Lula rompió un silencio
El tono que usó Lula no es acorde con la gravedad de lo que ocurre en Nicaragua, pero al menos dijo lo que otros presidentes que se autoperciben progresistas callan de manera ensordecedora. El expresidente de Brasil le recomendó a Daniel Ortega “no abandonar la democracia” y preservar “la libertad de expresión” y la alternancia en el poder, señalando incluso como positivo que el próximo gobierno de Nicaragua fuese de otro signo político.
La cantidad de muertos que dejó la represión a las últimas protestas en Managua, la ola de exiliados nicaragüenses que inundó Costa Rica, la cantidad de presos políticos y la razia que encarceló aspirantes a competir con Ortega en la próxima elección, ameritan un tono más enérgico que el utilizado por el líder centroizquierdista brasileño. Pero en el marco del silencio que mantienen los gobernantes y dirigentes de la izquierda en la región, lo que dijo Lula da Silva tiene un gran valor.
El exlíder metalúrgico que podría vencer a Bolsonaro y volver a la presidencia en la próxima elección, está anunciando a su país y a la región sus diferencias con las autocracias y los regímenes que perpetúan el poder de un líder o un partido.
Resulta enigmática la dificultad para condenar a regímenes de izquierda que violan Derechos Humanos de manera tan evidente como brutal y sistemática. La portación de discurso y simbología con carga ideológica les permite contar con la complicidad de dirigencias izquierdistas a regímenes calamitosos, como el cubano y el venezolano, así como a déspotas inescrupulosos que mantienen la economía capitalista pero persiguen ferozmente a sus opositores, como Daniel Ortega. Pero esa actitud deplorable no se ve solo en la izquierda.
Los países del Grupo de Lima guardan silencio sobre lo que ocurre en países gobernados por derechistas que están avasallando el Estado
de Derecho. En Guatemala, el presidente conservador Alejandro Giammattei está desactivando los dispositivos anticorrupción con que cuenta el sistema judicial. Valiéndose de la fiscal general Consuelo Porras, expulsó sin causa al titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien impulsaba investigaciones sobre corrupción que podían conducir hasta el mismísimo jefe de Estado.
En El Salvador crecen las señales de probable persecución política contra la dirigencia del izquierdista frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Por casos de corrupción en el gobierno de Mauricio Funes que ya habían sido juzgados, varios ministros del posterior gobierno del FMLN han sido detenidos y se ha librado una orden de captura contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén. No es difícil sospechar que el actual presidente salvadoreño está detrás de esta posible persecución judicial porque, desde que llegó al poder, Nayib Bukele se colocó por encima del sistema de leyes.
La lentitud de la OEA para dar centralidad a los casos de Guatemala y El Salvador, contrasta con la estridencia de los pronunciamientos contra el autoritarismo de regímenes izquierdistas. También aturde el silencio de los gobiernos centroderechistas respecto a Colombia, donde se han vuelto sistemáticos los asesinatos de dirigentes campesinos, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros que firmaron la paz.
El silencio que los líderes de centroderecha mantienen frente a estos casos, resta credibilidad a sus denuncias y condenas a las violaciones de Derechos Humanos que se cometen en Venezuela, Nicaragua y Cuba con la complicidad deplorable de gobiernos y dirigencias que se autoconsideran progresistas.
La actitud deplorable de no condenar a los que están avasallando el Estado de Derecho se da tanto en la izquierda como en la derecha.