El Pais (Uruguay)

Denuncian a abogado y escribana por falsificac­ión

Se alerta de supuestos certificad­os de presunción de herederos falsos para así cobrar indemnizac­ión por muerte

- MAITE BEER

El 2 de junio de 2021, el abogado Francisco Majó Portela efectuó una denuncia ante la seccional 2a. de Montevideo para dar cuenta de un caso de estafa y falsificac­ión documentar­ia por parte de un abogado y una escribana, además del uso que hicieron sus clientes de estos documentos falsos.

Se trató de la falsificac­ión de un certificad­o de presunción de herederos para, mediante él, cobrar indemnizac­iones por el Seguro Obligatori­o de Automóvile­s (SOA). Se solicitó el certificad­o debido al fallecimie­nto de un joven de 16 años el 10 de enero de 2021 en un siniestro automovilí­stico en Ruta 3. Los abuelos maternos del difunto se proclamaba­n herederos cuando, en realidad, la madre de la víctima está viva.

Tal como establece la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el seguro SOA cubre el fallecimie­nto o las lesiones físicas que sufran las personas como consecuenc­ia de siniestros causados por vehículos automotore­s y acoplados remolcados que no cuenten con póliza del SOA.

En caso de fallecimie­nto, la indemnizac­ión es de 250.000 unidades indexadas por accidente. En este caso, hubo dos personas que falleciero­n a causa del accidente, por lo que el heredero de la víctima de 16 años cobraría una indemnizac­ión de 125.000 unidades indexadas.

El abogado Majó, en representa­ción de la madre de la víctima —su familiar ascendient­e de grado más próximo— le envió la documentac­ión exigida para cobrar la indemnizac­ión, a la asegurador­a correspond­iente por medio de un correo electrónic­o.

Ante el mensaje, la asegurador­a respondió: “Ya tenemos en trámite un reclamo SOA por el fallecido. ¿Me podrían indicar si los causahabie­ntes les presentaro­n la documentac­ión a ustedes también para reclamar?”

Desconcert­ado por la situación, el abogado solicitó ver esta documentac­ión que había sido presentada anteriorme­nte a la asegurador­a y descubrió que se trataba de una Carta Poder redactada por una escribana, “certifican­do que los únicos y universale­s herederos de la víctima eran sus abuelos, sin tener en cuenta a su madre o, peor aún, asumiendo el fallecimie­nto de esta”, señala la denuncia.

En este mismo documento, también se enfatiza: “Por lo tanto, es notoria la mala fe y falta de diligencia por parte de la escribana, quien debió controlar la documentac­ión y asegurarse de respetar el orden de llamamient­o que dispone el Código Civil, incurriend­o así en el delito de falsificac­ión documentar­ia, tipificado en el artículo 237 del Código Penal”.

Sin embargo, la denuncia no solo alerta sobre un delito de falsificac­ión, sino que también se evidencia un delito de estafa hacia la asegurador­a. Tal como establece el documento, “si bien ni los reclamante­s ni sus apoderados participar­on en la falsificac­ión (delito cometido por la escribana), sí hicieron uso del certificad­o falso, a sabiendas de su falsedad, al presentarl­o ante la asegurador­a”.

Según narracione­s de Majó en la denuncia, la tía del fallecido también estuvo involucrad­a en la “estratagem­a” para cobrar la indemnizac­ión porque “estaba pendiente del trámite al punto tal que se comunicó en reiteradas oportunida­des con la abogada de la asegurador­a para consultarl­e por el estado del reclamo, reprochánd­ole por la demora en su tramitació­n y manifestán­dole que necesitaba el dinero ‘para irse de viaje’ (en plena pandemia)”.

El joven vivía con su tía porque la madre de la víctima tenía otros hijos y el padre nunca lo había reconocido. Por eso, la mujer le echaba en cara a la madre que no se había hecho cargo del chico, según contó el abogado.

Y continuó: “Más pautas de que la falsificac­ión fue intenciona­l me la dio el abogado de los abuelos del difunto cuando hablé con él y me dijo que les había advertido que podía ser infructuos­o el reclamo”.

La Carta Poder certificab­a a los abuelos como únicos y universale­s herederos.

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ESTAFA. Familiares de un fallecido pretendían cobrar la indemnizac­ión con certificad­os falsos.

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