Nuevas reglas para las NAFTAS
La LUC estableció un sistema inédito para fijar los precios. Ahora, los actores opinan
El debate sobre el nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, que se calcula cada 30 días teniendo en cuenta el valor internacional del crudo, se ha instalado definitivamente en la agenda política. Esto, tras el aumento del 1° de agosto, que agregó un “sobrecosto” de tres pesos, que representan subsidios y “negocios deficitarios” de Ancap, según plantean desde el Poder Ejecutivo.
Las críticas se hicieron oír: desde el agro prevén una suba en los costos de la producción y el movimiento Un Solo Uruguay se reunirá hoy para evaluar la situación y plantear reclamos al gobierno. El vocero Marcelo Nougué dijo a El País que la suba golpea a los productores y aseguró que “los transportistas traducirán esta suba en un aumento de tarifas”.
En tanto, el ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que “en el fondo” se está planteando la situación de Ancap: “Si tenemos estos precios es porque tenemos estos costos. ¿No nos gustan los costos? Veamos cómo los bajamos”.
El país está en un nivel de normalidad suficiente como para sincerar la situación”
Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería
Los transportistas traducirán esta suba en un futuro aumento de tarifas”
Marcelo Nougué, vocero de Un solo Uruguay
Este sistema traslada la inestabilidad externa al mercado interno”
Gerardo Rodríguez, presidente de Fancap Un Solo Uruguay se reunirá hoy en Durazno y allí decidirá qué reclamos le realizará al Poder Ejecutivo.
El nuevo ajuste en el precio del combustible no pasó desapercibido. Al aumento de precio de la nafta y el gasoil, se le sumaron tres pesos desde el 1° de agosto, que representan “sobrecostos” de Ancap. Esto generó resistencia en varios frentes políticos y sindicales, pero además, esta vez se alzó la voz de los productores agropecuarios, a quienes les preocupa que se disparen los costos de producción y la “inestabilidad” del nuevo sistema de fijación de precios.
Si bien el asunto cobró relevancia en los últimos días, el nuevo esquema de ajustes a los precios que implementó el gobierno comenzó a regir en junio, cuando el ministro de Industria, Omar Paganini, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunciaron un incremento de del 12% en los combustibles y dieron comienzo a este mecanismo en el que cada 30 días se revisan las tarifas teniendo en cuenta el precio del barril de petróleo. La cotización del petróleo Brent, que se toma como referencia, ronda los 70 dólares.
¿Qué implica esta nueva medida? ¿Suben los combustibles y “sube todo”? ¿Cuánto afecta el ajuste a la inflación? Esos son algunos de los cuestionamientos que plantearon diversos gremios y analistas en esta última semana.
Empecemos por el nuevo sistema de fijación de precios, que tiene su génesis en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y significa un cambio radical en la manera en que Uruguay consume el combustible. El artículo 235 de la LUC establece que el precio de los combustibles se fijará según el Precio de Paridad de Importación (PPI), es decir, el precio resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible en las plantas de distribución de Ancap. En otras palabras, el precio de la nafta y el gasoil depende, desde junio, del precio del barril del petróleo y sus fluctuaciones. En definitiva, “el gobierno vinculó la evolución de los precios internos a los precios externos”, señala a El País el economista
Javier de Haedo. Si el precio del petróleo sube, el aumento se reflejará también en los precios internos. Lo mismo si baja.
Ese PPI es calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) cada 30 o 60 días —por ahora, los ajustes son mensuales, pero la ley permite que sean bimensuales— con una metodología que el organismo puso en consulta publica y fue aprobada el año pasado.
Este esquema tiene dos componentes: el PPI, que es un componente fijo, y ahora los famosos 3 pesos —en rigor son 2,97— que se incluyeron en el ajuste del 1° de agosto. El objetivo es que este costo extra baje en tres años, según informó el Ministerio de Industria. Lo que componen estos tres pesos, cifra a la que el gobierno llama “factor X”, son los “sobrecostos” que tiene la empresa estatal en subsidios y negocios que dan pérdida.
En suma, con el nuevo ajuste de precios, los combustibles pasaron a valer 70,81 pesos (antes del 1° de agosto el precio era 65,80) para el caso de la nafta súper y 50,70 pesos (antes 45,70) para el gasoil. Esto representa una suba de 7,6% y 11% respectivamente en un mes. Fue el cuarto incremento del año y el tercero desde junio.
UN CAMBIO “CULTURAL”. En la tardecita del miércoles, en un sillón en el cuarto piso de Ancap, donde se encuentra el despacho del ministro Paganini, aguarda el senador Gustavo Penadés. Su llegada coincide con el horario de la entrevista pactada con El País. Tras unos minutos de espera, el ministro da la bienvenida. “¿No hay problema, ¿no?”, dice el senador y entra al despacho a presenciar la entrevista. Un día después debatirá sobre el nuevo sistema con el senador frenteamplista Alejandro Sánchez en FM Del Sol, entonces “aprovecha” esta instancia previa a la reunión con Paganini para ir “entendiendo” el tema. Se sienta en un costado y escucha con atención.
