“Sobrecarga de trabajo de fiscales es continua”
■■ El fiscal de Corte, Juan Gómez, afirmó ayer que oficialmente no tiene ninguna versión acerca de una eventual disconformidad de la Policía con la actuación de los fiscales en el combate a los hurtos. “Estamos en una relación normal y regular como corresponde entre instituciones que tienen el cometido de brindar seguridad a la población”, dijo Gómez a El País.
De todas formas, señaló el jerarca de la Fiscalía, “ese es un tema (el de la sobrecarga de trabajo en las Fiscalías) que seguiremos pensando, porque no es menor lo que refieren los policías”.
Gómez reconoció que sí “es verdad” la falta de recursos que hoy enfrenta la Fiscalía, y agregó que ese tema lo ha tratado de visibilizar con una pregunta muy sencilla que le ha hecho a personas públicas con las que dialoga oficialmente, o extraoficialmente, a menudo. La pregunta de Gómez es la siguiente: “El Ministerio del Interior tiene 33.000 funcionarios para prevenir y reprimir delincuentes. ¿Usted sabe cuál es el número de recursos administrativos, fiscales y de la unidad de víctimas?”. En general, las respuestas están muy alejadas de la realidad, según explicó el jerarca de la Fiscalía.
“Hay personas que piensan que la Fiscalía tiene 2.000 a 3.000 funcionarios. La cantidad exacta de trabajadores de la Fiscalía está muy lejos de esa cifra. En realidad son 687 funcionarios incluidos fiscales, administrativos y técnicos de la Unidad de Víctimas”, dijo.
Con respecto a la sobrecarga laboral de los fiscales, el jerarca reconoció que esa es una realidad. “Esa sobrecarga es permanente. En los 365 días del año”, dijo el jerarca de la Fiscalía de Corte. Y agregó que, aunque estén agobiados o cansados los fiscales por la cantidad de tareas que deben llevar adelante, estas las cumplen con dedicación y esmero.
“Eso se refleja en el número de personas privadas de libertad (13.900 presos)”, explicó Gómez. Y si a esa cifra se le suma a las personas con prisión domiciliaria y otros tipos de medidas cautelares, la cantidad de condenados alcanza los 20.000.
“Eso habla —concluyó Gómez— de una razonable eficacia del sistema, que engloba policías, fiscales, jueces y defensores. No me pueden decir que el sistema no funciona cuando Uruguay tiene un índice de prisionización de los más altos de Latinoamérica”.