Libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información
Montevideo
@|
La realización en nuestro país de la celebración del Día de la Libertad de Prensa, organizada por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura) ha significado un evento histórico de relevancia. Pues lo coloca en la mira de los más importantes medios de comunicación del mundo y le brinda además, la oportunidad de recibir participantes de más de ochenta países, así como personalidades de excelente nivel político, diplomático, académico, empresarial y a organizaciones sociales, vinculadas a este tema de relevante actualidad; en un mundo cada vez más interconectado, donde la tecnología digital juega por su lado cada vez más su rol activo, pretendiendo “ordenar la información del mundo” haciéndola por cierto accesible al mayor número de personas.
Desde el año 2013, no se realizaba un evento de estas características en América Latina, por eso es que se le califica de “histórico”. Pero además, en el lapso transcurrido, las tecnologías disponibles tampoco son las mismas que entonces.
Nuestro país tiene una muy rica historia relacionada con la libertad de prensa (baste mencionar el Decreto N° 11 del 17 de Noviembre de 1838, dictado en el Gobierno de Fructuoso Rivera) a la sanción constitucional de normas que protegen ese derecho (Artículos 29 y 72 de la Constitución Nacional), así como normas legales que habilitan el acceso a la información pública (Ley 18.381 de fecha 17 de Octubre de 2008, Decreto Reglamentario 232/2010) y la propia actividad de los periodistas amparándolos en el secreto profesional para la salvaguarda de sus fuentes en el desarrollo de sus tareas profesionales (Ley N° 16.099 de fecha 3 de Noviembre de 1989).
De modo que, en nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, se ha buscado podemos afirmarlo con orgullopreservar ese sagrado derecho a la libertad de prensa, a la libre expresión de opiniones, el acceso a la información pública así como proteger la actividad profesional de los periodistas.
Sin perjuicio de ello, el avance de las tecnologías digitales, así como el manejo de un teléfono móvil para registrar datos, imágenes y sonidos con posibilidad de reproducirlos y trasmitirlos vía Internet ha significado, a la vez, un riesgo en la difusión de noticias falsas o de dudosa confiabilidad de las fuentes que pueden poner en riesgo derechos —que también son dignos de protección— como la honorabilidad, el derecho a la imagen, a la privacidad. Y por ello, debemos estar alertas y esto por no mencionar el uso de estas tecnologías con fines delictivos, los que habrán de ser controlados y perseguidos.
Se impone proteger la labor periodística y su derecho al trabajo, así como la existencia de plataformas de acceso a la información confiable y de calidad, apuntando a combatir la desinformación y fortaleciendo el derecho a la información periodística sobre temas de interés público.
Pretender lograr una “regulación” de los medios de comunicación, supone un gran riesgo del que debemos precavernos; ya que puede llegar a atentarse contra principios democráticos, entre los que se encuentra el derecho a estar informados en forma veraz y objetiva, con la mayor equidad y transparencia, en especial, cuando de información pública se trate. @|
Recientemente se conocieron comentarios del Dr. R. Saldain quien presidiera la Comisión que estudió la situación del Sistema Previsional, incluyendo las Cajas Paraestatales y dentro de ellas la Caja Bancaria.
De sus expresiones surge que “el salvataje que implicó la reforma del organismo en 2008, se agotó” y “que se quedaría sin financiamiento en entre cuatro y cinco años”; concepto que no contó con el respaldo de Aebu.
Al respecto cabe anotar algunos aspectos relacionados con el tema.
En el quinquenio 2017-2021 la Caja Bancaria registró sucesivos y crecientes resultados negativos que en ese período totalizaron $ 7.569 millones equivalentes a US$ 198 millones.
La situación hasta 2020 venía registrando un mayor crecimiento de los egresos frente a los ingresos y el deterioro de la relación activos/pasivos que pasó de 51% - 49% en 2020 a
RINCÓN DE JUEGOS 49% - 51% en 2021. El 2021 hizo detonar la situación por el leve pero sostenido crecimiento del número de pasivos, la baja de los afiliados activos, el efecto de la pandemia y el incendio que afectó un amplio sector de la forestación.
La consigna debería ser “a la Caja la salvamos entre todos”, para lo cual podrían aplicarse las siguientes modificaciones.
a) Que todas las pasividades (jubilados y pensionistas) se congelen solamente por el año 2023 y por lo tanto no se vean incrementadas en el porcentaje que le corresponda.
b) Que los pasivos ingresados a partir de enero de 2009, excluidos del aporte creado por los Arts. 31 y 32 de la Ley 18.396, contribuyan con el 50% de la escala prevista en el mencionado Art. 32, teniendo en cuenta que su pasividad fue generada a partir de una menor tasa de reemplazo. Del total de jubilados el 55% no aportan el impuesto. Se desconoce cuál es el porcentaje de pensionistas que no aportan, estimándose que es alrededor del 66%. Naturalmente ambos porcentajes vienen creciendo, porque desciende el porcentaje de los que aportan.
c) Que los afiliados activos de las Instituciones anteriores a enero de 2009 que aportan 17,50% en forma ininterrumpida desde abril de 1990 y los funcionarios de la Caja Bancaria, tributen a la Caja en la misma escala prevista en el Art. 32 de la Ley 18.396. Los afiliados activos de las otras Instituciones aportan 15% por lo que les correspondería ese aporte en la proporción respectiva.
Escapa a este análisis, por obvias razones, el impacto de estas propuestas en las finanzas de la Caja, pero frente al incierto futuro que se enfrenta, el esfuerzo de todos los actores es imprescindible, teniendo en cuenta que tanto las Instituciones Financieras (Arts. 26, 27 y 28), como el Estado (Art. 34) han venido contribuyendo en forma sostenida.
Complementariamente cabe agregar que en cumplimiento de los Arts. 31 y 32 de la Ley 18.396, en el quinquenio bajo análisis, los pasivos aportaron un total de $ 8.324 millones, gravamen que ante la actual situación y el incierto futuro seguirá vigente más allá del quinquenio 2058/2063 que la Caja previó como su final, en el análisis de meses atrás relacionado con la antes mencionada evaluación de la situación del Sistema Previsional.