Se encadenó en la sede de la UE, les reclama US$ 400.000
Trabajó ahí 21 años, pide pago de licencias, aguinaldos y ajustes de salario
Evelina Rodríguez, de 54 años, está encadenada a las rejas de la delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay desde el pasado miércoles. La mujer dijo a El País que trabajó en la sede diplomática durante 21 años, hasta que su contrato fue rescindido en 2019. “Pienso seguir (encadenada) hasta que este caso tenga solución”, afirmó Evelina tal como informó Montevideo Portal el miércoles.
La mujer destacó en reiteradas oportunidades que siempre tuvo un buen relacionamiento con las autoridades de la delegación diplomática e incluso contó con informes a su favor que mostraban buenas recomendaciones de los jerarcas con los que trabajó, pero a pesar de ello con el cambio de la delegación en 2019 fue notificada de que se iba a prescindir de sus servicios.
Ahora, reclama que la Unión Europea cumpla con un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que obliga al organismo a pagarle a la exfuncionaria unos US$ 400.000 por licencias, aguinaldos, despido y ajustes salariales impagos, según explicó a El País Elbio Palladino, quien fuera su abogado, ya que actualmente su hijo continúa con el caso.
Palladino indicó a El País que cuando la mujer comenzó a trabajar para la Unión Europea se le impuso que tenía que crear una empresa unipersonal y facturar por los servicios prestados. Inicialmente, realizaba tareas de limpieza pero con el correr del tiempo y por ser una mujer “muy capaz” se le agregaron tareas y terminó realizando actividades de apoyo logístico, como organización de eventos, algo que continuó haciendo hasta el 2019 cuando se resolvió cesar con el vínculo laboral.
Palladino explicó que la mujer facturó al organismo internacional de manera continua durante 20 años por sus servicios y que su contrato se renovaba anualmente. Agregó que si bien no hay una norma que lo establezca, pasado un tiempo “razonable” de facturar por un servicio a una sola empresa queda demostrada automáticamente la dependencia laboral del trabajador.
Destacó además que la relación laboral que se pretende desconocer queda de manifiesto si se analiza que en los últimos contratos de Evelina con la UE se estableció que por determinados motivos debía realizar horas extra. “Nadie le pide a una unipersonal eso, se lo pide a un trabajador”, destacó el abogado.
Para intentar encontrarle una solución a este problema, recorrieron varios caminos. Acudieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La cartera le notificó a la misión diplomática de la UE que debía regularizar la deuda, pero no obtuvo ninguna respuesta. Un juzgado letrado de Primera Instancia emitió una sentencia en la cual intimó a la UE a indemnizar a la trabajadora por unos US$ 400.000.
Palladino explicó que la cifra asciende a ese monto debido a que no solo debe ser indemnizada por los rubros “de estilo” como son licencia, aguinaldo y despido, sino que también existe una diferencia de salario.
En ese sentido, explicó que la UE tiene una serie de convenios que se aplican a todo el personal, ya sea diplomático o nacional contratado. En el caso de Evelina, durante los años que trabajó solamente percibió ajustes de salario por IPC, sostuvo.
Por último, el abogado explicó a El País, que también se recurrió al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se comunicaron con la UE para generar un ámbito de diálogo. El organismo internacional se dio por notificado pero “nunca dio un paso más”.
Palladino remarcó que “entiende” la situación de Evelina y también la medida que tomó desde el pasado miércoles, dado que “no hay a nivel judicial ni administrativo más nada que hacer”.
Y agregó que las misiones diplomáticas tienen “inmunidad” por lo que no se puede proceder igual que cuando se da una situación similar entre un trabajador y el dueño de una empresa, donde se puede llegar a embargar los bienes para ser rematados y con ese dinero se paga al trabajador lo adeudado.