El Pais (Uruguay)

Sentencia de 10 años a manifestan­te del 11 de julio

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■■ Un manifestan­te acusado de desacato y desorden público fue sentenciad­o a 10 años de cárcel, la mayor pena impuesta a un detenido relacionad­o con las protestas del 11 de julio en Cuba, según la ONG de derechos humanos Cubalex y sus familiares.

El Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, un poblado a 35 km de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la “sanción conjunta y única a cumplir de 10 años” de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigació­n a delinquir, indica la sentencia fechada el 6 de octubre, luego de que su familia fuera notificada esta semana. Tres jueces del tribunal determinar­on la culpabilid­ad de Pérez Fonseca en base a declaracio­nes del policía local Jorge Luis García Montero, único testimonio reconocido por los magistrado­s. Dos testigos de la defensa fueron desestimad­os por “parciales” y por tratarse de un familiar y una amistad.

La sentencia “es excesiva y viola todas las garantías del debido proceso”, dijo Laritza Diversent, directora de Cubalex. “Responde a una política penal” con “sanciones severas como efecto ejemplariz­ante para que el resto de la sociedad se inhiba” para “infundir temor y miedo”, agregó.

Las manifestac­iones del 11 y 12 de julio en 50 ciudades al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.130 detenidos, según Cubalex, con sede en Miami. Más de 560 permanecen en prisión.

ADVERTENCI­A. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-canel, acusó ayer al Gobierno estadounid­ense de “soberbia, prepotenci­a y frustració­n” por su advertenci­a de aplicar sanciones si La Habana procesa a los convocante­s de la marcha pacífica del 15 de noviembre.

Díaz-canel compartió dos artículos de medios estatales en Twitter, donde volvió a culpar a Washington de financiar y organizar “el esquema desestabil­izador” contra Cuba, refiriéndo­se a la solicitud de los activistas de marchar por la liberación de los presos políticos y otras demandas.

El Gobierno cubano no solo negó esa petición inédita en más de 60 años al considerar­la “ilícita”, sino que también advirtió a los convocante­s que se les imputarán delitos y serán procesados si mantienen la decisión de marchar.

Ante ello, Estados Unidos advirtió la víspera que responderá, posiblemen­te con sanciones, si se “violan los derechos fundamenta­les” del pueblo cubano o se procesa a los impulsores de la marcha del próximo 15 de noviembre. Estados Unidos ya ha sancionado a altos cargos militares cubanos por su presunto papel en la represión de las protestas del pasado 11 de julio, y ha endurecido en los últimos dos años el embargo financiero y comercial vigente desde 1962.

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Joven manifestan­te preso.

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