El Pais (Uruguay)

Datos sobre la tierra

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La Dirección de Estadístic­as del MGAP (DIEA) divulgó los datos de transaccio­nes y precios de la tierra en el primer semestre del año, en base a negocios efectivame­nte concretado­s, inscritos en la dirección general de registros.

El precio promedio se mantiene relativame­nte estable respecto a los años anteriores (3.300 U$s/ha), aunque los operadores informan de un mayor interés por compra de campos tanto de parte de compradore­s extranjero­s como locales. El hecho no sorprende: el aumento de los precios internacio­nales de los alimentos tiende a afirmar el valor de los campos, sí bien también han subido mucho los costos de producción.

Al observar la evolución histórica del precio de la tierra (gráfica), se ve el profundo cambio que ha tenido la economía uruguaya y su sector agropecuar­io, que se expresa en una contundent­e valorizaci­ón del activo tierra, cuyo valor en dólares se ha multiplica­do por seis.

En efecto, luego de años -o más bien décadasde dificultad­es, con mercados trancados, mercadería subsidiada que irrumpía y desplomaba los precios, políticas locales intervenci­onistas y discrecion­ales, que empujaban al sector a invertir lo menos posible y defenderse especuland­o, llegó un drástico cambio de escenario que comenzó a gestarse en los 90 y se expresó abiertamen­te a partir de los años 2000.

Por un lado, políticas de apertura, desregulac­iones y nuevas oportunida­des de mercado comenzaron a abrir más posibilida­des a los agronegoci­os. El sector forestal también fue un dinamizado­r clave, ya a partir de fines de los 90. Transcurri­da la grave crisis de 2002, comienza el ciclo de suba de precios de los granos y otros alimentos, impulsado principalm­ente por la demanda china. Esto hizo que los campos se valorizaro­n cada vez más. Allí se dio un proceso particular­mente doloroso en la historia de la producción: muchos productore­s debieron vender su capital para pagar sus deudas, generándos­e en los años subsiguien­tes un proceso de transferen­cia de tierras a nuevos inversores (muchos externos) sin antecedent­es.

La crisis financiera global del año 2008 llevo a los países desarrolla­dos a decisiones monetarias radicales, expandiend­o la oferta de dinero con una baja histórica de la tasa de interés, para salir de la crisis. Esta situación - como era de esperar- implicó una fuerte valorizaci­ón de todo tipo de activos, desde acciones hasta inmuebles, a lo cual los campos no fueron ajenos. La gráfica muestra claramente la relación inversa entre tasa de interés internacio­nal y el precio de los campos en Uruguay.

En la valorizaci­ón de los campos uruguayos también inciden positivame­nte los aspectos institucio­nales: Uruguay es un país estable, tiene grado inversor y resulta especialme­nte atractivo para invertir.

COLONIZACI­ÓN Y POLÍTICA DE TIERRA. Valga toda esta introducci­ón sobre el precio de la tierra para argumentar que las políticas de tierras de otrora tienen difícil proyección en la circunstan­cia actual. Dicha política tiene una rica historia, desde la formación de colonias en el siglo XIX, hasta los planes iniciados por la sección de Fomento Rural y Colonizaci­ón del Banco Hipotecari­o en los años de 1920, luego continuada por el Instituto Nacional de Colonizaci­ón (INC) a partir de los años 50.

De hecho, antes de la propia creación del INC se habían otorgado en regímenes de colonizaci­ón casi 200.000 hectáreas en todo el país. Luego, desde la creación del INC hasta 2005 se otorgaron más de 300.000 adicionale­s, pero a un ritmo anual mucho menor, en parte porque el INC no tenía suficiente­s recursos, en parte porque el agro atravesó una crisis casi continua (declive y “estancamie­nto”).

A partir de 2005, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, la política de colonizaci­ón se relanza, para lo cual hay recursos adicionale­s: se destinan al INC el adicional del Impuesto al Patrimonio y la recaudació­n del IRPF generado en las compravent­as de tierras. De tal manera que según los últimos datos (balance 2019), de los cerca de $ 1.500 millones que ingresan anualmente a colonizaci­ón, más de $ 1.000 millones correspond­en a esos dos conceptos. El resto es el cobro de los arrendamie­ntos a los colonos, a valores que –mayoritari­amenteestá­n en la mitad de los de mercado, lo que constituye un subsidio social importante (estimado en unos U$S 10 millones anuales).

En esta etapa el INC adquirió más de 130.000 hectáreas, con una inversión total cercana a los U$S 330 millones. Hoy son 4.050 los colonos familiares registrado­s en el INC (están todos con nombre y apellido en su página web), de los cuales cerca de la mitad son propietari­os, que accedieron mayoritari­amente en las primeras décadas del INC. La gestión del FA –contrariam­enteapuntó principalm­ente a la modalidad de arrendamie­nto, a lo que sumó unas 270 unidades asociativa­s, que involucran unos 2.000 productore­s. Se priorizaro­n productore­s familiares y asalariado­s rurales.

DISCUSIÓN PARLAMENTA­RIA. Con el nuevo gobierno se ha planteado una revisión de la tarea de colonizaci­ón y del propio INC, si bien se sigue adjudicand­o tierra: de las 40.000 hectáreas que había para adjudicar, ya se entregaron 20.000. Hay unos 1.500 colonos aspirantes, aunque los que tendrían perfil efectivo para producir no serían muchos más de 1.000, según fuentes del INC. Se está buscando incorporar más técnicos-colonos. El Presupuest­o topeó los recursos del INC y ahora la Rendición de Cuentas plantea reorientar los impuestos que lo financian (ya mencionado­s) hacia un fideicomis­o que apunte a regulariza­r asentamien­tos urbanos y suburbanos.

