Castillo Morató: cruces por obra de UTE en la estancia
Diferencias sobre dónde debería ir el trazado de la obra
■■ Al este de Paysandú se encuentra el Castillo Morató, una estancia que perteneció al primer presidente constitucional de la República, Fructuoso Rivera, y, además, sus orígenes se remontan al siglo XVII. El lugar —incluidas las 3.175 hectáreas a su alrededor— se declaró monumento histórico nacional en febrero del año pasado. Pero la decisión del Estado, a través de UTE, de colocar torres de alta tensión en el predio llevó a que sus actuales dueños reclamen a las autoridades en reiteradas oportunidades para frenar la obra. Por otra parte, desde la Comisión de Patrimonio explicaron a El País que esta construcción no afecta a un nivel como para que se cambie el trazado.
Uno de los integrantes de la familia, Alfredo Morató, dijo a El País que desde un primer momento se alertó a las autoridades que la obra iba a atravesar el predio y se las invitó para que vieran con mayor claridad por dónde era el trazado. El argumento principal de por qué no deberían ir allí es que es un monumento histórico nacional.
Además, aclaró que el interés desde su lado es por el lugar en sí: “Nosotros somos propietarios en forma provisoria. Uno nace y muere y las familias van cambiando. No siempre fue nuestro. Fue de Rivera cuando era presidente y también de los jesuitas. Y dentro de 10 o 20 años puede ser de otra familia. Pero el patrimonio es único”.
En una carta abierta, apuntan contra el gobierno y un organismo internacional: “El Estado no solo no está salvaguardando su patrimonio sino que por inacción del Ministerio de Ambiente, negligencia del Ministerio de Educación y Cultura y con la indiferencia del Bid-invest, hoy lo están poniendo en grave peligro”.
Y es que, además de las autoridades uruguayas, los Morató recurrieron al Banco Interamericano de Desarrollo, quien financia la obra de UTE. Alfredo Morató contó que una arqueóloga contratada por el organismo determinó que “hay que tener ciertos cuidados” en las obras que se realizan. Y, según relató a El País, “no se están cumpliendo” tampoco con las normas que “regulan la explotación de asentamientos indígenas, ni la ley de patrimonio, ni la Constitución”, siendo lo último lo “más grave”.
Por otra parte, el director general de la Comisión de Patrimonio, William Rey, explicó a El País que las obras de UTE no tienen un impacto sobre el patrimonio en el lugar. Además, contó que hay “espacio del país con una calificación y una protección muchísimo más grande” donde hay “líneas de alta tensión”, como lo hay en muchas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
También señaló que la presencia de este tipo de torres “son una imagen frecuente en el campo uruguayo”. En ese sentido, opinó que “no es algo que distorsiona” y, además, “no afecta el eje fundamental de la declaratoria”, que es el casco.
Rey marcó que la resolución de la declaratoria hace énfasis en el casco de la estancia. Pero, en referencia a los “importantes cercos de piedra, de una antigüedad anterior al siglo XIX, (se) establece la necesidad futura de un trabajo de investigación”.
A su vez, marcó que las obras implican “excavaciones muy puntuales” en el suelo. En ese sentido, entiende que “hay una desproporción del planteo que es inaudito”.
Uno de los reclamos de la carta abierta de los Morató es que pidieron a la Comisión de Patrimonio que “se designe conforme dispone el decreto 536/72 un delegado en la obra que diariamente controle que no se causen daños al patrimonio arqueológico de la nación”.
Ante esto, Rey dijo que el procedimiento no se realiza de esa manera y que, si así fuera, necesitaría tener un “equipo de 150 arqueólogos”. Además, contó que en lo que afecta la comisión ya hay una arqueóloga designada al monumento histórico nacional.
Por otra parte, contó que cuando se realizó la declaratoria se les explicó a los propietarios que la resolución no iba a significar que UTE dejara de construir las torres en el predio.