Justicia salarial

Montevideo

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En el acto del 1º de Mayo el Pit-cnt pide, entre otras cosas, aumento salarial para todos los trabajadores del país. Seguramente que este gobierno, como cualquier otro, si tuviese los medios necesarios lo haría. Pero Uruguay no tiene petróleo, ni minas de materiales preciosos que pudieran darle la holgura económica que necesitaría para satisfacer estas demandas.

La propuesta del Pit-cnt se presentó ante el Presidente, quien prometió su estudio y rápida respuesta a sus requerimientos.

Sin embargo, en un juego de ficción, si el país estuviese hoy en condiciones de otorgar aumentos, no debería quizás realizarlo indiscriminadamente, sino en un orden selectivo. Tal vez habría que privilegiar algunas ramas laborales como Salud y Seguridad.

Nadie puede negar la abnegada labor de los trabajadores de la Salud, merecedores de ocupar un orden prioritario. Y la Policía, arriesgando su vida en su trabajo diario que a veces no tiene horarios y aun en su descanso corren riesgos ante la posibilidad de ser agredidos para quitarles una pistola o un chaleco protector. Asimismo, el gobierno de turno debería atender los bolsones de pobreza con más de 200.000 personas viviendo en asentamientos, seguramente por no tener un trabajo estable.

Pero esto sucedería en una ficción, porque nuestro país tiene recursos limitados y un problema difícil de solucionar, acuciante, creado por la política durante largos años de democracia. Y hoy, ante la realidad, nadie se atreve a plantear alguna solución: el costo del Estado; mórbido, sobrecargado a través de diversos gobiernos que han colocado en Entes y organismos del Estado a sus adherentes, amigos o parientes. Y esos empleados, en parte excedentes o ineficientes, están atornillados por beneficios de todo tipo, otorgados por los políticos en su inocultable ambición de lograr o mantener votos, solventados a costa del empresario y el trabajador independiente.

El actual gobierno traía en sus planes de trabajo intentar solucionarlo.

Sincerémonos con la verdad sin ocultar los hechos que rompen los ojos y breguemos para que vengan otros aires de convivencia para solucionar este tema: darle respuesta al Pit-cnt y aplicar una estricta justicia salarial.

Deberá sobrevenir una clase política que, sin importar nada más que el país y sus ciudadanos, dejando de lado ambiciones o ideologías, dialogue y realice en conjunto los cambios que Uruguay precisa para ser un país más justo, más equitativo, más equilibrado. @|

Viendo los justos reclamos que jubilados y pensionistas están efectuando por aumentos de sus haberes, en mi calidad de jubilado propongo la siguiente solución:

Si se deroga ese injusto e inconstitucional impuesto llamado IASS (Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social), creado con la excusa de aumentar con su producido las bajas jubilaciones y pensiones, lo cual fue mentira, automáticamente quedarían aumentadas las jubilaciones y pensiones que lo soportan.

Y además de hacerse justicia y no quitarle a esas personas, entre las que me incluyo, parte importante de sus merecidos ingresos; se podría aumentar de inmediato a todas las demás que, por ser bajas no lo pagan, y así el B.P.S. tendría más recursos para cubrir dichos aumentos.

Por otro lado, se cumpliría con lo prometido por el señor presidente Lacalle Pou, que en su campaña electoral prometió derogar ese injusto impuesto.

RINCÓN DE JUEGOS | se “adjudicó a Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP)”. Esta tal licitación no existió porque en ese año se promulgó la ley N° 17.243 que habilitó se concediera esa terminal a través de una subasta pública que se llevó a cabo en el año 2001 y que tuvo como mejor postor a la citada empresa.

c.- Es correcto que el Dr. Augusto Durán Martínez participó en la redacción de la Ley de Puertos pero no fue el único. Personalmente estimo que esta ley, que fue de una enorme trascendencia en la gestión, que como Presidente de la República le cupo al Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera y significó uno de sus más importantes logros, tuvo en el Dr. Ignacio de Posadas Montero uno de sus más brillantes gestores.

El Dr. Posadas Montero asumió la responsabilidad de solucionar la situación caótica en que estaba inmerso el puerto de Montevideo y lo hizo consultando a múltiples especialistas, a operadores y a muchos de los que estábamos vinculados al quehacer portuario, al Centro de Navegación, a la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, a la Liga Marítima e incluso a consultores extranjeros. También recurrió al Dr. Durán Martínez y a especialistas de su partido como el ingeniero Eduardo Álvarez Massa y el capitán de Navío Juan Fernández Parés. La Ley N° 16.246 tomó muy en cuenta a los trabajadores portuarios y son múltiples las disposiciones que contiene en las que se contempló la situación de los mismos.

En cuanto al espíritu de esta ley, lo indicó enfáticamente el propio Dr. Durán Martínez que expresó, que “el nuevo régimen jurídico implica un retorno a la libertad. Tanto que consagra el principio de la libre competencia e incluso se establece expresamente que el uso de los muelles y de las grúas estatales, en ningún caso podrá constituir un monopolio de hecho en manos de agentes privados” (Actividad Portuaria, Rev. Uruguaya de Derecho Constitucional y Política, serie Congresos y Conferencias, Montevideo 1993, No.9, p. 76).

La Ley de Puertos de 1992, no fue el fruto de un acuerdo surgido de la intimidad de los gabinetes, por el contrario, fue el resultado de la consulta a la comunidad portuaria y a múltiples especialistas, contemplando la situación de los trabajadores e inspirada en el principio de la libertad de competencia.