Una persona por hora es privada de libertad en Uruguay
Los reincidentes representan más de la mitad de los nuevos ingresos
En menos de una vuelta entera del minutero de un reloj entra una persona a la cárcel en Uruguay. Ese es el promedio de 2021, según marcan las estadísticas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Las cifra oficiales —a las que accedió El País a través de una solicitud de información pública— muestran que el año pasado fueron privadas de libertad 9.671 personas.
“Es el resultado de más de 20 años acumulados de políticas punitivistas, porque frente a la transgresión y el delito, en Uruguay se fue legislando con más penas como si ello fuera a resolver todos los problemas criminales”, advierte Juan Miguel Petit, que asumió como comisionado parlamentario para las cárceles hace siete años. Y señala que pese al paso del tiempo, no sale de su “asombro por las altas cifras” de privación de libertad que registra el país.
Y eso que la cantidad de nuevos ingresos es solo una parte de la “puerta giratoria” en la que se han transformado las prisiones locales. Desde que asumió la nueva administración —cambio discursivo y agravamiento de penas previstas en la LUC mediante— “la población carcelaria se incrementó en unos 2.400 presos: porque así como entran muchos, también salen otros”, explicó Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Las cifras oficiales a las que accedió El País lo confirman
De cada 100 nuevos presos, 45 caen por primera vez y el resto son reincidentes.
con un agravante: de cada 100 personas que atravesaron esa “puerta giratoria” el año pasado, como la define González, hay 45 que jamás habían estado privadas de libertad y las restantes 55 eran reincidentes.
Pero para el director de Convivencia estas cifras no son una mala noticia: el aumento de presos es el reflejo “del debajo de la Policía que es más eficiente en hacer frente al delito”. Y, en ese sentido, “en la campaña (electoral) el gobierno le planteó a la sociedad que iría por el aumento de penas y la LUC también planteó eso, por lo cual no podemos ir contra lo que nosotros como gobernantes pensamos y planteamos”.
El comisionado parlamentario para las cárceles coincide en que “el sistema policial y judicial uruguayo es muy sólido y eficaz en atrapar al delincuente y juzgarlo, pero es muy débil en la prevención y la rehabilitación de aquellos que cometen los delitos”.
Para explicarlo, Petit elige una analogía: “si un sistema de salud no lo fuera eficaz haciendo cirugías, es probable que no exista la prevención de enfermedades y que todo acabe en un quirófano. En Uruguay se piensa que con más presos se termina el delito, cuando, por el contrario, a veces la cárcel agrava otros delitos”.
En esa misma línea, el doctor en Criminología Nicolás Trajtenberg explica que “la prisión es una solución súper cara para resultados que a veces son peores”. Eso, aclara, no significa que deba estarse contra las cárceles: “tienen que usarse y por supuesto hay una parte ética de pagar por lo hecho, el problema es si esa debería ser la única solución que una sociedad establece: ¿encerrar a todos sin importar la peligrosidad, el daño o su capacidad de rehabilitarse?”.
Australia, por ejemplo, siguió un modelo piramidal en que al delincuente primero se lo persuade, luego se le buscan alternativas a la prisión y recién como último recurso se lo encierra.
González discrepa con parte de ese modelo: “Al comienzo de la administración frenteamplista se intentó una liberación de presos y quedó demostrado que no funcionó. No solo eso: hay que preguntarle a la gente si está de acuerdo con que quede suelto quien le robó la casa “.
PUNITIVIDAD. El año previo a la pandemia, Trajtenberg lideró la primera encuesta sobre puntividad en el país que mostró a una sociedad uruguaya que reclamaba más castigos: más de la mitad de los encuestados estaba de acuerdo en que habría que aumentar las penas para todos los delitos.
El comisionado parlamentario penitenciario entiende que es “natural que si te copan la casa con uno adentro no se piense en la rehabilitación, sino en el castigo”. Pero considera que “los decisores de la política pública no solo tienen que tomar el reflejo natural de la opinión pública, sino ayudar a mirar más allá con la evidencia. El reclamo de más penas es un grito de dolor. Detrás del dolor tiene que estar la terapéutica y no solo cobrar al grito”.
La evidencia más sólida, que
La mayoría de quienes ingresan a la prisión tienen entre 25 y 35 años.
según Trajtenberg “no existe en Uruguay”, muestra que la prisión “no suele reducir la reincidencia”. En todo caso, explica, su justificación está más ligada a que la sociedad decide castigar fuertemente los crímenes y, por tanto, “la tasa de personas presas tiene que verse en relación a qué está pasando con el crimen en una sociedad”.
Para González, sin embargo, el problema no es el aumento de penas, sino las condiciones de vida en las cárceles. “Recibimos un sistema carcelario con gente durmiendo en el piso, con los módulos 10 y 11 del excomcar destruidos y con miles de ratas”, dice. ¿Sigue habiendo ratas? “Sigue, pero sacamos 30 camiones de basura, les dimos a los privados de liberad su colchón y arreglamos las rejas para que no tenga que entrar la Republicana para que los presos entren a sus celdas a punta de munición no letal”.
El año pasado hubo un récord de muertes en cárceles en relación al tamaño de la población. Pese a que la mayoría de los fallecimientos se tipificaron como “por enfermedad o causa natural”, el médico forense Hugo Rodríguez había explicado que “toda muerte bajo custodia puede potencialmente tener una responsabilidad del Estado” dada las condiciones de vida y asistencia.
En ese sentido, los datos oficiales a los que accedió El País revelan que diez de las 17 defunciones por causa “natural” y sin enfermedades previas eran de personas menores de 50 años. Y los médicos se preguntan: ¿cuán natural es la muerte de un joven sin causa?
La población carcelaria es en su mayoría joven. Mucho más en un país en que no existe la cadena perpetua y, en el peor de los escenarios y sin reducción de pena, un preso no puede estar más de 45 años tras las rejas. Pero a diferencia de la discusión política que muchas veces se centra en los jóvenes cercanos a los 18 años, las cifras indican que la mayoría de los ingresos el año pasado eran de jóvenes de entre 25 y 35 años.
González insiste: “el objetivo de este gobierno es mejorar la dignidad de estas personas”.