—En un contexto de suba del petróleo, pérdida del salario real y el posible referéndum por la LUC, ¿por qué se toma esta decisión justo ahora, después de unos meses de impasse?
—Sería al revés. ¿Por qué hicimos un impasse con la suba enorme del petróleo que hubo?, porque la verdad es que el petróleo no hace más que subir desde el año pasado. De 40 dólares a 75 —responde el ministro—. Estamos hablando de un aumento muy sustantivo que en todo el mundo se trasladó a los combustibles. Y el petróleo es un costo muy volátil, una parte muy grande del costo del combustible es el petróleo, y es difícil decir “bueno, voy a poder absorber esa variación”. Entonces, decidimos con el equipo económico y el presidente que, mientras el pico de la pandemia llegaba a Uruguay, no se hiciera el ajuste y que Ancap resignara esos ingresos, que los necesita. Tenemos una empresa que necesita de eso para subsistir. Si hacíamos las cuentas, que las hicimos varias veces, resignamos alrededor de 110 millones de dólares de ingresos para Ancap por no hacer los ajustes que había que hacer para acompañar el costo. Eso es una realidad y es un camino de reflexión. Tampoco pusimos tres pesos hasta ahora. ¿Por qué ahora? Porque en algún momento hay que hacerlo, si no tenemos problemas financieros graves en Ancap y porque además entendemos que el país ya está en un nivel de normalidad suficiente como para sincerar la situación.
No obstante, cuando El País consultó a Arbeleche en una entrevista a mediados de julio respecto al momento en que se agregarían los tres pesos al sistema, la ministra respondió: “Todavía hay incertidumbre, hay que monitorear la situación
de la pandemia para resolver en qué momento se traslada el sobrecosto de Ancap en relación al precio de paridad de importación, a los consumidores”.
Sobre esto, Paganini es categórico: “Ancap necesita los ingresos. En algún momento hay que empezar y decidimos empezar ahora”.
—Con este nuevo sistema, el gobierno hace hincapié en “sincerar” y “transparentar”. ¿Cuáles son los sobrecostos que se transparentan ahora?
—El negocio del portland hace 20 años pierde dinero. La planta de cal en Treinta y Tres, que hoy funciona en equilibrio, no pierde dinero, pero hubo una inversión muy grande que no se va a poder recuperar. Está el “horno 3” sin montar el Paysandú. Después, hay algunos problemas que no son de Ancap, como el supergás. Son decisiones que el gobierno le carga a Ancap. Queremos que (el supergás) sea barato para la cocción, pero lo está pagando el combustible. Tal vez hay alguna otra forma de manejar ese subsidio. La verdad es que nosotros queremos que Ancap se concentre en hacer combustible y lo haga lo mejor posible. En el fondo, lo que estamos poniendo sobre la mesa es: es esta la situación. Si tenemos estos precios es porque tenemos estos costos. ¿No nos gustan los costos? Veamos cómo los bajamos. Capaz entonces podemos bajar los precios.
Según el ministro, este es el “camino” en el que el gobierno está “focalizado en hacer funcionar” ante la negativa a ir rumbo a la desmonopolización de Ancap, por diferencias en la interna de la coalición. Paganini asegura que “tiene algunas de las ventajas de la desmonopolización, porque en el fondo pone a Ancap a competir con un importador virtual, que es la paridad de importación”. Asimismo, este sistema tiene el “problema” de que “todavía depende demasiado de la regulación del gobierno”, dice, pero aun así muestra firmeza en la pisada hacia este cambio al que reconoce también como un cambio “cultural”.
Hasta ahora el gobierno hacía un ajuste tarifario en los combustibles cada enero, según una estimación de cuánto variaría el petróleo, y luego se hacían ajustes esporádicamente. Ese mecanismo “da estabilidad”, dice Paganini, “pero tiene un costo”. ¿Cuál es el costo? “Que, si baja el petróleo, lo que va a pasar es que va a hacer caja Ancap”. En ese sentido, Arbeleche sostuvo en conferencia de prensa que el sobreprecio de los últimos años de Ancap determinó que entre 2014 y 2019 se facturara “por encima del precio de paridad de importación por unos 900 millones de dólares, cifra a la que sumó la capitalización de la empresa en 2016”.
En cuanto al temor a la inestabilidad manifestada en particular por el sector agropecuario, el ministro admite que ahora hay “reglas distintas que pueden producir un nivel de incertidumbre”, pero confía en que este “es más transparente y mejor”.
RESISTENCIA. Uno de los gremios que tuvo su génesis durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, y que fue un opositor acérrimo a las políticas del Frente Amplio, muestra ahora cierto descontento con el gobierno al que en parte depositaron su esperanza. Un Solo Uruguay se reunirá hoy en Durazno para definir qué reclamos harán al Ejecutivo. Marcelo Nougué, vocero del movimiento, adelanta que analizarán cómo hacerle frente a este ajuste y tratarán de plantear “un ámbito de trabajo” al gobierno.