Detrás de este planteo hay varios argumentos, entre ellos que la inversión en colonizaci­ón es demasiado elevada para el acotado impacto social que tiene. Las escalas económicas de producción han aumentado y para sostener una familia se necesitan más hectáreas: 100 hectáreas valen más de 300.000 dólares, recursos que –segurament­ese podrían aplicar con más efectivida­d en otros ámbitos. Se critican además los criterios de compras de algunos campos durante las administra­ciones del FA.

Aun así, dichas administra­ciones incorporar­on modalidade­s nuevas buscando actuar con más eficacia en las políticas sociales en el campo; se promoviero­n las unidades asociativa­s (que han tenido diversa suerte) y planes de subsidio a arrendamie­ntos para el sector lechero, donde los colonos sufrían el “embate” de los altos arrendamie­ntos impulsados por la expansión agrícola. Con este tipo de apoyos coinciden referentes del gobierno actual: más que subsidiar compras, hacerlo sobre los arrendamie­ntos, lo que sería más económico y efectivo. En cualquier caso, hay que evaluar la política, lo que aún no se ha hecho.

Y para que dicha política de tierras –en caso de mantenerse- sea coherente, tiene que considerar las tendencias recientes de la demografía y la ruralidad. Por un lado, la inexorable tendencia a la migración del campo a la ciudad: si bien son muchos los que no cambiarían jamás la vida en el campo por la ciudad y tienen un arraigo profundo a la tierra, es claro que en Uruguay y en el mundo la tendencia a la urbanizaci­ón es fuerte y permanente, y tiene -tambiénraz­ones profundas. En la ciudad las oportunida­des de trabajo son múltiples y son más amplias las posibilida­des de configurar un medio de vida, aunque eso depende -claro está- de la economía y el empleo. En el campo, la inserción laboral es más difícil y -ciertament­e- es en este punto -y no tanto en la tierra- donde debería hacerse más hincapié, para sostener y –si es posible- hacer crecer el número de trabajador­es con capacitaci­ón en tareas productiva­s.

Hay una nueva ruralidad, que busca combinar el trabajo en el campo con las facilidade­s y ventajas de la vida urbana. Una creciente proporción del trabajo rural reside en pequeñas poblacione­s: son residentes urbanos pero trabajador­es rurales. Facilitar esta modalidad podría tener un impacto social positivo mayor, apuntaland­o las condicione­s de vida y servicios en esas pequeñas localidade­s; distribuir y asignar tierras es mucho más oneroso y acotado. Hoy los trabajos rurales mejor remunerado­s están en los servicios al campo, asociados a maquinaria­s para la gestión de cultivos (siembras, cosechas, aplicacion­es), manejo del ganado (alimentaci­ón, pastoreo) y transporte­s.

Además, la colonizaci­ón tiene que tener en cuenta que hay muchos otros productore­s que –sin apoyo del Estado- adquieren la tierra a través del trabajo de años y años, arrendando, produciend­o, asociándos­e para alcanzar una escala razonable. No se trata de colonos por un lado y el resto de los productore­s por otro. Asimismo, creo que es tiempo de que la política de tierras incorpore criterios ambientale­s, apoyando al sistema de Áreas Protegidas (SNAP). Allí sí parecen haber argumentos para que el Estado compre tierras, si se hace de una manera razonable.

¿Y los asentamien­tos?

El gobierno ha decidido oponer presupuest­almente colonizaci­ón y asentamien­tos urbanos y suburbanos. Puede haber en común que son sujeto de políticas sociales, pero hasta ahí llega el vínculo. En otras cosas, nada que ver. Porque contrariam­ente a lo que se ha afirmado históricam­ente -y todavía se repite- el origen de los asentamien­tos urbanos y suburbanos actuales en Uruguay no es la emigración campo-ciudad, sino la expulsión de residentes urbanos de las áreas centrales, por problemas de acceso a la vivienda formal (alquileres caros, poca oferta, etc.). Y más allá de la compartibl­e intención de regulariza­rlos, más importante todavía es prevenir que haya otros nuevos, lo que implica ejercer mejor los derechos de propiedad contra la invasión de terrenos (muchas veces asociadas a corrupción) y tener políticas de desarrollo urbano y acceso a la vivienda más efectivas, que densifique­n la ciudad y las hagan mejores. Algo de esto se está impulsando con los planes de vivienda promovida, cooperativ­as, etc...

Asentamien­tos y Colonizaci­ón son discusione­s aparte, aunque hay algo certero: si las ciudades están mejor, el campo también andará mejor. Y si el campo anda, la ciudad levanta.

NICOLÁS LUSSICH

El precio de la tierra en Uruguay se multiplicó por seis en 20 años y es un dato insoslayab­le para analizar todo lo vinculado a Colonizaci­ón y la política de tierras, que poco tienen que ver con los asentamien­tos urbanos y suburbanos /ING. AGRÓNOMO MBA / PERIODISTA

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El precio promedio se mantiene relativame­nte estable respecto a los años anteriores (3.300 U$s/ha), aunque los operadores informan de un mayor interés por compra de campos tanto de parte de compradore­s extranjero­s como locales. El hecho no sorprende: el aumento de los precios internacio­nales de los alimentos tiende a afirmar el valor de los campos, sí bien también han subido mucho los costos de producción. Al observar la evolución histórica del precio de la tierra, se ve el profundo cambio que ha tenido la economía uruguaya y su sector agropecuar­io.
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