Calle, adictos e impuestos
Sigue siendo la postal más dolorosa de Montevideo. Y parece que todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento no han dado resultado. Hablo de las personas que viven y duermen en la calle. Son indigentes, mendigos, bichicomes se les decía antes o pichis se les llama de forma despectiva también hoy. En términos políticamente correctos se les denomina personas en situación de calle. Son mayoritariamente hombres de edades que es difícil establecer porque sus rostros y sus físicos muestran los estragos del alcohol y de las drogas. Están en todos los barrios, en calles y avenidas, en las puertas de edificios o en aleros de alguna ochava. Se los ve también en parques y en jardines de casas desocupadas.
Se ha dicho que en su gran mayoría son adictos o personas con trastornos mentales que por sus propias adicciones o enfermedades han roto todos los vínculos con sus familias. Hay también ex convictos. Muchos de ellos se niegan a recibir la ayuda que el Estado proporciona y no aceptan ser trasladados a los refugios. Son el rostro más doloroso de la miseria humana. ¿O acaso puede haber algo peor que vivir en la calle y no querer salir de ella?
Son también, un problema para los vecinos que deben tolerar que sus veredas o las puertas de sus casas sean el baño de estas personas o el depósito de la basura que generan.
El año pasado el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reglamentó una ley (18.817) que data de 2011 y que establece la asistencia obligatoria a las personas en situación de calle, cuya vida esté en riesgo. En su momento el ministro Martín Lema, sostuvo que la reglamentación da garantías para la persona que se encuentra en situación de intemperie y para los equipos que trabajan y coordinan”.
En números redondos, suman cinco mil las plazas que existen en refugios en todo el país. Y de acuerdo al último relevamiento que realizó el Mides en agosto de 2021, son casi mil las personas que viven en la calle solo en la capital. El 76 por ciento de ellas recibe algún tipo de asistencia de la mencionada Secretaría de Estado.
Los esfuerzos hechos hasta el momento no han dado los resultados deseados. Ante la proximidad del invierno, sería bueno comenzar a implementar una política que no solo de cobijo a estos compatriotas en las noches, sino intentar rescatar a los que aún pueden tener posibilidades de recuperación. Quizás suene iluso y tal vez lo sea, pero por qué no intentarlo.
El sábado pasado escribía aquí mismo sobre la falta de impuestos que gravan a la producción, distribución y consumo de la marihuana en nuestro país. ¿Por qué no aplicar sobre esta droga legal los mismos impuestos que gravan al tabaco? Lo recaudado podría destinarse a políticas de recuperación de adictos. Tal vez suene paradójico, pero más contradictorio es mantener exonerados de impuestos a los porros y tener a varios miles de compatriotas adictos viviendo en la calle. Ni hablar de los miles de jóvenes que hoy tienen problemas de drogas y no hay instituciones públicas o privadas que proporcionen la ayuda que ellos y sus familias necesitan.
Todo indica que la pandemia pasó, y las prioridades vuelven a ser las mismas de un par de años atrás. Redoblar esfuerzos para retomar la hoja de ruta trazada en marzo de 2020 resulta imprescindible.
¿Por qué no aplicar sobre esta droga legal los mismos impuestos que gravan al tabaco?