Más sobre la coalición
En nuestra última nota dijimos que “El Presidente de la República acordó cambios en temas fundamentales de la futura ley de jubilaciones y pensiones, sin la adecuada información a sus respectivos integrantes.” Tales los datos con los que contábamos (nosotros y el resto de los uruguayos), en ese momento. Posteriormente fue publicado que tales modificaciones, acordadas con Cabildo Abierto contaban con la aquiescencia de los Dres. Pablo Mieres y Julio María Sanguinetti. El primero con la ratificación y acuerdo de su partido. En relación al segundo, ignoramos a quien comunicó su intervención. Lo que sí se conoció fue que el Partido Colorado expresó ignorancia respecto a lo consensuado, en tanto, sostuvo, no participó en su concreción. Como consecuencia, propuso agregar tres nuevas alteraciones al proyecto.
Se trata de un desencuentro que seguramente será superado —no hubo, como expresé en mi nota original, omisiones por parte del presidente quien, siguiendo con su práctica habitual, informó y dialogó con representantes de todos los integrantes de la coalición— pero que aún así demuestra las dificultades de un acuerdo político imperfectamente conformado. Aún cuando, siendo honestos, tampoco resulta seguro que una coalición más clásica, sin la presencia del primer mandatario como coordinador y amortiguador, hubiera funcionado adecuadamente. Es amplia la diferencia ideológica entre el centro izquierda del PI y de una parte de los colorados, de orientación social-demócrata, con la clara derecha de Cabildo Abierto. Un fenómeno que sin perjuicio de similitudes, no es igual al del Frente Amplio, donde si bien la distancia entre el MPP-PCU y los sectores reformistas como el seregnismo es también notoria, la misma se ha visto atenuada por el declive del marxismo clásico así como por una práctica común, basada en la santificación de la unidad, con más de medio siglo de vigencia y tres quinquenios de gobierno.
Más allá de estas diferencias a la coalición republicana le restan tareas fundamentales. En primer lugar aprobar esta reforma jubilatoria y simultáneamente profundizar e implementar los cambios en la enseñanza. Dos compromisos insoslayables que la República requiere y que la oposición, tanto la gremial como la política, busca a cualquier costo, no aprobar. A sus impugnadores nada les importa que la educación haya retrocedido a niveles que nos colocan en los peores lugares del continente. No pueden permitirse ceder posiciones.
Lo demuestra el barullo generado por una rampa (necesaria para acceder al local del IAVA), que exige cambiar de lugar el cubículo gremial. Un conflicto que revela como los sindicatos, valiéndose de nimiedades, pretenden bloquear indirectamente el proyecto de reforma, creando conflictos laterales que impidan abocarse a lo esencial. Algo similar a lo que ocurre con el director del Instituto, al que apoyan irracionalmente, con paros y ocupaciones, pese a la reiterada negativa del funcionario a respetar el orden jerárquico, desconociendo a las autoridades regularmente designadas. De permitirse tamaños desplantes, contrarios a la legalidad, se seguirá erosionando la institucionalidad del país, que se pretende, sea cogobernado por la maquinaria sindical. Una sustitución que no puede admitirse.
Es amplia la diferencia ideológica entre el centro izquierda del PI y la derecha de Cabildo.