Caso para la historia
Por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos ha sido acusado de cargos penales. Vale la pena hacer una pausa para repetir eso: por primera vez en la historia un presidente estadounidense ha sido acusado de un delito.
Han ocurrido tantas cosas impensables desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016, se han cruzado tantas líneas inviolables, tantos eventos inimaginables han conmocionado al mundo, que es fácil perder de vista cuán asombroso es este momento en particular.
A pesar de todo el enfoque en los detalles desagradables del caso y su impacto político, la mayor noticia es que Estados Unidos incursiona en un camino que nunca antes había recorrido, uno lleno de profundas consecuencias para el estado de la democracia más antigua del mundo. Durante más de dos siglos, los presidentes han estado en un pedestal —incluso los que han sido afectados por los escándalos— mientras estaban en el cargo han tenido inmunidad para ser enjuiciados y, de hecho, lo mismo ha pasado cuando abandonan la presidencia.
Pero eso acaba de cambiar. Ese tabú se ha roto. Se ha sentado un nuevo precedente. ¿Desgarrará al país, como temían algunos sobre la posibilidad de enjuiciar a un expresidente después de Watergate? ¿Será visto por muchos, en el país y en el extranjero, como la justicia del vencedor que se aplica en los países en desarrollo cuando los líderes anteriores son encarcelados por sus sucesores? ¿O se convertirá en un momento de la verdad, una señal de que incluso alguien que fue la persona más poderosa del planeta no está por encima de la ley?
El hecho de que la acusación, sin precedentes, implique algo tan indecoroso como pagar dinero para ocultar un encuentro sexual ha generado consternación. Como el acusado ha estado involucrado en eventos mucho más trascendentales, como tratar de anular una elección e inspirar un ataque contra el Capitolio para evitar la transferencia del poder, las acusaciones de los fiscales de Manhattan parecen menos trascendentes.
Pero, si el tema es la rendición de cuentas, este caso podría volver a trazar las líneas y hacer que sea menos intimidante para los fiscales en Georgia y Washington formular acusaciones de delitos más graves si tienen evidencias, ya que no tendrán que lidiar con la carga de tener que justificar una acción que nunca se había hecho. Quizá el único presidente que ha enfrentado dos juicios políticos en el Congreso tendrá que lidiar con tantas acusaciones que los abogados necesitarán una tarjeta de puntuación para llevar la cuenta de los procesos legales.
Si bien la acusación de Trump lleva a Estados Unidos hacia aguas desconocidas, es posible que los autores de la Constitución estén sorprendidos de que tomó tanto tiempo. La política del Departamento de Justicia sostiene que los presidentes en funciones no pueden ser acusados, pero los redactores de la Carta Magna contemplaron explícitamente la posibilidad de que sean acusados después de dejar el cargo.
Un presidente acusado por la Cámara y condenado y destituido de su cargo por el Senado “será, no obstante, responsable y sujeto a acusación, audiencias, juicio y castigo, de conformidad con la ley”, dice el Artículo I, Sección 3 de la Constitución.
“En general, consideramos que ese lenguaje sugiere que, pase lo que pase con respecto a un juicio político mientras un presidente está en el cargo, aún puede ser responsable civil o penalmente después de que deje el cargo por su mala conducta durante su gestión”, dijo Michael J. Gerhardt, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Carolina del Norte. En otras palabras, ningún expresidente estaba exento de responsabilidad penal. “Los redactores se habrían horrorizado ante la posibilidad de que un presidente estuviera por encima de la ley mientras estaba en el cargo o después de dejarlo”, dijo Gerhardt.
Los aliados de Trump calificaron el caso de Manhattan como político incluso antes de cualquier acusación y sin esperar a revisar la evidencia real. Lo que sea que Alvin L. Bragg, el fiscal de distrito, presentó fue irrelevante: para defender al presidente más reciente de su partido y al posible próximo candidato, declararon preventivamente que la acusación era ilegítima porque fue presentada por un demócrata.
Encarcelar a exlíderes por cargos engañosos y políticamente motivados puede ser común en las autocracias del mundo, pero algunas de las democracias más avanzadas no han rehuido en llevar a sus líderes a juicio por delitos. Ha ocurrido, entre otros países, en Israel, Italia y Francia.
En Estados Unidos, Watergate, Irán-contra y Whitewater nunca pusieron a un presidente en el banquillo. El único presidente en funciones que vio el interior de una Seccional de policía como acusado fue Ulysses S. Grant, quien fue detenido por conducir a alta velocidad por las calles de Washington en su carruaje tirado por caballos. Pagó 20 dólares y siguió su camino.
(*) Corresponsal Jefe de The New York Times en la Casa Blanca.