Denuncias y auditorías
La iniciativa que fuera calificada como “buque insignia” del tercer mandato frentista y segundo del fallecido presidente Vázquez, y que se materializara en la puesta en marcha de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados con la sanción de la Ley 19.353 (que fuera publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de Diciembre de 2015) y que buscaba instituir un sistema universal de cuidados a personas dependientes —luego de sus decretos reglamentarios— en dos franjas etarias de 0 a 29 años y en mayores de 80 años, se muestra como una “buena intención” pero con importantes carencias e inconsistencias.
Éstas han quedado al descubierto luego de recibirse múltiples denuncias (muchas de las cuales ni fueron atendidas al momento de recibirse, ni menos derivaron en seguimiento o correcciones por parte de las autoridades públicas) y al efectuarse auditorías desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Al parecer, ha llegado el tiempo de deslindar responsabilidades y de aguardar las actuaciones de la justicia penal, ante este cúmulo de denuncias cruzadas que han salido a luz.
Tan es así que las mismas provienen de los familiares de aquellos que requieren del servicio de cuidados o asistencia personalizada, como de quienes han debido cumplir con el encargo que se les impusiera o para el que han sido contratados como “asistentes personales”.
Ha quedado al descubierto, entre otras situaciones, la muy escasa preparación de los cuidadores, así como hechos de apariencia delictiva que de comprobarse, ameritarían un reproche penal, ya que el abanico de conductas reprobables que se ha denunciado, como abusos sexuales, hurtos, violencia privada, privación de libertad, es realmente preocupante.
Lo que resulta inadmisible es que, pese a las denuncias, el denunciado sigue en funciones, lo que debiera subsanarse en el menor tiempo posible.
En esta materia tan sensible habrá que estar a cada caso en particular. Se insiste en mantener el sistema (SNIC) —que en la actual administración se ha integrado al Programa de Discapacidad— por tratarse de “un tesoro” que debiera ser conservado como política de Estado, por el alcance del mismo en la calidad de vida de muchas personas que atraviesan distintas problemáticas, son dependientes y sus respectivas familias — cuando las tienen— no están en condiciones de solventar su trabajo y dedicación.
La creatividad del legislador es, sin lugar a duda alguna, algo verdaderamente trascendente, pero —seamos sensatos— no existen soluciones “mágicas” y no debiera restársele importancia a la real sustentabilidad financiera de esa creación. Aparte del factor humano y sus desvíos, queda de manifiesto la significación que poseen los recursos financieros a la hora de lograr sustentarlo, ya que el que nos ocupa, debiera poder ser efectivamente una feliz iniciativa que exceda un período de gobierno.
Pero otra realidad nos golpea una vez más: es el necesario seguimiento de las autoridades públicas —que como imprescindible contralor— debieran procurar se aplique a estos sistemas, para relevar en los hechos, cómo funciona. Nos ahorraríamos muchos sinsabores.