Lula profundiza purga de militares
■■ El gobierno de Brasil despidió a 13 militares que integraban el gabinete de seguridad de la Presidencia, profundizando la reforma ordenada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en el Ejecutivo tras la asonada provocada por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, el pasado 8 de enero en Brasilia.
El anuncio fue publicado en el Diario Oficial ayer miércoles, un día después de que otros 40 militares fueran también apartados de sus funciones en la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada, en la capital.
Los cambios ocurren una semana después de que Lula manifestara su desconfianza sobre algunos militares que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.
La reforma en el entorno más cercano de Lula tiene lugar en momentos en que avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la Presidencia (Palacio de Planalto), el Congreso y la Corte Suprema.
El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), inició ayer el análisis de 1.459 actas de audiencias de custodia de detenidos por participar en los atentados del 8 de enero. A la fecha ya ha dictado sentencia en 200 casos: 140 detenciones en flagrancia fueron convertidas en preventivas, y 60 sospechosos fueron liberados, con la aplicación de medidas cautelares.
Según la oficina del magistrado, la expectativa es que todos los casos sean revisados para mañana viernes. Los análisis comienzan a salir un día después de que el fiscal general de la República, Augusto Aras, dijera que estima presentar hasta 200 denuncias contra los implicados en los hechos en 15 días.
Sobre los 60 sospechosos que fueron liberados, Moraes consideró que hasta el momento no hay indicios de que hayan cometido actos de violencia, invasión de inmuebles o depredación de inmuebles.
En estos casos se adoptaron una serie de medidas cautelares. También se les prohibió salir del país, utilizar las redes sociales y comunicarse con los demás sospechosos, entre otras determinaciones.
En el caso de quienes serán detenidos preventivamente, Moraes consideró que hay indicios de actos terroristas, asociación delictuosa, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, amenaza, persecución o incitación al delito.