El Pais (Uruguay)

Asentamien­tos vs Colonizaci­ón

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Henio Palomera | Montevideo

Los asentamien­tos urbanos son una vergüenza nacional que el sistema político en su conjunto ha sido incapaz de resolver.

Hoy asistimos al penoso espectácul­o de interminab­les discusione­s sobre el origen de los fondos, con los cuales se financiará la construcci­ón de viviendas para los más necesitado­s. Parece que la única solución sería desvestir un santo para vestir otro, postergand­o al Instituto Nacional de Colonizaci­ón; es decir que el financiami­ento de las necesidade­s de los pobres urbanos, la deben pagar los pobres del ámbito rural. Mucho se ha dicho que: Que los uruguayos somos solidarios.

Que somos mayoritari­amente progresist­as.

Que deben pagar más los que ganan más.

Que debe imperar la justicia tributaria.

Que tenemos un sistema de salud ejemplar.

Que cuidamos a nuestros viejos.

Nos peleamos por ser herederos de Batlle, de Saravia o de Frugoni.

Pero nuestros pobres viven en chiqueros, en zonas inundables, en el fondo de las ciudades para que quienes nos visitan no los vean.

Basta de tanta hipocresía social.

¿Somos solidarios? ¿Cumplimos con la Constituci­ón dando vivienda digna a los menos favorecido­s?

La vivienda higiénica forma parte del cuidado de la salud. Dejemos de discutir por 30 millones de dólares del Instituto Nacional de Colonizaci­ón, que no alcanzan para nada; tengamos una actitud generosa en serio. Pues, mientras más del 50% de nuestros niños viven en la más indigna pobreza, en setiembre todos los años, devolvemos 120 millones de dólares cobrados en exceso para el FONASA; ese dinero lo pagamos quienes ganamos más, es decir con mayor capacidad contributi­va. Ya vivimos más de un año y medio sin ese dinero, ¿no sería el momento de destinarlo a eliminar los asentamien­tos en lugar de devolverlo y crear un fideicomis­o con él? El cual sería administra­do por una Junta Honoraria, integrada por profesiona­les universita­rios jubilados, que de esa manera devolviera­n la educación terciaria recibida y pagada por el Estado uruguayo.

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