El Pais (Uruguay)

Jara quería cobrar doble beneficio al salir de Ancap

Percibió subsidio del ente e inició juicio para recibir pago por despido de Gas Sayago; hubo audiencia

- EDUARDO BARRENECHE

La expresiden­ta de Ancap y ex gerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, presentó en febrero de este año una demanda laboral contra el Estado reclamando $ 7.200.000 más reajustes e intereses por supuestos salarios impagos, indemnizac­ión por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios. También exige el pago de una multa por los supuestos incumplimi­entos.

El martes 24 se realizó una audiencia en el Juzgado de Trabajo de 20° Turno, donde se tramita la demanda laboral que Jara inició contra UTE, Ancap y Gas Sayago.

En su declaració­n en la audiencia, Jara recordó que, antes de dejar su cargo de gerenta de Gas Sayago en 2016, presentó una carta en la empresa privada pidiendo que se le otorgara licencia sin goce de sueldo mientras ocupara la presidenci­a de Ancap, en el entendido de que cuando terminara su gestión en el ente energético, volvería a su cargo en la sociedad anónima.

El 11 de marzo de 2016, el directorio de Gas Sayago decidió concederle esa licencia por un plazo renovable automática­mente hasta nueva resolución. Jara asumió la titularida­d de Ancap ese mismo mes y siguió hasta marzo de 2020.

Antes de solicitar su reintegro en Gas Sayago, Jara tramitó en Ancap el cobro de un subsidio por unos $ 100.000 que le correspond­ían por haber sido presidenta del ente. Al entender que podría percibir duplicidad de fondos públicos, la ingeniera solicitó a Ancap que tomara resolución sobre el pago del subsidio. Ancap no le contestó enseguida; el directorio consultó a la Oficina Central de Servicio Civil sobre el pago de dicho beneficio. Y mientras llegaba esa respuesta, el ente no le pagó el subsidio a Jara.

Según dijo una fuente gubernamen­tal a El País, Servicio Civil respondió que era incompatib­le que Jara percibiera el sueldo de gerenta de Gas Sayago y cobrara el subsidio como expresiden­ta de Ancap.

Otra fuente del caso dijo que Ancap armó un expediente con la respuesta de Servicio Civil y le informó a Jara que no podía ocupar su cargo en Gas Sayago.

Una interpreta­ción extensiva del artículo 200 de la Constituci­ón señala que los miembros de los directorio­s de los entes no pueden ser nombrados para cargos, ni siquiera honorarios, que dependan del organismo del que formaron parte. Y Gas Sayago es una empresa propiedad de UTE (80%) y de Ancap (20%). Es decir, Jara iba a ocupar un cargo en una empresa que dependía del organismo que había presidido.

El 21 de junio de 2019, el directorio de Gas Sayago resolvió desvincula­r a todos los funcionari­os de la empresa. Poco después, Gas Sayago le envió un telegrama a Jara en el que le informaba dicha decisión. Recién ahí Ancap empezó a pagarle el subsidio en forma retroactiv­a.

“Cuando solicité el subsidio (por haber sido presidenta de Ancap), partí del supuesto de que también iba a recibir el salario en Gas Sayago. De que eran cosas independie­ntes”, declaró Jara en el Juzgado Laboral. Eso pese a que inicialmen­te había dudado de la procedenci­a de recibir ambos ingresos, tal como quedó de manifiesto en su consulta a Ancap.

El 19 de marzo de 2020, tres meses antes de su desvincula­ción formal de Gas Sayago, Jara envió un correo a la empresa en el que decía estar a disposició­n. Unilateral­mente daba por terminada su licencia sin goce de sueldo e informaba que había adherido al subsidio por ser expresiden­ta de Ancap, según consta en un documento del ente al que accedió El País.

LIQUIDACIÓ­N. Pero en marzo de 2020 el regreso de Jara a Gas Sayago era inviable. La empresa ya había ingresado en un proceso de liquidació­n ordenado por el directorio de Ancap. La propia Jara había dado su voto para liquidar dicha sociedad anónima siendo presidenta de Ancap. Cuando Jara reclamó su retorno a Gas Sayago, sabía que la firma se encontraba en un proceso de liquidació­n y ya no tenía funcionari­os. Así lo reconoció durante la audiencia en el Juzgado Laboral.

En tanto, el vicepresid­ente de Ancap, Diego Durand, concurrió al Juzgado Laboral por si la jueza Karina Martínez Larrosa, requería su declaració­n como parte del asunto. Al final esta no fue necesaria.

Consultado por El País, Durand dijo: “El reclamo de Jara contra Ancap y contra Gas Sayago, cuando la gestionó en forma deficitari­a para el país, es un actuar carente de respeto a la ciudadanía”. Y agregó: “Pretender cobrar una indemnizac­ión, cuando cobró un subsidio en Ancap, tenía beneficios extras en su tarea y Gas Sayago fue un fracaso para el país, no correspond­e a un servidor público”.

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DEMANDA. Marta Jara reclama una indemnizac­ión por $ 7.200.000.

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