario, con todo el viento a favor sobre el tema empleo, inflación y demás variables, indican que en dos años se recuperaría un 1,6% del salario real frente al 4,3% que se ha perdido en todo este proceso de meses”. Para Castellanos, esto deja “sabor a poco”.
En principio, los reclamos de los trabajadores son detener la caída y recuperar todo lo perdido. “Esto es como un caño roto”, dice el sindicalista. “Primero tengo que frenar la caída del agua y después arreglar el agujero”.
Fernando Pereira, presidente de la central, pone el foco en los trabajadores que están “en las peores circunstancias”: los que están en los sectores más afectados. “En sus ramas de actividad significa aumentar la pérdida (de salario real). ¿A qué número? Depende de la inflación, pero es un número importante”, dice el dirigente. “Para los que caen en el sector ‘común’, se aumentaría 1,6%, siempre que la inflación en los puestos de trabajo en cada rama se mantuviera en los objetivos del gobierno, que están alejados de lo que piensan los consultores privados”, plantea Pereira.
Y trae a colación un “tercer sector” que el gobierno “no menciona”: el sector frigorífico, la industria del software, el de la venta de artículos vinculados a la tecnología de comunicación, el del agro”, ejemplifica el sindicalista. En ese grupo se cerró uno de los primeros mejores semestres en los últimos diez años “y empuja la recuperación de la economía uruguaya”, según un boletín macroeconómico del Centro de Estudios para el Desarrollo publicado esta semana. “Todo esto se movió en términos positivos. Este grupo, ¿por qué no aparece?”, se pregunta Pereira. En el mismo sentido, Castellanos expresa que “hay que en
tender que, como hubo sectores afectados a los que hay que atender, también hay sectores que han mejorado sus números. “¿Qué sentido tiene que un trabajador rural siga perdiendo salario hoy, cuando el agro mejoró sus cuentas? No tiene pies ni cabezas”, expresa.
Por su parte, Richard Read, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, expresa que el sindicalismo está “acostumbrado” a que las pautas del Ejecutivo dejen “gusto a poco, incluso en los gobiernos del Frente Amplio”.
Read reconoce que puede haber situaciones en las empresas “que ameriten y necesiten especial atención”: “No me niego, pero como tengo un ojo puesto ahí, tengo el otro en los oportunistas que esperan este momento para sacarse un provecho que viene de muchos años: mayor rentabilidad, menos costos fijos y menos salarios. Siempre cortan por el lado más complicado, que es los salarios”, dice Read.
¿CIERRE DE EMPRESAS? El empresariado recibió con sorpresa las pautas del gobierno. Parte de la molestia es por el adelanto del ajuste a julio de este año, cuando en la octava ronda se había establecido que el ajuste sería a partir de enero de 2022. Además, las negociaciones no tienen una fecha de finalización, como sí la había en los gobiernos del Frente Amplio. Esto hace que las “demoras” generen una retroactividad al 1° de julio, plantea Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias. Entonces, los costos para las empresas siguen aumentando.
Al respecto, el director nacional de Trabajo Federico Daverede dice que se pretende “no limitar la negociación”, pero “ya todo el mundo, por la costumbre, tiene incorporado que las negociaciones duran unos 90 días”.
Antía hace un llamado a la “cautela” en esta novena ronda: “Se han hecho esfuerzos enormes por mantener empresas abiertas y sería una lástima que prime el concepto del salario por encima del empleo”, dice. “El salario es importante, la recuperación (del salario) es lógico que se solicite, pero hay que hacerla convenir con la realidad del empleo. Por eso, no hay que tironear demasiado de la cuerda”, apunta.
El presidente de la Cámara de Industrias reconoce que hay sectores que “tironean para arriba”, pero al mismo tiempo hay otros “que apenas se sostienen y están con luces amarillas”. En ese sentido, “hay que ser muy cautos”, dice, “porque en la medida en que se obligue a las empresas a establecer aumentos por encima de sus posibilidades, entonces vamos a empezar a ver empresas con más dificultades, reducción de empleo y, en algunos casos, hasta con cierre”, advierte.
