Inclusión financiera: otra piedra de discordia
■■ Los analistas consultados por El País proyectan que los cambios introducidos por la LUC en la ley de Inclusión Financiera seguirán en pie, dado que el gobierno los ha defendido con firmeza y no se avizora, por el momento, cambio de rumbo, aunque siempre está la puerta abierta si llega a aumentar la presión en esta materia.
“Es una ley que ha generado mucha polémica, pero el gobierno la fundamenta en la realidad del interior del país, donde muchas veces no hay cajeros automáticos accesibles, o directamente no los hay, o donde las transacciones electrónicas aún son poco utilizadas por las personas que no se han actualizado”, afirma Sofía Harguindeguy, gerente de Grant Thornton.
Cabe recordar que la ley original planteaba que el pago del salario debía realizarse obligatoriamente por cuenta bancaria o dinero electrónico, y la LUC lo cambió, pasando esa vía a ser opcional, “sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo”. De todas formas, la ley
Pagos.
de Inclusión Financiera ya no incluía esa obligatoriedad para las localidades del Interior de 5.000 o menos habitantes y para aquellas que no tuvieran puntos de extracción de efectivo cercanos.
Hay quienes sostienen que la modificación establecida en la LUC puede afectar la recaudación del Estado o provocar el aumento a la informalidad en el país, lo que podrá confirmarse —o no— a mediano o largo plazo.
Otro de los grandes cuestionamientos a la reforma de la ley de Inclusión Financiera tiene ver con los montos para permitir pagos en efectivo, dado que al ser cifras elevadas —según afirman sus detractores— aumentaría el riesgo en materia de lucha contra el lavado de activos. El pago de honorarios por servicios profesionales, por ejemplo, puede realizarse en efectivo hasta los US$ 128.800.
Sin duda, este es un tema sobre la mesa que podría reaparecer en los próximos meses, tal como sucedió en el pasado.
Según advierte Harguindeguy, refiriéndose a la operativa del día a día del sistema, las personas que estaban ya cobrando en un banco y pasan a cobrar en efectivo, están identificadas, “mapeadas”, lo que no generaría mayor escape a los controles del Estado; y que, en todo caso, “el problema se genera cuando la ley abarca a gente que ingresa al mercado laboral”.