La permanente crispación
La noticia giró sobre si era constitucional o no convocar a una consulta popular sobre una reforma al régimen jubilatorio. Según los expertos, no corresponde convocar a un referéndum cuando se trata de ese tipo de ley y sobre estos temas, por ser iniciativas privativas del Ejecutivo.
El País consultó a dos prestigiosos constitucionalistas, Ruben Correa Freitas y Martín Risso, que expusieron sus argumentos con claridad y citaron los artículos 79 y 86 de la Constitución. Basta leerlos para comprobar que no hay más nada que agregar. Sin embargo, lo asombroso de todo este episodio, no es lo que dice la Constitución ni lo que opinan los expertos, sino que a dirigentes sindicales se les haya ocurrido que podía ser buena idea empezar a juntar firmas para oponerse a una ley que ni siquiera existe.
El vicepresidente del Pit-cnt, José Lorenzo López, al ser consultado por un cronista de El País no rechazó la posibilidad de juntar firmas para una consulta popular: “no lo descarto, pero todavía no está definido, puede ser una instancia más”. Otros dirigentes opinaron igual.
Senador del Partido Nacional
Esto dicho a una semana de terminada una agotadora campaña para un referéndum que arrancó como una iniciativa sindical, pero donde tanto el Pit-cnt como el Frente Amplio no lograron su cometido.
Habría que remontarse a un pasado no tan lejano y recordar que la necesidad de hacer una reforma jubilatoria ya había sido reconocida por el anterior gobierno de Tabaré Vázquez. Su ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo que era imprescindible hacerlo y que esa tarea correspondía al siguiente gobierno, no importaba quien ganara las elecciones. Hasta sugirió hacerlo en el primer año de gestión. Estaba convencido de la urgencia para concretar la reforma aunque no se animó a hacerla durante su gestión. Sabía que una ley de ese tipo podría significarle un alto costo político. Dio el correspondiente consejo pero le pasó la responsabilidad a otros.
El entonces ministro Astori, aseguró que esa reforma de la seguridad social debía incluir “todos los parámetros”. Y agregó: “sin duda, uno de ellos es la edad de retiro y los haberes de retiro”.
Hasta el momento, lo único concreto que hay es un informe realizado por un grupo de expertos en Seguridad Social que sugiere, entre muchas otras cosas, extender la edad jubilatoria de 60 a 65 años. El Frente se desentendió de ese informe porque se opone a algunas recomendaciones y en especial a la extensión de la edad para el retiro. Pese a que exactamente eso mismo sugirió Astori en su momento.
Como sea, no hay más que ese informe.
No hay un borrador de propuesta elaborado por el Poder Ejecutivo. No hay un borrador mejorado a partir de una discusión con los partidos socios de la Coalición Republicana. No hay un proyecto final, hecho a partir de las sugerencias de los socios, enviado por el Gobierno al Poder Legislativo. No hay una discusión sobre ese proyecto, discutido y modificado por cada una de las cámaras hasta aprobar una ley definitiva con o sin votos de la oposición. No hay una ley promulgada por el presidente y por lo tanto en plena vigencia.
No hay nada.
Pero sí, ante esa nada, el movimiento sindical ya se opone y habla de juntar firmas. Otra vez y aunque no sepa de qué se trata. Parece que su única función en esta vida es mantener los ánimos del país crispados. Apuesta a una permanente
“El ‘asado de Luis’ es igual al ‘asado del Pepe’ pero con carne”.
Sergio Botana
La reforma de la seguridad social es impostergable y como bien dijo en su momento Astori, deberá considerar montos y edades de retiro. Negarse a ello es negar la realidad.
crispación social, aunque no haya motivos para que así sea.
La reforma de la seguridad social es impostergable y como bien dijo en su momento Astori, deberá considerar montos y edades de retiro. Negarse a ello es negar la realidad, es querer tapar el sol con un dedo. O, por el contrario, es no desconocer esa realidad pero ante ella asumir con desparpajo e irresponsabilidad, una postura demagógica que le hará mucho daño al país.
Toda reforma jubilatoria merece una discusión serena, adulta y madura. Por un lado, porque para llevarla a cabo requiere muchos recursos que por lógica deberían venir de los aportes de quienes trabajan, pero no siempre es así. Por otro lado, porque tiene directa repercusión en la calidad de vida de quienes tras una vida de trabajo, y habiendo hecho sus aportes, merecen un retorno de ese dinero con criterios de justicia y dignidad.
Por lo tanto, esto no se resuelve crispando el ambiente en forma anticipada, cuando todavía nadie sabe como terminará el proceso. Adelantar la posibilidad de volver a juntar firmas ante una ley inexistente es una manera de embarrar la cancha sin necesidad ni justificación alguna.