En concreto, la suba golpea al sector productivo en tanto “todos los insumos y laboreos que se hacen, se hacen con combustible o llegan al campo con combustible”, señala Nougué. “Está claro que los transportistas traducirán esta suba en un aumento de tarifas, e impacta más todavía a aquellos rubros más intensivos como la lechería, la agricultura, la ganadería intensiva, la horticultura”, agrega. Sin embargo, no se opone al artículo de la LUC que establece este sistema porque dice que “el problema está en otro lado”. Y apunta: “Había cambios planteados, como la desmonopolización, pero los socios (de la coalición) no apoyaron y no se pudo hacer. Eso era necesario para evitar que los combustibles recauden para otra cosa que no sea pagar el costo mismo del combustible”.
En la misma línea se expresó Mónica Silva, presidenta de la Federación Rural: “Estamos todos los meses esperando la suba de los combustibles y eso nos estresa”, comentó en diálogo con Telemundo. Dijo que “hay productores a los que les incide mucho” este incremento de los precios, y que la medida afecta “en los costos que tiene una siembra que, a la larga o a la corta, incide en el país porque menos sembrar, menos cosechar y menos ingresos de divisas”. Frente a este reclamo, Paganini puntualiza que el precio del petróleo “fluctúa” y que “no necesariamente (el ajuste) será siempre a la suba”.
Por otro lado, están los reclamos de los trabajadores de la Federación Ancap (Fancap), que se manifestaron durante la semana por el cierre de la planta de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en Pueblo Belén en Salto y por un eventual cierre de ALUR Capurro debido a la reforma en los combustibles. Gerardo Rodríguez, presidente del sindicato, dice que el nuevo sistema “traslada la inestabilidad externa al mercado interno”. Le preocupa el impacto “social” de los ajustes, porque prevé una suba de precios de “la inmensa mayoría de los productos que consumen los uruguayos” que, según sostiene, “no bajará si baja el petróleo”. Así, argumenta: “¿Quién va a controlar que bajen? El intermediario se va a poner del lado de la seguridad: el combustible va a bajar un mes y al siguiente subir, y ante esa duda, no va a bajar los precios”.
¿Qué plantea, entonces, el sindicato? Rodríguez reconoce que quitar los impuestos que gravan los combustibles —el Impuesto Específico Interno (Imesi), que representa 28,3 pesos en la nafta súper, y el IVA en el gasoil— significaría una renuncia fiscal que, con el déficit actual, “no se puede permitir”; pero si se renuncia a esos impuestos y a su vez se aumenta el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio “a los sectores que están acumulando riqueza, podría haber una “compensación”. “Bajás el precio de los combustibles para los primeros eslabones de la cadena, y eso que perdés en el principio de la cadena lo recuperás al final con los sectores a los que les va muy bien. Por ejemplo, los que aumentaron las exportaciones en un 30%”, expone.
Sobre los impuestos que gravan los combustibles, Paganini dice que “el Imesi es una carga bastante relevante” en la nafta y asegura que no están dadas las condiciones para “rebajarlo”.
IMPACTO. En este contexto, cabe preguntarse si esta suba tendrá incidencia en los productos que consumen los uruguayos y qué tanto podría verse afectada la inflación al finalizar el año.
El economista Nicolás Cichevski, gerente del área de consultoría económica en Grant Thornton, advierte que “no debe descartarse que (el ajuste) se traslade en menor medida a algunos productos de, por ejemplo, un almacén. Cuando uno compra un litro de leche, lo que representa el combustible en el precio total es muy bajo, pero al incrementarse en los últimos meses en un entorno al 20%, puede dar lugar a un aumento en el precio”. No obstante, Cichevski hace la salvedad de que “el consumidor no siempre absorbe el 100% de esos precios; muchas veces es el comercio, el productor o el transportista quien asume ese costo”.
En ese sentido, no hay una linealidad tan estricta entre la suba de los combustibles y la de los productos. El economista puntualiza: “Desde el punto de vista del consumidor y lo que representa el combustible dentro de la canasta, los efectos más importantes se ven en el combustible mismo y en el transporte, sobre todo si eventualmente tenemos ajustes en las tarifas de los medios de transportes, ya sea el capitalino o el departamental.”
Respecto a la inflación, De Haedo señala: “La meta de inflación del gobierno (7% al cerrar el año) es anterior a esta sucesión de aumentos y tiene cierta incidencia en el Índice de Precios al Consumidor, con lo cual las expectativas de inflación podrían subir”. Y plantea que el Banco Central podría tomar medidas para compensar esa suba: “Por ejemplo, subir la tasa de interés de la política monetaria, lo cual puede incidir para que el dólar deje de subir o baje un poco, y de ese modo compensar una cosa con la otra”. Según estimaciones de Cichevski, el aumento de agosto puede tener un impacto de 0,2% en la inflación si todo lo demás quedase constante. Por otro lado, su equipo estima que 2021 cerrará con un 7,4% de inflación, “y la vemos mas cercana a 7,5%”, dice el economista.
Los efectos de los ajustes todavía están por verse. De ahora en más, (casi) todo depende del petróleo.