Por otro lado, el sector empresarial no comprende la decisión de diferenciar las microempresas del resto, en lugar de hilar más fino dentro de los sectores “menos afectados”. Esta categorización planteada “no reconoce qué ocurre dentro de los sectores ni dentro del resto de las empresas”, dice Antía. Para él, la pregunta clave es qué pasa dentro de los sectores donde hay “variabilidad grande” en cuanto el estado situacional de las empresas.
Al pautar salarios por rama, “no se mira lo que ocurre dentro de la rama, sino que se termina tratando a todos los actores dentro de esa misma rama de un modo igualitario”, y esa política “termina siendo injusta, particularmente para las empresas pequeñas y medianas que ven cómo les cuesta diluir sus costos”, dice.
De ese modo, Antía prevé que si las empresas “menos afectadas” tienen que pagar salarios “por encima de sus posibilidades y beneficios por encima de sus posibilidades”, cortarán, primero, los puestos de trabajo: “El camino que terminarán recorriendo es el del ajuste de la plantilla, que es la única forma que tienen al alcance para reducir sus costos internos”, advierte.
Teniendo en cuenta esa amenaza al empleo, las empresas proponen una flexibilización en los “descuelgues” de los convenios salariales. Esto fue planteado en una carta dirigida al ministro, firmada por Antía y Daniel Sapelli, presidente de la Cámara de Comercio. Los descuelgues “son muy difíciles de alcanzar de la manera en que están establecidos, particularmente para las micro y pequeñas empresas, que no tienen las estructuras jurídicas y contables de profesionales que los ayuden a recorrer ese camino”, apunta Antía.
La elaboración de protocolos para el descuelgue está en la órbita del ministro de Trabajo desde los primeros días del gobierno. Ahora, vuelve a estar sobre la mesa. Según informó Búsqueda el jueves pasado, se prevé convocar al Consejo Superior Tripartito para analizar la herramienta. El protocolo que se discutirá deberá incluir “indicadores de funcionamiento, de actividad y de evolución”, adelantó el ministro.
¿MÁS CONFLICTIVIDAD? El economista Juan Manuel Rodríguez, experto en relaciones laborales, señala que hay “un clima de molestia” entre el Pit-cnt y el gobierno. Esto puede deberse a decisiones políticas, como no haberle concedido al Pit la cadena nacional durante la recolección de firmas para el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, ejemplifica Rodríguez, o haber hecho caso omiso al pedido de prórroga para la entrega de firmas en la Corte Electoral. “Son cosas que no costaban plata. La prórroga es un derecho constitucional que existe y asegurarlo es, en todo caso, legítimo. Sin embargo, el gobierno ni siquiera lo consideró”, señala.
“Esto genera un clima de molestia que no tiene un fundamento verdadero. Tiene el fundamento de que hay diferentes opiniones, sí, y en la democracia las diferentes opiniones son normales. Pero, si en todo el gobierno no se va a considerar ni atender ninguna demanda al que opina distinto, va a crecer la molestia y seguramente el mal relacionamiento se exprese en conflictos”, opina el experto.
Castellanos, del Pit, augura “más tensión” que en rondas anteriores y teme que los trabajadores salgan más perjudicados. Asimismo, dice que “en situaciones como esta” la conflictividad es un tema relativo: “Los sindicatos dependen de una economía fuerte, de si están las plazas ocupadas; entonces, ahí, yo tengo un sindicato con fortalezas. Si me levanto todas las mañanas y mandaron a uno al seguro y despidieron a cinco, estoy en un sindicato que está atajando penales”, señala. En este escenario, el histórico dirigente ve “muy difícil la conflictividad”. De todos modos, dice que “de cualquier manera los trabajadores van a pelear y buscar las mejores condiciones”.
El gobierno, en cambio, muestra optimismo ante la disconformidad de los dos actores. Que las dos partes hayan criticado las pautas “nos deja muy tranquilos”, dice Mieres. Quiere decir “que acá no hay un gobierno flechado en ninguno de los dos sentidos”, afirma el ministro de Trabajo.
En este escenario de discrepancias en todos los frentes, verse en términos de “equidad” es “cuestionable”, opina Rodríguez. “Lo que busca la negociación colectiva no es la discrepancia de todos, sino el acuerdo de todos”, apunta. El disenso o la consonancia está por verse en los próximos 90 días. O quizás un poco más.
Los gremios “ya están acostumbrados a que las pautas tengan gusto a poco”, dice Richard Read.