Gobierno argentino cuestionará al Poder Judicial ante la ONU
Apuntan contra procesos durante el gobierno de Macri
El documento habla de mensajes de odio, “lawfare” y el atentado a Cristina.
■■
El gobierno argentino presentará mañana lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe que incluye fuertes dardos, sobre todo, hacia el Poder Judicial en la Argentina, pero también dirigidos a la oposición y los medios.
El contenido de ese documento, que habla sobre los mensajes de odio, el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el lawfare, generó un fuerte mensaje de repudio por parte de Juntos por el Cambio, cuya Mesa Nacional emitió un comunicado en la mañana de ayer en el que aseguraron que el Ejecutivo pretende “justificar ante la comunidad internacional la embestida en contra de la Justicia independiente”.
En un apartado titulado “Cuestiones emergentes: principales desafíos”, este documento elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, hace un “llamado de atención” a la ONU por los “discursos del odio” y sus implicancias para la convivencia democrática.
“Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, introduce el texto, que indica que este tipo de mensajes se advierten “de modo creciente” en “diversos espacios políticos, medios masivos de comunicación y redes sociales”.
“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare —impulsada
por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático— constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, señala el documento.
Dice también que las causas penales se impulsan “únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares”, y que se “mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”, en un claro pasaje dirigido a la administración de Mauricio Macri.
Hacen referencia también a un comunicado de la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, que a través de una comunicación de 2019 advirtió que en el período de gobierno 2015-2019 “se pusieron en crisis garantías constitucionales, en especial de aquellos políticos que eran considerados opositores a aquel gobierno”, algo que, de acuerdo al informe, lesionó el sistema institucional y la democracia republicana.
En su carta de repudio, Juntos por el Cambio le dice a la ONU que es “absolutamente falso” que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa durante la gestión de Macri, al alegar que intervinieron en esos procesos todas las instancias judiciales: dos de juzgamiento, dos de apelación y, en varios casos —según sostienen—, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde la Coalición Cívica (CC) expresaron también rechazo al documento del Ejecutivo.