Buscan crear fiscalía especializada en delitos carcelarios
Comisión para reformar el CPP empezó a trabajar
■■ La comisión formada por tres diputados del oficialismo para planear una reforma a fondo del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y la ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación tuvo este martes su primera reunión de trabajo, en la que se planteó un “delineamiento” de los objetivos a abordar en esta iniciativa.
El abanico de cambios al proceso penal que promoverán los legisladores Eduardo Lust (Cabildo Abierto), Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Mario Colman (Partido Nacional) es amplio, y contiene, por ejemplo, la propuesta de crear una fiscalía especializada en cárceles.
Hoy no existen, por lo que son fiscales que, además de perseguir el delito en la sociedad, deben también investigar los crímenes que ocurren dentro de los centros penitenciarios, con la complejidad que tiene el mundo de las cárceles, advirtió Zubía, que fue fiscal penal hasta que renunció en marzo de 2018. “Pero además la cárcel es una fábrica de delitos, en donde se está todo el tiempo maquinando permanentemente los crímenes”, agregó el diputado colorado.
Pero este es solo uno de los temas. Una lista realizada por el diputado Eduardo Lust da cuenta de una veintena de capítulos que buscarán tratar durante el año.
Entre ellos, se encuentra la revisión de los llamados procesos abreviados, una figura jurídica que permite a los fiscales negociar con los defensores de los imputados una reducción de la pena, a cambio de que el indagado confiese su responsabilidad y firme una declaración asumiendo una sentencia. Esta es la opción a la que el sistema recurre mayoritariamente, pues los casos que se resuelven por esta vía siempre oscilaron en el entorno del 90%.
En este sentido, la lista de puntos tiene consideraciones relativas a que “los delitos de lavado de activos no puedan ser objeto de negociación previa”, y que sí o sí deban juzgarse luego de un juicio oral.
También se anotó la necesidad de eliminar las instrucciones generales que reciben los fiscales —y que hoy marcan la política de persecución criminal del Ministerio Público—, además de también revisar el actual rol que tienen los jueces.
LOS QUE CITARÁN. Esta comisión, como adelantó El País días atrás, se trazó un exigente plan de trabajo, que implicará una reunión semanal que se hará todos los martes hasta fin de año, con el objetivo de poder presentar, el año que viene, el articulado del proyecto de ley, y aspirar a la aprobación de la norma en 2024.
Los diputados son conscientes de que enfrentan un asunto complejo —que de hecho llevó muchos años de trabajo la aprobación de la ley vigente.
Los representantes ya han definido algunos de los nombres de los juristas y jerarcas que serán convocados para aportar ideas. Algunos de ellos confirmaron que participarán activamente desde un rol de asesoramiento jurídico. Tal es el caso del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de la República, Gabriel Valentín, quien ya expresó en su cuenta de Twitter que aceptó “con mucha alegría esta honrosa convocatoria”. El docente entiende que toda esta norma debe “reescribirse”, ya que el texto tiene varios “errores”, como vacíos legales o contradicciones.
El actual fiscal de Corte, Juan Gómez, también será recibido por los diputados. Este pretende que las víctimas tengan un lugar más protagónico en los juicios. Y además serán convocados el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, y fiscales que estén en funciones para que aporten desde su experiencia directa, aparte de varios otros académicos, según confiaron a El País distintos legisladores.
“En la cárcel se maquinan crímenes todo el tiempo”, dice Gustavo Zubía.